Estado surperuano: ¿Utopía o táctica perversa?

La idea de promover un «estado surperuano» independiente del resto del país, aunque es una utopía fuera de todo realismo político e histórico, merece una reflexión crítica, para saber qué tiene de fondo. Habría que comenzar por recordar que esta idea ya existía desde que Pizarro fundó el Cuzco sobre las ruinas de la capital incaica, en disputa con Lima por la hegemonía del poder. Pero, asimismo, que, desde esa colonia temprana, junto al derrumbe de los Incas resurgen las tendencias autónomas de las etnias andinas. Los collas, lupacas, lucanas, aymaraes, canas, charcas y otros, comenzaron a reencontrarse en sus raíces, sus bailes, idiomas y ritos sincretizados, para formar durante casi 500 años ese mosaico étnico tan diverso que es el sur andino hoy.

Aunque en la colonia la idea de que alguna vez pudiera haber un nuevo Inca aparecía de vez en cuando en algunos lugares aislados, no era un sentimiento general, masivo, capaz de amalgamar una tendencia política viable. Era sólo una utopía, como algunos investigadores han precisado (Flores Galindo, Burga). Incluso, la más intensa y sangrienta rebelión indígena, ocurrida en 1780-1782 y liderada inicialmente por José Gabriel Túpac Amaru, muestra esta diversidad de perspectivas de las poblaciones indígenas, muchas aún atadas a sus propios espacios e incapaces de generar entidades políticas mayores más allá de sus territorios étnicos (O’Phelan, Cahill).

Eso es lo que heredó la naciente república peruana, Estado-nación en formación casi hasta nuestros días. Heredó en 1825 una gran población india que, de los antiguos corregimientos e intendencias pasó a las provincias y departamentos, residiendo en comunidades y haciendas con un mínimo de articulación social o política. Así, el intento de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), fue solo un esfuerzo y conflicto entre caudillos criollo-mestizos (Santa Cruz, Gamarra), ávidos de arrancharse el poder que dejaron los administradores coloniales españoles. No hubo una articulación que abracara a todos los estamentos sociales de ese breve e inestable “estado sur peruano” (Cuzco, Arequipa, Puno y Ayacucho).

Regionalismos políticos ha habido en el sur a lo largo de los siglos XIX y XX, pero sólo como reacciones casi meramente filosóficas de algunas elites provinciales en Cuzco, Puno y Arequipa frente al poder de Lima. Pero, al mismo tiempo, sin participación popular compartida y, al final, sin éxito ninguno.

Hay que recordar que la Constitución de 1979, redactada principalmente por Bedoya (PPC) y Haya (Apra), estableció una regionalización y descentralización del país. Lo esencial es recordar que, luego de discusiones a todo nivel, se llegaron a crear doce regiones para 1990, pero fueron anuladas tras el “Fuji-golpe” del 5 de abril de 1992. Lo estipulado por la Constitución de 1993 recién en el siglo XXI, en el año 2002, se concretó en la creación de “regiones” con poder administrativo, aunque manteniendo los antiguos límites departamentales. Poco después, la conclusión contundente del referéndum regional del año 2005 fue que nadie de un departamento quiso ser parte de otro.

Así es que, en la historia del sur del Perú, tenemos una fuerte raigambre social e histórica de ser «departamentos», e inclusive de ser «provincias», y de no querer ser parte de otras entidades supraregionales. Pero peor aún, ningún departamento quiere que haya una «ciudad capital» en otro departamento. Esto se ha estado discutiendo desde 1980 y el resultado es el mismo. Así es que, no bien se comience a discutir esta propuesta surgirá --inevitablemente y sin solución--, la discusión sobre qué ciudad será la capital. Nadie cederá y la propuesta de un estado separado, a nuestro parecer, morirá en medio de tales disputas.

Sin embargo, en el territorio sur peruano hay que destacar que en el último medio siglo ha habido un gran movimiento migratorio, desde las pequeñas aldeas y comunidades andinas hacia las ciudades. Pero además ha ocurrido un intenso proceso de aglutinación de la población migrante en la dinámica de las actividades económicas como el comercio, turismo, minería y agricultura moderna. Así, los grandes núcleos urbanos surperuanos han crecido, tanto en su población y en su economía, a tasas superiores al resto del país.

Esta enorme dinámica económica entre Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Tacna y provincias como Quillabamba, Ilo, Juliaca, Majes y otras, combinada con la minería y con el agro de exportación, ocurre sobre una enorme infraestructura de caminos transversales y longitudinales, así como de conexiones con países vecinos (Brasil, Bolivia, Chile). Sin embargo, la interconexión vial no ha generado una cohesión política y cada región tiene sus propios objetivos, a veces en conflicto con otras regiones.

Además hay que resaltar algunos problemas serios. Camisea significó un gran aporte a la matriz energética nacional, sin embargo, para el sur, sigue estando pendiente el gasoducto superuano, que no se concesionó ni construyó. Fracaso estrepitoso y no exento de corrupción, en los gobiernos de García (2006-2011) y Humala (2011-2016), que el gas natural domiciliario e industrial no llegue a las ciudades surperuanas. Un nuevo proyecto, quizá con una inversión de 1000 millones de dólares, significaría al menos cinco años más. Este fracaso se hace más grave cuando se compara con el gas licuado que en Bolivia --gobernada por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (desde 2020)--, se vende barato a precios subsidiados.

Otro tema complicado es la pugna por el uso del agua de las cuencas que comparten las regiones. Tenemos los ejemplos de Majes y de Tambo. No hay que omitir el proyecto minero Tía María, en el que la incompetencia del Estado nacional y regional no ha trabajado para construir las necesarias garantías para que los impactos ambientales sean estrictamente controlados, que es lo que la población, principalmente de los valles, exige. Por cierto que hay otras serias desigualdades en el crecimiento económico, especialmente en salud y educación. En esto regresamos a la ineficiencia e incompetencia de los gobiernos regionales y locales en cuanto al gasto de sus recursos, además de las responsabilidades del gobierno nacional. Tampoco se pueden omitir los graves problemas que significan las actividades vinculadas a la informalidad y la ilegalidad, donde sobre todo los dos recientes gobiernos han mostrado poca voluntad de hacer cumplir la ley.

Entonces, si esta propuesta es irreal y utópica, ¿por qué se la propone? Quienes conocemos en las últimas décadas los pliegos de reclamos sindicales, o de los frentes de defensa regionales o provinciales, sabemos que el objetivo de elaborar dichos pliegos de reclamos, con una numerosa lista de exigencias, es una táctica de negociación que permite generar procesos de gran duración e intensa conflictividad. Aun cuando se llegue a algún arreglo dialogado, siempre quedarán temas pendientes. O sea que esta propuesta no nos parece seria. Creemos que solo es un relleno más en una táctica perversa de plantear reclamos imposibles de atender.

Escrito el 30 de diciembre del 2022