Esterilizaciones forzadas: la lección social de la enfermera Wooten

Se acaba de difundir la denuncia que en Georgia, Estados Unidos de Norte América, esterilizan sin su consentimiento legítimo a mujeres migrantes negras y latinas en el centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los hechos los conocemos gracias a que Dawn Wooten, quien trabajó como enfermera del ICE, denunció públicamente al médico Dr. Mahendra Amin y a las malas prácticas realizadas fuera del centro de detención.

El Dr. Amin, obstetra y especialista en ginecología, ya había sido denunciado por malas prácticas médicas pero cuando Wooten lo hizo, y a pesar de que Amin ya tenía antecedentes, en vez de inhabilitarlo la despidieron a ella. En el año 2015 Amin y diversos médicos implicados de hacer afirmaciones falsas a Medicaid y Medicare, pagaron más de medio millón de dólares bajo un acuerdo civil con el Departamento de Justicia.

Como sucede en la mayor parte de casos, las primeras en denunciar las graves violaciones a sus derechos humanos fueron las propias víctimas. En efecto, fueron las voces de las detenidas que resonaron en Wooten y la hicieron elegir el siempre arriesgado camino hacia la verdad: “¿Qué está haciendo (el doctor Amin), Sra. Wooten, recolectando todos nuestros úteros?”. Así, las mujeres migrantes que sufrieron y denunciaron las esterilizaciones forzadas, las histerectomías y demás malas prácticas médicas, fueron deportadas y de ese modo intentaron silenciarlas; en cuanto a las enfermeras que han corroborado las denuncias, han sido cesadas de sus labores y están siendo hostigadas.

A pesar de las violentas represalias y el costo laboral, psicológico, securitario, familiar y emocional, las valientes víctimas, así como la valerosa Dawn Wooten y otras enfermeras que se siguen sumando a la causa, en un contundente acto de solidaridad no han cesado de levantar la voz. Para Wooten ya no hay vuelta atrás: “Me convertí en denunciante, ahora soy un objetivo. Pero haré de blanco cualquier día para hacer lo correcto, en vez de simplemente sentarme allí y ser parte de algo inhumano”, declaró.

En medio de todo este horror y gracias a la denuncia pública de Wooten, los abogados de las mujeres migrantes detenidas ya no están orientando los casos de manera aislada y las organizaciones de derechos humanos están replicando las voces en favor de las denunciantes, activando el seguimiento del caso y exigiendo la celeridad y el debido proceso de las investigaciones. La prensa está también difundiendo los sufrimientos de las víctimas y comunicando los horrores al mundo.

Ahora bien, este caso actual de violencia institucional en los Estados Unidos, remite ineludiblemente al caso peruano de esterilizaciones forzadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar - PNSRPF (1996-2000) durante el conflicto armado interno y que es, hasta la fecha, el programa estatal más masivo de control demográfico de las Américas, lo cual, sin duda alguna, constituye un acto de genocidio perpetrado por el Estado peruano y que aún, por más de dos décadas, sigue impune.

Mientras que en Estados Unidos una enfermera denunció y muchas otras se sumaron, en Perú, ante el temor de perder su trabajo o tener represalias laborales, más de una enfermera se practicó a sí misma la esterilización para poder llegar a las cuotas y metas impuestas por el Ministerio de Salud. Asimismo, las enfermeras jugaron un rol decisivo en la implementación del PNSRPF ya que muchas veces eran ellas las encargadas de convencer a las mujeres y realizaban el acoso domiciliar, además, de haber sido cómplices en la implementación del programa. Así una de las características del masivo control poblacional en Perú fue lograr con éxito enemistar a las mujeres entre sí, e incluso que mujeres con un poco más de educación engañaran, humillaran y discriminaran a las más vulnerables. Algo parece estar cambiando en el caso de Georgia, pues las mujeres solidarias ya no están dispuestas a ser parte del sistema patriarcal que finalmente las oprime a todas: víctimas, cómplices y victimarias.

En Estados Unidos las víctimas de esterilizaciones forzadas a lo largo del s. XX y s. XXI han sido sobre todo mujeres negras, nativas americanas y latinoamericanas, mujeres migrantes descendientes de diversos pueblos originarios. En el Perú lo fueron mujeres migrantes, indígenas y también las descendientes de nuestros pueblos originarios. Esta situación se repite a lo largo de las Américas, desde Canadá hasta Chile, con diversos matices pero bajo la misma lógica del control poblacional diseñada por las políticas militares en nombre de la seguridad nacional. Básicamente se suelen justificar como estrategias contrainsurgentes y se llevan a cabo a través de supuestos programas de salud reproductiva pero que efectivamente buscan anular la capacidad reproductiva del útero.

Wooten cuenta que las víctimas eran diagnosticadas con enfermedades falsas, por ejemplo, les decían que tenían un quiste cancerígeno y que por ello debían extirpar todo el útero, es decir, practicarles la histerectomía, nefasta operación que Amin realizó tantas veces que mereció el sobrenombre de “el colector de úteros”. Sin embargo, los oncólogos han comprobado posteriormente que dichas pacientes nunca tuvieron cáncer y que la histerectomía no fue realizada luego de una biopsia. Queda claro, además, que numerosas mujeres detenidas no comprendieron que era lo que les sucedía ya que no hablaban inglés. En cuanto a lo sucedido en Perú, a las mujeres, muchas de ellas analfabetas o con poco o nulo conocimiento del español, les decían que el Estado las vacunaría gratuitamente contra el dengue o bien que les harían curaciones dentarias sin costo alguno; también les decían que tenían cáncer uterino. Mediante esos engaños y falsos diagnósticos el Estado peruano mutiló sus trompas y sus úteros fueron extirpados.

El panorama genocida está claro, lo que no queda claro es cómo hacer para que el sistema de justicia deje de proteger a los criminales y se ponga del lado de la verdad, es decir del lado de las mujeres sacrificadas. Al menos en Perú la lucha de las afectadas lleva más de dos décadas. Ni aquí ni allá se trata de un mito creado por la llamada “posverdad”; son claros hechos eugenésicos y pruebas contundentes que sin duda constituyen violencia de género histórica, institucional y colonial.