Esterilizaciones forzadas: el intento de diluir la responsabilidad

“La manipulación de la verdad” es el título de un artículo de María Cecilia Villegas publicado por El Comercio. Lástima que El Comercio no tenga un espacio de Cartas de los Lectores. Villegas señala que el tema de las esterilizaciones forzadas se ha manipulado para dar la idea de que solo existieron en el régimen fujimorista y debían ser catalogadas como lesa humanidad para sumar argumentos en contra del fujimorismo. Que para sostener esa “hipótesis” nada se dice y nada se denuncia a propósito de esterilizaciones sin consentimiento que se habrían practicado no sólo durante sino antes y después del fujimorismo.

Lamentablemente la autora del artículo tampoco dice nada respecto a las que habrían ocurrido antes o después. Cuántas fueron, en dónde, durante qué regímenes, y en qué contexto, no esclarece aquello que –afirma- ha sido callado. Cuestiona que se sostenga que hubo una política de Estado de esterilización forzada y masiva con 300.000 víctimas, siendo así que existen [¿sólo?] 1.326 mujeres en la denuncia penal contra Fujimori y sus ministros de Salud y [¿sólo?] 7.000 víctimas en el registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia. Parece que si no son 300 mil no existe responsabilidad política, que siete mil víctimas no representan una herida en nuestra historia.

Villegas sugiere que lo que se requeriría es un debate serio para encontrar las debilidades institucionales que permitieron que el personal de salud pueda decidir arbitrariamente sobre la salud y la vida de una mujer. Cabría recordar que el personal no actúo por sí y ante sí, sino que recibió presiones y estímulos para cumplir metas, que hubo denuncias de parte de la Iglesia, Colegio Médico, ONG, medios diversos, las que llegaron a la Mesa Tripartita creada con el fin de monitorear el cumplimiento del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo 1995) por parte del gobierno peruano, generando una controversia que quebró este intento de coordinación entre Estado y sociedad civil justamente porque el Estado se puso de espaldas frente a esos atropellos.

Los planes y normas no pueden juzgarse sólo por su contenido sino por los procesos y consecuencias que generan. Cuando, existiendo la posibilidad de corregir una implementación que va contra la dignidad de los seres humanos, de las mujeres en este caso, no se hace, y mas bien se cuestiona a las víctimas, la responsabilidad ya no sólo es política sino moral.