Iván Lanegra: “Los problemas vinculados a la conflictividad requieren de políticas que se pueden resolver en el marco de la actual Constitución”

Los conflictos sociales relacionados con la actividad extractiva, los paros agrarios y de transportistas, las tomas de carreteras y movilizaciones diversas, que en algunos casos han devenido en situaciones de violencia, se han ido incrementando en todo el país. Lo que llama la atención es la poca capacidad de respuesta del gobierno de Pedro Castillo, que ha terminado minando su credibilidad y estabilidad. Para analizar este contexto, Noticias SER entrevistó a Iván Lanegra Quispe, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia.

¿Qué factores explican la permanente conflictividad, paros y protestas que vive el país en estos últimos meses?

Hay varios factores, el primero es habitual, en la época previa a las elecciones regionales y municipales siempre se nota cierto aumento de conflictos sociales, tal como lo ha registrado la Defensoría del Pueblo. Lo segundo es que en estos últimos meses la percepción de la población es que existe cierta incapacidad del gobierno para enfrentar y atender con prontitud los problemas, lo que termina derivando en conflictos, y cuando estos llegan el gobierno termina cediendo a muchas de las demandas que se plantean. Esto genera incentivos para la conflictividad, porque tenemos actores que ven esta situación como una oportunidad para impulsar movilizaciones y protestas. Lo tercero es que el propio gobierno generó un conjunto de expectativas, a través de promesas y ofrecimientos que no se están cumpliendo, lo que genera frustración, molestia, y surgen movilizaciones pidiendo que cumpla con sus promesas. Y, como si esto no fuera suficiente, se agregan los problemas económicos vinculados a problemas internacionales, que se montan a la situación que ya veníamos teniendo en estos dos años de pandemia. Esos elementos, hacen más complicado el panorama.

En esta incapacidad del gobierno de enfrentar los conflictos ¿Hay relación con el nombramiento de personajes poco calificados en sectores claves como el Viceministerio de Gobernanza Territorial, la Secretaria de Gestión Social y Diálogo y los ministerios?

El Estado en general, ya tenía problemas de diseño en el manejo de conflictos, que resultaba insuficiente para una gestión adecuada del problema. Pero a eso se ha agregado que en este gobierno hay muy poca atención por la idoneidad de los puestos públicos y lo preocupante es que esto sucede en sectores claves como el de Energía y Minas. Esto provoca una combinación fatal que puede generar eventualmente un desastre.

¿En qué medida sirven a la resolución de los conflictos las ya habituales sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros?

Creo es una fórmula que intenta mostrar a los actores movilizados que se van a tomar en cuenta sus preocupaciones. Es un gesto político, más allá de lo que se discuta realmente. Es una dinámica que muchas veces resulta ser más asambleísta, pero tiene un valor simbólico, porque es una manera de demostrar que hay una preocupación sobre el tema. Este elemento positivo puede ser negativo, porque si luego de toda esta parafernalia no ocurre nada, lo que vas a provocar es que se desacredite el mecanismo. La única manera que algo así pueda ser eficaz, es que el Consejo tenga alguna forma ejecutiva de garantizar que los acuerdos que se adoptan o las promesas que se establecen se implementen, porque si no, vas a generar un nuevo problema y una nueva frustración.

¿Qué opina sobre los sectores que sostienen que esta situación de conflicto e inestabilidad es consecuencia de la Constitución Política del 93 y que por ello requerimos una Asamblea Constituyente?

Los problemas vinculados a la conflictividad requieren de políticas que se pueden resolver en el marco de la actual Constitución. Por ejemplo, ¿Cuáles son los problemas de fondo en el manejo de los recursos naturales? Es la falta de una política de ordenamiento territorial, la ausencia de mecanismos estructurales y estructurados para otorgar derechos sobre territorios y recursos naturales a los privados, la ineficacia de los mecanismos de participación de la ciudadanía en los procesos, y el mal diseño de mecanismos de distribución de beneficios. Entonces, esto no requiere ningún cambio de la Constitución, son cosas que se pueden aprobar mediante leyes orgánicas o cuestiones de sistema al interior del gobierno. Plantear que el problema está en el tema constitucional no es correcto, por ahí no va el asunto, ahora, esto no quiere decir que eventualmente sea necesaria la modificación de la Constitución o de un artículo puntual que puede agregar una herramienta nueva, pero en verdad, si uno mira el tema con objetividad, gran parte de las cosas que se necesitan, pasan por normas de menor rango o por una mejor gestión.

Hay factores externos que están encareciendo diversos productos de primera necesidad, los combustibles y ahora los fertilizantes ¿es viable hablar de control de precios, como lo piden algunos sectores sociales?

Un Estado que tiene serias deficiencias y que se ha mostrado incapaz de garantizar el cumplimiento de normas básicas, no tendría ninguna capacidad de poder establecer un manejo adecuado de una norma de control de precios, esto independientemente de la eventual dudosa legalidad de la medida. Independientemente de eso, en las condiciones actuales, eso puede generar varios problemas y por lo tanto, el resultado más probable de una norma de este tipo es que aumente la especulación, el contrabando, el mercado negro de los productos y finalmente un aumento de precios, lo cual muestra que esa medida resulta ser contraproducente, sobre todo para quienes menos tienen. Una medida más inteligente, es priorizar la atención a las poblaciones más vulnerables. Hay que llegar con la ayuda directa a esos sectores. Si el Estado tuviera un sistema de subsidios focalizados, y un sistema articulado a la labor de la sociedad misma, como comedores y ollas comunes, que hay en todo el país, se constituiría en una estructura más eficaz que lleve los recursos directamente a donde se necesita.

¿En qué medida la conflictividad y falta de capacidad de respuesta del gobierno esta abonando a su pérdida de credibilidad y estabilidad?

Este es un factor más para el desgaste del gobierno. Sin duda cada situación de este tipo, que termine con un resultado insatisfactorio termina minando más la aprobación presidencial, la credibilidad de las autoridades y todo esto tiene un efecto de desgaste.

¿Ayudaría a salir de este contexto complicado la recomposición del gabinete ministerial?

Sólo la recomposición, no. Lo que hay que hacer, es garantizar que se forme un gabinete realmente orientado al interés público y que tenga una propuesta de mejor calidad, no lo que hoy tenemos, porque si solo es cambio de personas, no va a cambiar nada.