Esterilizaciones forzadas: justicia y reparación pendiente

La audiencia de presentación de cargos del caso de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo por el Estado peruano en la década de 1990 abre la esperanza de que finalmente se haga justicia frente a uno de los crímenes más bárbaros de los que se tenga noticia en nuestro país. Este caso involucra como acusados al ex presidente Alberto Fujimori, a sus ex ministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, y a varios otros funcionarios de su gobierno.

Como ha sido ampliamente documentado, el programa de salud reproductiva y planificación familiar ejecutado entre 1996 y 2000, se implementó sin el menor respeto de los derechos de mujeres y hombres, que en la mayoría de los casos fueron esterilizados sin consentimiento previo libre e informado, y sin tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de las consecuencias que esto tenía en sus cuerpos y en sus vidas.

A esta vulneración de derechos fundamentales, se sumaban las pésimas condiciones sanitarias en las que se realizaban las intervenciones quirúrgicas, sin las garantías mínimas de una adecuada atención. Aún más indignante resulta saber que el apresuramiento con que se realizaban estas intervenciones y el desinterés por los tiempos de recuperación de las y los pacientes se debían a que el Ministerio de Salud exigía a su personal el cumplimiento de “metas” o “cuotas”.

Son las propias mujeres violentadas por esta política de Estado las que vienen empujando al sistema de justicia. En 2015 ellas lograron la creación del Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), entre otras medidas que sin embargo chocan con la negligencia y la inercia burocrática del Estado, que es incapaz de permitirles acceder a una reparación digna. El problema de fondo es que ni cuando fueron esterilizadas, ni ahora que buscan justicia, se les reconoce como ciudadanas con plenos derechos, iguales a sus pares de otras clases sociales. Así lo ha señalado el día de ayer el fiscal Pablo Espinoza al sustentar los cargos contra Fujimori y los ex funcionarios de su gobierno: “El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”.

En Noticias SER consideramos que hay indicios de sobra para que se abra el proceso judicial contra Alberto Fujimori y sus exministros de salud por el caso de las esterilizaciones forzadas. La justicia peruana deberá dejar claramente establecido que el Estado violó de manera planificada y sistemática los derechos humanos de miles de mujeres, y deberá sancionar a los responsables de tan bárbaro crimen con las penas más severas que el Código Penal establece, para que nunca más la violencia del Estado sea ejercida de manera tan impune. Asimismo es indispensable que el Ministerio de Justicia tome las medidas necesarias para que la reparación a la que las mujeres esterilizadas tienen derecho se convierta en una realidad.