Julio Calderón: “El Estado debe adelantarse a la invasión de terrenos”

Hace unos días el Parlamento promulgó una ley que nuevamente amplía los plazos de la titulación de tierras ocupadas por posesiones informales, tal como sucedió en 2015 y en décadas anteriores. La norma mereció la protesta de diversas organizaciones ciudadanas e incluso la oposición de los empresarios inmobiliarios y de la construcción, dos sectores que coinciden en que la norma tendrá efectos nocivos como incentivar invasiones y tráfico de tierras, así como abonar en el desordenado crecimiento de nuestras ciudades. Para analizar este panorama, Noticias SER conversó con el sociólogo Julio Calderón Cockburn, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En el Congreso se tenía una decena de proyectos de ley pro ampliación del plazo de reconocimiento de posesión de terrenos. La ampliación fue también un anuncio del Presidente Vizcarra en su mensaje del 28 de julio. ¿A qué cree que se debe tan activo interés por parte de políticos del más alto nivel? ¿a qué interés responde esta nueva ampliación?

Los anteproyectos ya se venían discutiendo y en un momento convergen, así como el anuncio de Martin Vizcarra. Es una cuestión que se mueve en el nivel político, porque si se le observa sociológicamente, no se realizaron marchas, manifestaciones, ni bloqueos de carretera por parte de la población exigiendo esta norma. Por supuesto que se sustenta en la necesidad de la gente pero parece más una iniciativa política que repite argumentos típicos sobre la titulación de la propiedad, presentándola como una solución. Creo que hay un interés político y de los políticos, un interés populista de tratar de tener influencia en la gente, porque evidentemente la mejor propaganda para un gobierno, cualquiera que sea, es dar títulos de propiedad, es un arma muy poderosa del clientelismo. Un segundo elemento son los traficantes de terreno, que son grupos muy poderosos, porque tienen abogados, financistas, fuerzas de choque. Hay toda una parte legal dentro del Estado, sobre todo en el Poder Judicial, que siempre termina favoreciéndolos. Hay ese doble interés, político electoral y económico.

No es la primera vez que se amplía este plazo ¿Qué problemas genera para las ciudades la ampliación aparentemente infinita del reconocimiento de posesiones informales?

Lo que genera es una ciudad horizontal, una ciudad que se expande a lugares donde no hay servicios y por definición el mercado ilegal de tierras o la invasión se da en tierras no adecuadas. Terminada la invasión, viene la presión de la población al Estado, que por lo general termina extendiendo la red. Actualmente la política del Estado peruano en cuanto a agua potable en Lima es cerrar la brecha, porque la ciudad creció hacia los cerros, hacia las pampas y el Estado tiene que llevar agua, ahí donde hubo una invasión y el mercado ilegal de tierras. Evidentemente esto también beneficia a los traficantes. Además, el Estado gasta más llevando servicios a zonas invadidas, porque se requiere cierta ingeniería para llevar agua a las partes altas.

¿Cómo salir de ese círculo vicioso que describe? ¿Qué alternativas tienen las familias que requieren vivienda?

El Estado tiene que hacer una política de vivienda social exitosa, tomar terrenos del Estado y promover que se hagan viviendas como ha ocurrido en Chile. Lo otro sería hacer programas de acceso ordenado al suelo, con módulos básicos de 30 o 40 metros, que puedan ir creciendo. El Estado debe adelantarse a la invasión, buscar soluciones formales y no estar curando los problemas de la ciudad. Un programa de acceso ordenado al suelo se debe trabajar mediante asociaciones público-privadas, porque no creo que el Estado tenga todos los recursos para asumir todo el proceso y el costo de urbanización, en sus tres rubros: la ganancia, el suelo y el costo de producir. Se supone que cuando el Estado hace vivienda social o un programa de acceso al suelo, el costo del suelo está exonerado, porque recurre a la tierra pública, pero el Estado lo hace muy poco. Hay propietarios de tierras como las comunidades campesinas de la Costa que urbanizan de manera pirata, venden ilegalmente. Ahí el Estado debería asociarse con estas comunidades, estas ponen el terreno y el Estado la infraestructura. Y los constructores, construyen. Siempre se debe buscar alternativas formales a la informalidad. Mientras sigamos con esta política de dar un título hoy para quince años después poner el agua, no vamos a llegar a nada, la ciudad va seguir estando como está.

¿Cómo se relaciona el poder municipal con estas mafias? Porque el periodo anterior varios alcaldes en Lima Metropolitana han sido investigados o terminaron arrestados por su relación con mafias de tráfico de terrenos...

Ahora hay un estrato de alcaldes involucrados con la mafia en dos niveles; uno es donde el alcalde dirige la mafia, como el caso de Santa Rosa: el alcalde empezó su negocio en Ventanilla, luego se extendió a Santa Rosa, primero fue dirigente vecinal, luego termina traficando terrenos y al convertirse en alcalde pone a la municipalidad al servicio de ese negocio. El segundo caso es del alcalde que forma parte de la banda, que es el caso de Chilca, donde hay una mafia que se dedica a la extorsión y a una serie de delitos y forma un partido político, promueven a sus integrantes de equipo, y consiguen la alcaldía. Allí la mafia es la que mueve todo el negocio y el alcalde es una pieza más del engranaje.

COFOPRI fue creado en los años 90. A la luz de sus resultados, ¿tiene sentido continuar ampliando su mandato?

Yo tengo una postura ambivalente frente a este tema. COFOPRI no ha logrado sus objetivos, porque su objetivo nunca fue titular, sino que a partir de la titulación la población vaya a un banco privado y pida un préstamo para construir su vivienda y, que las transacciones, dentro de lo que fueron los barrios, sean formales. El objetivo era promover la formalización para el acceso al crédito, al mercado financiero, pero eso nunca se logró. Hace unos 17 años el Estado se dio cuenta de esta situación. Ahí debió terminar Cofopri.

Entonces, ¿Cuál es la razón de mantener COFOPRI? ¿Cómo se justifica que el Estado tenga un programa de titulaciones masivas?

COFOPRI continuó titulando, porque en términos tecnológicos llegó a un nivel de avance con respecto a los catastros en coordinación con la SUNARP. Ese trabajo sería difícil que lo asuman las municipalidades, porque éstas a las justas tienen presupuesto para pagar el recojo de basura y la seguridad. Si me pongo en el escenario de que COFOPRI desaparezca, es seguro que ninguna municipalidad podría tener su pequeño COFOPRI, entonces se generaría un problema social, porque vendría el clientelismo desenfrenado, donde el alcalde repartiría a manos llenas títulos de propiedad. Me asusta el escenario sin COFOPRI.

Hernando De Soto, ideólogo de la formalización, se ha lanzado a la presidencia con más o menos las mismas propuestas, la titulación como inclusión. ¿Considera que estas ideas tendrán eco en el 2021?

Yo creo que el discurso de la titulación como inclusión no tiene eco. Creo que la gente de abajo podrá aceptar ese discurso en función de una conveniencia inmediata, si puede facilitar sus intereses. Lo que sí creo que ocurre, y esto es una hipótesis, es que el individualismo fomentado por el libre mercado, desde hace 30 años, ha implicado la reducción, si no la destrucción de la organización vecinal, de la organización colectiva de los barrios, donde existe un individualismo y un “sálvese quien pueda”. Se han creado mentes pragmáticas que caminan entre la formalidad e informalidad y están en esa zona gris, entrando y saliendo. Eso puede ser canalizado por algún candidato. Si De Soto tuviera la habilidad, podría hacerlo; pero en principio todo su discurso es neoliberal y no creo que eso vaya a funcionar, no creo que la gente de abajo quiera que no exista Estado, la gente de abajo quiere Estado porque le conviene, porque le ahorra gastos, le da subsidios y bonos.