Entre la demagogia y el facilismo: sobre la (in)seguridad ciudadana en Trujillo

En las últimas décadas, la inseguridad en el Perú se ha erigido como una de nuestras principales preocupaciones ciudadanas. Si bien el desasosiego causado por la delincuencia ha sido menor debido a la crisis sanitaria —sobre todo cuando se dispuso la inmovilización social—, desde el año pasado se observañ un ligero crecimiento de la percepción de inseguridad: entre julio y diciembre de 2021, el 84,6% de la población urbana percibía que en los próximos doce meses podría ser víctima de algún delito, superior al 82.9% presentado durante el mismo semestre del año anterior (INEI, 2022).

Esta sensación de alta inseguridad ha configurado un escenario propicio para que se impulsen acciones que, en apariencia, buscan reducir el crimen, pero que más bien serían medidas poco efectivas y con nula justificación técnica. En particular, la fallida deportación de ciudadanos venezolanos, la declaración del estado de emergencia o la aprobación del proyecto que prohíbe a dos personas viajar en una misma moto lineal, son solo algunos de tantos desaciertos que ha promovido el Ejecutivo; los dos últimos, hasta hace una semana, exclusivamente en Lima y Callao.

Lo curioso es que, la promoción de iniciativas como las mencionadas ha generado eco en otros niveles de gobierno, principalmente municipalidades, lo que alienta el efectismo y socava cualquier intento por implementar políticas basadas en evidencia. Esto es lo que viene ocurriendo en Trujillo [1], en donde por insistencia de su alcalde, se ha declarado en estado de emergencia a la provincia, junto a otras cuatro del departamento de La Libertad. Por si fuera poco, la misma autoridad edil apoya e impulsa una campaña de recolección de firmas para “expulsar a malos extranjeros” [2]. Entonces, se estaría buscando replicar y fomentar medidas ineficientes y sin fundamento: finalmente, es más fácil apelar a la demagogia, que esforzarse por entender integralmente el problema.

Lo pasado, pasado

Trujillo tiene una reputación ganada como una de las ciudades más peligrosas del país: la asociamos con la violencia juvenil y modalidades innovadoras de delinquir como la extorsión o el sicariato. No obstante, pese a que posiblemente esta idea siga arraigada en nuestro imaginario, lo cierto es que la violencia y el crimen se han reducido sostenidamente en los últimos años. Respecto a lo primero, los homicidios en 2013 ascendían a 25 por cada 100 mil habitantes, siendo la segunda ciudad con más víctimas en aquel momento; pero, el mismo indicador fue de 14,5 en 2018, con lo cual Trujillo dejó de ubicarse entre las cinco ciudades con mayores tasas de homicidio.

Con relación a la victimización, la tendencia también es decreciente. En 2011, la mitad de la población de Trujillo fue víctima de algún delito, pero desde hace cinco años el porcentaje de víctimas no supera el 30% y, de hecho, en el último semestre de 2021 la victimización ascendía a 23,8% (INEI, 2022). La cantidad de víctimas de delitos ha disminuido un 19,1% entre 2010 y 2020, una cifra nada desdeñable, pero paradójicamente, la percepción de inseguridad sigue siendo muy elevada (ver Gráfico 1), inclusive superior a la de ciudades con mayores tasas de victimización.

Por otro lado, el pedido de estado de emergencia sustentado por la Macrorregión Policial La Libertad, señala en uno de sus informes el “incremento de delitos”, siendo los más relevantes aquellos contra la vida, el cuerpo y la salud, y los delitos contra el patrimonio. Esta sería una verdad a medias, porque según información de la misma PNP (2022), si bien en La Libertad las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud habrían aumentado en 2021 respecto al 2019, aquellas contra el patrimonio disminuyeron en un 26%. Además, ese aumento en las denuncias por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud estaría siendo explicado principalmente por un incremento de un 30,9% de las denuncias por lesiones, lo cual no amerita un estado de emergencia tan urgentemente.

¿Qué hacer?

Aun cuando no necesariamente exista una ola delincuencial tal y como se pinta en los medios o como nos lo imaginamos, el crimen en Trujillo no deja de ser un grave problema. En realidad, ya no es un fenómeno que afecta solo a esta ciudad, sino también a otras provincias de La Libertad como Virú o Paiján, en dónde recientemente se ha incrementado la inseguridad en contraste con Trujillo. Sin embargo, el estado de emergencia y otras medidas pomposas, que más bien recurren a la suspensión de nuestros derechos civiles, están lejos de ser la solución a la delincuencia.

En la actualidad se comprenden mucho mejor las dinámicas del crimen, gracias a un creciente cuerpo de investigación sobre la militarización en las tareas de provisión de seguridad sabemos que esta es ineficaz en el mejor de los casos y contraproducente en el peor de ellos (Flores-Macías & Zarkin, 2021). Para muestra, un botón: una reciente investigación en donde se evalúa la presencia de patrullas militares en las calles para reducir el crimen en Colombia, sugiere que no disminuyeron los robos, las ventas ilegales de drogas y los asesinatos; en cambio, se incrementaron los abusos contra los derechos humanos por parte de los soldados (Blair & Weintraub, 2021).

Otro punto son las propuestas basadas en prejuicios hacia la población extranjera, a la cual se le atribuye el supuesto incremento de hechos delictivos. Previsiblemente, en Trujillo ha calado esta falsa narrativa desarrollada desde los medios y el gobierno central, e inclusive el mismo alcalde instrumentaliza políticamente a los migrantes. Una vez más se estaría ignorando la evidencia: estudios recientes en países de la región (incluyendo el nuestro) concluyen que la presencia de migrantes venezolanos no ha generado un aumento significativo del crimen o de la violencia (Bahar et al., 2020; Mora, 2021; Castro & Mejía, 2020).

Los costos que genera el crimen son inmensos, por lo que medidas como las que se pretenden implementar o ya se implementaron, no deben tomarse a la ligera. Por el contrario, tanto la municipalidad como el gobierno regional podrían comprometerse en seguir una agenda donde prime la evidencia rigurosa en seguridad ciudadana, alineada a las particularidades de la ciudad. Un primer paso podría ser la recuperación de espacios públicos, como el mejoramiento de parques en desuso o enrejados; un segundo paso consistiría en fortalecer los vínculos sociales en las urbanizaciones; y en un tercer momento se debería llevar a cabo programas dirigidos a poblaciones con conductas de riesgo.

Posiblemente hoy pueda parecer un poco tarde para que los gobiernos locales se guíen por la información y la evidencia al generar políticas públicas de seguridad ciudadana, pero las siguientes gestiones deben al menos esforzarse en repensar el valor de estrategias que tienen un enorme potencial para prevenir el crimen y reconocer que su rol es esencial en este proceso. Por ahora, solo queda conformarnos con esperar a que el estado de emergencia en Trujillo, a diferencia de Lima y Callao, no sea pan de cada 45 días.

Notas

[1]: En términos de delimitación política y administrativa, Trujillo es una provincia, pero el INEI considera como ciudad de Trujillo a la población urbana de los distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, Laredo, Moche y Víctor Larco Herrera. En este artículo se emplean indistintamente ambos términos, debido a que no habría una diferencia mayor en términos de población.

[2] Ver nota: https://www.gob.pe/institucion/munitrujillo/noticias/588112-alcalde-de-trujillo-y-carlos-alvarez-inician-campana-para-expulsar-extranjeros-que-delinquen y transmisión en vivo de la Municipalidad Provincial de Trujillo: https://www.facebook.com/watch/?v=351288246903637

Referencias bibliográficas

Bahar, D., Meagan, D., & Andrew, S. (2020). Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas: Un análisis de los datos en Colombia, Perú y Chile.

Migration Policy Institute, https://www. migrationpolicy. org/research/immigracion-venezolana-crimen-colombia-peru-chile.

Blair, Robert and Weintraub, Michael, Military Policing Exacerbates Crime and May Increase Human Rights Abuses: A Randomized Controlled Trial in Cali, Colombia (September 16, 2021). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3925245
Castro, M. & Mejía, X. (2020). Una mirada a la migración venezolana y seguridad ciudadana en Perú. Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico. Mimeo.

INEI (2021). Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2011-2018. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1834/libro.pdf

INEI (2021). Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2018. Informe estadístico N° 7. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1731/libro.pdf

INEI (2022). Informe Técnico de Seguridad Ciudadana. Febrero 2022. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadis_seguridad_ciudadana.pdf

Flores-Macías, G. A., & Zarkin, J. (2021). The militarization of law enforcement: Evidence from Latin America. Perspectives on Politics, 19(2), 519-538. Mora, J. (2021). ¿Los sospechosos de siempre? Efectos de la migración irregular en la criminalidad. Desarrollo y Sociedad, (89), 57-92. PNP (2022). Anuario Estadístico Policial 2021. Recuperado de https://web.policia.gob.pe/anuario_estadistico/documentos/ANUARIO%20PNP%202021.pdf

Ramírez, E., Norza, E. & Weintraub, M. (2021). ¿Mejorar los Parques Reduce el Delito? Evidencia en Bogotá. . Documento Temático – CESED ,13, 1-9.