Julio Arbizú: “Tenemos un Congreso que se ha convertido, en la práctica, en la confluencia de organizaciones criminales”

El ex procurador Julio Arbizu, socio del estudio Arbizu&Gamarra, señala que criminalizar la protesta es propio de los gobiernos autoritarios: “el ejercicio del derecho a la protesta ha sido materia de sucesivas modificaciones por gobiernos autoritarios que quieren reprimir violentamente”. En entrevista para Noticias SER añade que el Congreso ya no representa a la ciudadanía, sino a determinados grupos que muchas veces son funcionales a cierta elite económica.

¿Cuál es el delito que se comete al señalar a una persona como terrorista?

El “terruqueo” alude al conflicto armado (que vivió el país en los años 80 y 90) para calificar a ciertas personas que tenían algunas vinculaciones con los movimientos subversivos; u otras que simplemente apoyaban una salida consensuada de la crisis, que en su momento manifestaban intereses para que se produjeran cambios sociales en el país. Actualmente, cualquier persona —ciudadanos y ciudadanas de regiones— que hace público su desacuerdo con el sistema opresivo es calificada de terrorista. En el derecho penal a eso lo llamamos difamación, delito contemplado en el Código Penal, con la respectiva pena privativa de la libertad, incluso se puede solicitar reparación civil. La difamación es un delito contra el honor y lo que se salvaguarda aquí, como bien jurídico protegido, es el honor de la persona. Esto tiene doble dimensión, tiene que ver con la autopercepción, pero también con la forma como nos ven; es decir, uno tiene derecho a sostener una buena reputación y el honor, y eso se ve vulnerado cuando alguien sin ninguna prueba, sin ningún argumento de fondo, le dice a otra persona “terrorista” o “terruco”.

Hay un antecedente en el país con el caso de Anahí Durand, ¿cómo va este proceso?

Lo que pasó con Anahí Durand fue que a través de varios reportajes en Willax se dijo, expresamente, que tenía vínculos con el terrorismo. Para ello se usó una imagen del padre de su hijo, que efectivamente fue una persona condenada por terrorismo, a quien conoció mucho tiempo después de sus actividades subversivas y sobre las cuales Anahí no tenía ningún tipo de conocimiento al momento de la comisión de los delitos. Cuando se afirmó, tan libremente, que la señora tenía vínculos con el terrorismo, la periodista Milagros Leiva estaba incurriendo en el delito de difamación. Por eso se le interpuso una querella ante el Poder Judicial y luego de varios meses la jueza dictó sentencia hallándola culpable. Se le ordenó un pago por reparación civil de 20 000 soles. Esta es una de las primeras sentencias por afirmar que alguien es terrorista en el marco de la imputación por delitos de difamación.

¿Cuántos casos han visto ustedes, de ciudadanos, que hayan sido denunciados como terroristas?

Hay muchos casos registrados, no todos los llegamos a asumir como abogados, pero sí tenemos conocimiento de que el Ministerio Público ha iniciado una cantidad importante de investigaciones contra personas, que han participado en manifestaciones, acusándolas del delito del terrorismo sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, para iniciar al menos una investigación preliminar. Nosotros (Estudio Arbizu&Gamarra) somos abogados de un muchacho que fue intervenido entre las 200 personas en la Universidad San Marcos, él estudia en la universidad y vive en la residencia universitaria. Le abrieron una investigación por el delito del terrorismo, solo porque le encontraron libros y algunas anotaciones que él ha negado que sean suyas, y aun siendo suyas no tenían ningún contenido que permita al Ministerio Público seguir afirmando que es autor del delito de terrorismo. En Ayacucho una organización entera tiene prisión preventiva, están siendo investigados, imputados, por el delito de terrorismo; en Puno también hay otra cantidad de personas investigadas. Esta persecución del sistema de administración de justicia tiene como correlato el “terruqueo” puro y duro, impulsado desde el gobierno, y se está extendiendo en las calles, en los medios de comunicación.

Desde el Ejecutivo se están promoviendo cambios legislativos para criminalizar la protesta, ¿estamos bajo un gobierno democrático?

Esto es propio de los gobiernos autoritarios, siempre los delitos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta han sido materia de sucesivas modificaciones por gobiernos autoritarios que quieren reprimir violentamente o criminalizar la protesta ciudadana. Sabemos que la protesta es un derecho fundamental, que da motivos a defender otros derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es por lo tanto uno de los principales derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país. Sin embargo, lo que hace el gobierno es proponer la elevación de las penas a los posibles delitos que podrían cometer los manifestantes. Lamentablemente tenemos un Congreso que se ha convertido, en la práctica, en la confluencia de organizaciones criminales, por eso no me queda duda que pueda ser aprobado como un trámite express, como todo lo que ha hecho el legislativo para desfavorecer a la ciudadanía.

Usted afirma que el Congreso se ha convertido en la confluencia de organizaciones criminales, ¿por qué?

Porque en lugar de ser un órgano o una institución de representación de todos los ciudadanos peruanos, en verdad, representa a algunos grupos criminales, organizaciones criminales bien diferenciadas, aunque a veces se encuentran haciendo sinergias. Por ejemplo, ahí están representados por los dueños de las universidades chichas, de las universidades sin licencia, están los representantes del transporte informal, los representantes de los faites del Callao, están los representantes por supuesto de ciertos grupos relacionados con el narcotráfico. En verdad el Congreso ya no representa a la ciudadanía, sino a determinados grupos que muchas veces son funcionales a cierta elite económica.

¿Cuáles son los procesos legales a seguir si una persona es detenida o es denunciada como terrorista?

Lo primero es acreditar una defensa. Hay que tener claro que la carga de la prueba siempre pesa sobre el Ministerio Público, es decir, son ellos quienes tienen que demostrar de que la persona investigada cometió el delito, entonces los aportes iniciales tiene que ser del Ministerio Público. Si alguien abre una investigación tiene que tener mínimamente indicios razonables de que hay la posibilidad de que el acto se haya cometido. Lo que está pasando en la práctica es que han sido imputadas o señaladas como terroristas personas que en los años de la barbarie fueron víctimas del terrorismo, y ahora han sido calificadas de terroristas, revictimizándolas, porque son personas que han afrontado esas crisis en su momento y hoy vuelven a ser violentadas desde el mismo Estado.

¿El actual gobierno está violando derechos humanos?

Sin duda, a través de la Policía y del Ejército, hay un uso desmedido, un uso ilegal de la fuerza que ha dado lugar a más de 60 personas muertas a manos de las fuerzas del orden. Hay además una violación sistemática de los derechos humanos en cuanto al actuar del Ejército del Perú. La Policía ciertamente ha actuado con una brutalidad extrema en respuesta a las manifestaciones y eso es un atentado contra los derechos humanos.

¿Qué opina de las sentencias a las personas que tenían dinero para solventar alimentos de los manifestantes de las regiones?

Es un exceso por donde se le mire. Lo que sé es que no tienen ningún otro elemento que les permita avanzar con ese proceso y sin embargo han sido ya presos preventivamente. No conocemos cuáles son los argumentos para señalar que en estos casos existe peligro procesal. Son señores que han venido de distintas regiones, que han participado en las manifestaciones pacíficas, que han sido parte de colaboraciones para poder solventar los gastos de esas manifestaciones, pero no tienen nada que puedan certificar que existe peligro procesal o una posibilidad de perturbación de la actividad probatoria.

¿Cómo respondería a medios como Willax que señala que son defensores de terroristas?

Eso mismo configura un acto de difamación, difamación contra quienes son calificados de “terroristas” y contra quienes ejercen la defensa de estas personas. Insisto, no hay ninguna prueba que vincule a estas personas con actos de terrorismo. Lo lamentable aquí es que el sistema de justicia está haciendo eco de una narrativa instalada, principalmente, por grupos de poder que han utilizado esta estrategia del “terruqueo” para invisibilizar a las personas, para relegarlas a la calidad de enemigos de la sociedad. Esto no es nuevo, es parte de la estrategia nazi calificar al sujeto disidente como un enemigo y por tanto una persona que no tiene derechos, y si los tiene, están totalmente acotados, y es posible vulnerarlos una y otra vez. Lamentablemente ese discurso está inoculándose en la gente a través de los medios hegemónicos, también está escalando al sistema de administración de justicia, eso es absolutamente lamentablemente.

¿Qué tienen que hacer las personas que son calificadas, hostigadas y estigmatizadas como terroristas?

Lo primero, nadie puede ser detenido arbitrariamente; cuando eso ocurre se están violentando los derechos fundamentales de ese ciudadano. Si eso pasa en el contexto de una manifestación, hay que dejar un registro del nombre completo y el número de DNI, para que las personas sepan de quién se trata y a quién tienen que ir a buscar después en una comisaría. Lo siguiente es poner en conocimiento a las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos. Desde el Estado por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que está haciendo un buen trabajo, y desde la sociedad civil hay organizaciones como la Coordinadora de Derechos Humanos, Aprodeh, IDL y algunas instituciones privadas. Nosotros en el estudio hemos asumido la defensa gratuita también de algunos ciudadanos y ciudadanas, somos un estudio pequeño y no nos damos abasto, pero en la medida de lo posible estamos acompañando también estas luchas.