¿“Escuela sin ideología” o escuela sin autonomía de sujetos?

“Escuela pública para todos”, fue una conquista republicana en los albores de la democracia de Occidente. Las disputas por el terreno de lo educativo son de vieja data. La educación pública, por dar la posibilidad a todos los sujetos de ser iguales y no ser considerados “objetos” o “menores de edad” -como lo habían sido los esclavos, siervos y mujeres- era concebida como la base de la República, palabra no suficientemente reivindicada en este país, aún anclado a su colonialidad del poder. Derechos y sufragio universal respaldaban una República que dejaba atrás un modelo monárquico de gobernante elegido por Dios. Así, históricamente Escuela-Laicidad y Estado Republicano se articulaban frente al eje conservador de Familia-Iglesia y Monarquía. La laicidad no significaba ateísmo o prohibición de prácticas religiosas, sino la demarcación de límites de influencia de las iglesias, históricamente hegemónicas sobre la población y en constante rivalidad con el Estado democrático, a manera de un Estado dentro de otro Estado.

Hace dos o tres décadas, observamos a nivel mundial, un resurgimiento de las corrientes religiosas, no progresistas sino más bien conservadoras. Al privatizarse el Estado y reducirse sus alcances como distribuidor de derechos, el espacio desocupado por este ha sido retomado por las organizaciones religiosas tal y cual era en los siglos anteriores al nacimiento de la democracia y el Estado moderno. En este contexto, las organizaciones religiosas tienen la función de ser red y ayuda social. Una función semejante se espera también de las familias. No es el Estado el que asumiría las cargas de los niños, ancianos o personas con discapacidad al interior de ellas, sino las mujeres en el rol tradicional que siempre han tenido. Teniendo en cuenta que un modelo económico produce un tipo de sujeto, si se trata de que las mujeres suplan la ausencia del Estado, entonces no importaría que las mujeres fuesen conscientes de sus derechos o de que su trabajo doméstico tiene valor económico y es tiempo de sus vidas. Según este esquema familista, levantar los años de cárcel por violencia doméstica sería suficiente protección para ellas.

La Comisión de Educación del Congreso peruano, va a someter al pleno el proyecto 904/2021 que en apariencia se presenta posibilitando aún más la participación que ya tienen los padres de familia en la construcción de la educación de sus hijos, bajo el falaz argumento de “liberar a la escuela de ideologías”. En realidad, de lo que se trata es de posicionar de una mejor manera el modelo familista conservador en las escuelas. De ahí su interés en liquidar a “la ideología de género”, contraria a mantener el rol tradicional de las mujeres, así como contraria a enfatizar el rol de la familia por encima de los sujetos que la integran –mujeres, niños y adolescentes- al punto de que los padres (nunca ausentes, nunca maltratadores o abusadores) son casi “propietarios” de sus hijos. Resulta risible, pero, ¿acaso estos depuradores no representan ellos mismos una ideología ya superada? Según su criterio, los valores religiosos no son ideología, son verdades. Esa fue la idea, si recuerdan, que justificó la Conquista y la persecución de las religiones nativas o afrodescendientes, idea también a la base del racismo religioso. Vergüenza para los congresistas Cerrón y Paredes que, al apoyar este proyecto elaborado por los defensores del judeocristianismo hispánico en el Perú, parecen haber claudicado de las reivindicaciones decoloniales que Perú Libre preconizaba en las elecciones.

El proyecto reclama, además, sustentarse en derechos constitucionales de los padres de familia, y hasta cita al Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, para defender esta posición. Particularmente, se me hacía raro que, dado el espíritu del Pacto, a favor del deber estatal de procurar la absoluta gratuidad de la enseñanza primaria y aún de la secundaria en su artículo 13, inciso 1 y 2, alentara contradictoriamente, una posición privatista en el inciso 3 del mismo artículo, y es que, el proyecto de ley tergiversa grotescamente este inciso para hacerlo decir lo que no dice. Dice el proyecto 904/2021:

“13-3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de (….) hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Mientras que en el texto original del Pacto se dice:

“13-3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

Esta manipulación del texto del Pacto, respalda mis anteriores afirmaciones: este proyecto de ley, pretende ahondar en la privatización del Estado, haciendo de la excepción la regla. La regla es que haya escuela pública para todxs, que preconice un ideal de nación y que garantice el desarrollo y autonomía de cada sujeto a través del aprendizaje de sus derechos. Los credos personales, pueden tener sus propias escuelas si lo quieren, pero no intentar imponerse en todo el sistema educativo, a través de subterfugios “participativos” como el de este proyecto.

Es obvio que, entre los firmantes del proyecto, no hay un aprecio por “la ideología de los derechos humanos”, que les debe sonar a “cojudez”, a decir de monseñor Cipriani, favorito del Fujimorato o, saber a “caviar”. A diferencia de las vertientes cristianas que entendieron que los derechos humanos coincidían con la igualdad y fraternidad de los evangelios; las facciones conservadoras, aquellas que se arrogan ser representantes de lo divino sobre lo terrenal, no lo creen así. En este punto se hermanan con quienes, sin creer en lo religioso, propugnan un totalitarismo revolucionario por encima de los sujetos. La Postguerra trajo el reconocimiento de sujetos con derechos humanos, entre ellos mujeres y niñxs, entre otros excluidos del poder, lo que no es exclusivamente liberal sino también posmarxista. Suprimir este reconocimiento y derechos para sacrificarlos en aras de un ente superior, Dios o el Estado revolucionario, explica el hermanamiento del conjunto de partidos firmantes de este proyecto de ley y nos da un lamentable indicador de cómo totalitarismos divinos o revolucionarios, dominan hoy la Comisión de educación del Congreso. Si el pleno defiende la democracia y no el sempiterno poder absoluto del “pater familias” no debería apoyar este proyecto antidemocrático.