Irregularidad migratoria y pandemia en el Perú

A inicios de este año, las Fuerzas Armadas fueron desplazadas a la frontera con Ecuador a fin de impedir el ingreso de migrantes, en su mayoría de origen venezolano. Esta respuesta militarizada y restrictiva se dio frente a una realidad innegable: aún en la situación actual de pandemia y con las fronteras terrestres “cerradas”, el arribo de quienes migran por sobrevivir no se ha detenido, sino que se ha intentado realizar a través de vías irregulares, más peligrosas y sin observancia de los debidos controles sanitarios.

Desde una perspectiva de derechos humanos, para prevenir la irregularidad migratoria se requiere la apertura de canales que sean accesibles, regulares, seguros y asequibles . Sin embargo, al igual que otros países de la región, en los últimos años el Perú ha dejado de lado su apertura hacia la migración forzada venezolana para abordarla desde un enfoque de seguridad, recurriendo principalmente a requisitos que dificultan su ingreso tal como el pasaporte y la posterior visa humanitaria. Ello ha dado como consecuencia que quienes migren forzadamente tengan dificultades para ingresar de manera regular al país; situación que ha empeorado dadas las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria.

El contexto actual también ha dificultado que quienes sí lograron realizar su ingreso por las pocas vías permitidas conserven su regularidad. Así una gran cantidad de migrantes venezolanos que se encontraban transitando a una calidad migratoria residente ha visto sus procedimientos interrumpidos y/o dilatados ante, por ejemplo, la falta de citas disponibles para el recojo del carné de extranjería. Otros aún permanecen bajo la condición de solicitantes de refugio, la cual no permite el acceso a una situación migratoria regular ni su expulsión. De otro lado, la crisis económica puede generar requisitos y costos que hagan inaccesibles los trámites migratorios necesarios .

Por ello, desde una perspectiva de salud pública, la profesora Feline Freier (2020) ha argüido que se necesita habilitar programas de regularización migratoria pues, además de resultar positivos para los derechos de las personas migrantes, también benefician a la comunidad receptora en su conjunto. Desde otro punto de vista, se indica que la regularización migratoria constituye un paso importante para lograr la inclusión económica de la migración venezolana y con ello, además de reducir su vulnerabilidad, se consiguen beneficios sociales y económicos significativos, que el Banco Mundial ha estimado en 3 200 millones de dólares en un año .

Si bien el Perú pareció hacer eco de estas recomendaciones al emitir el Decreto Supremo N°010-2020-IN en octubre del año pasado anunciando la implementación de un procedimiento excepcional de regularización migratoria, surgen dudas acerca de la efectividad de esta medida debido al pago de multas y tasas administrativas requerido, su horizonte de regularización de tan solo un año y la exigencia de presentar una identificación válida internacionalmente, entre otras consideraciones que dificultan acceder a este .

De esta manera, aun cuando la pandemia ha puesto de relieve que la irregularidad migratoria es un asunto que merece atención, la respuesta del Estado frente a ella resulta insuficiente: la apuesta por medidas restrictivas no la detiene y el implementar un programa de regularización migratoria alejado de las características de la movilidad forzada humana que arriba a nuestro territorio puede resultar no efectivo. Por consiguiente, la situación de exclusión legal de las personas migrantes irregulares en el Perú parece no encontrar solución aún en el corto plazo, lo cual podría incluso significar que fenómenos como la xenofobia y la difusión de discursos de criminalización que ya se encuentran en ascenso, se vean reforzados.

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Pamela Andrés Del Castillo. La columna fue revisada por el Grupo Sofía como parte de una colaboración entre Grupo Sofía y Plataforma Comadres para fomentar la mayor presencia de mujeres jóvenes en el espacio público.