Esterilizaciones forzadas: Testimonios que no dejan de doler

María Elena

María Elena Carbajal Cepeda no es quechuahablante. Pudo entender claramente cuando una enfermera le avisó que la iban a esterilizar. Respondió que no y, sin embargo, fue ligada horas después de dar a luz a su cuarto hijo en el Hospital María Auxiliadora, en Villa María del Triunfo, el 18 de setiembre de 1996.

No lo olvida. Se resiste a olvidar. María Elena tenía 26 años cuando despertó de la operación. Nunca antes la habían dormido. Sus cuatro hijos nacieron de forma natural y sin mayores complicaciones, pero el dolor que sintió por aquel corte hace 25 años –dice- aún le sigue punzando la cabeza, taladrándole el corazón. Apenas abrió los ojos exigió ver a su bebé, pero su bebé no estaba. No era como se lo habían prometido. María Elena fue condicionada a operarse a cambio de que le entreguen a su recién nacido. “Me dijeron que si no aceptaba ligarme no me iban a dejar ver a mi hijo. Yo tenía miedo porque en esa época se escuchaba mucho que los niños desaparecían en los hospitales. Pensé que se habían robado a mi hijo, por eso acepté”, recuerda.

Su esposo llegó al hospital y María Elena, entre lágrimas, le relató cada detalle del terrorífico momento que vivió por la operación y la desesperación que sentía al no saber dónde estaba su pequeño hijo; pero en vez de hallar consuelo y solidaridad en su compañero, encontró solo rechazo e ira.

“Seguro te has hecho eso para tener otros maridos” le dijo mientras se iba enojado e insultándola. Fue la última vez que María Elena vio al padre de sus hijos.

Gracias a la ayuda de su suegra, pudieron hallar al bebé. Madre e hijo se encontraron por primera vez 13 horas después del parto. “No le pude contar a mi suegra lo que me había pasado. Tenía miedo que me desampare al igual que mi esposo. Me dio vergüenza. Pensé que me iba a juzgar”.

Ahora, María Elena tiene 51 años y, pese a que asegura que su cuerpo no es el mismo desde que la ligaron, es miembro activo de la lucha por las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sale a las calles a exigir esa justicia que le fue negada por más de veinte años. Y aunque ella no está incluida en la primera lista de 1,312 afectadas, sigue cada detalle de la audiencia que se está llevando a cabo este mes, de manera virtual.

“Hace unos días hicimos un plantón frente al Poder Judicial porque quieren archivar el caso. No es justo que quieran retirar a los traductores de quechua del juicio, teniendo en cuenta que casi todas las afectadas son quechuahablantes de la provincia de Anta, en Cusco. El Poder Judicial tampoco habilitó módulos especiales para que las víctimas puedan escuchar la audiencia y mucho menos pueden acceder al internet”, comentó indignada.

Meri

Meri Luz Guzmán Salas es otra víctima de las más de 300 000 esterilizaciones forzadas a mujeres y hombres que sucedieron en el país en la década de los 90.

La primera vez que le hablaron de “ligar” en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, Meri pensó que la enfermera se refería a lo mismo que le hacía su madre durante el tiempo que estuvo embarazada. “Para mí y para todos los de mi comunidad, ligar es desinflamar con plantas. Cuando estuve gestando me ponían hojas en los pies para bajar la hinchazón, por eso no entendía por qué me debían de ligar si acababa de dar a luz”, recordó.

Meri tenía 25 años cuando viajó en bote por cuatro horas para salir de su comunidad y llegar al hospital para alumbrar a su quinto hijo. “Me llevaron a las 8 de la mañana a la sala de operaciones, pero yo no quería. Solo recuerdo que me inyectaron la anestesia y luego desperté al oír el llanto de mis hijos. Ellos me decían ‘mamá, no nos dejes’, pero yo solo lograba ver una nube negra”.

Pese a que todavía estaba dopada, Meri pidió ver a su hijita que había nacido horas antes, pero se lo impidieron. “Sentí que me moría del dolor, pero más era el dolor de saber que mi bebé necesitaba lactar y yo no estaba con ella”. Doce horas después le dieron de alta y recuerda que solo le recetaron un paracetamol para el dolor del corte.

“Cuando llegué a casa, mi mamá me preguntaba por qué me habían cortado, pero ni ella ni yo sabíamos lo que era esterilizar. Luego la enfermera me dijo que nunca más podría tener hijos. Ahí comprendí lo que me habían hecho”, comentó indignada.

Tres años después de la operación, y a raíz de una infección mal curada, le detectaron cáncer y tuvieron que retirarle todo el aparato reproductor. “¿Cómo cree que me siento ahora? Desde ese día sufro enfermedad tras enfermedad, dolor tras dolor. ¿Cómo se puede vivir así?”

A sus 51 años, Meri Guzmán preside la Asociación de Mujeres Esterilizadas del Alto Amazonas – Yurimaguas, y se encarga de devolverles la voz a todas las mujeres, en especial a las decenas de que murieron víctimas de la pandemia, exigiendo justicia y reparación por sus casos.

Mientras ambas continúan sufriendo por los daños colaterales causados por las brutales y masivas operaciones, la candidata de Fuerza Popular declaró que dichas cirugías son “mal llamadas esterilizaciones forzadas” y que todo formó parte de una política de planificación familiar del gobierno de Fujimori. Fueron estas palabras las que más indignaron a María Elena y Meri, quienes exigen que sus historias no se archiven y queden impunes.

A la fecha, las audiencias de exposición de pruebas continúan. El Poder Judicial está próximo a decidir si el proceso pasa a la siguiente etapa. Por su parte, el abogado César Nakazaki argumentó que su defendido, el expresidente Alberto Fujimori, no tuvo intervención en el programa de salud reproductiva. Señaló a los médicos que ejecutaron estas intervenciones como los responsables.

Asimismo, los exministros de Salud Mario Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga siguen enfrentando la denuncia formal por parte del Ministerio Público como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, este último, podría librarse del proceso por ser virtual congresista por Fuerza Popular.