La agenda pendiente del Estado para con las mujeres rurales

Los días conmemorativos nos permiten celebrar vidas y aportes a la sociedad, pero también deberían motivarnos a una reflexión profunda sobre las brechas que existen y que hicieron necesaria la definición de un día para visibilizar, específicamente en este caso, a las mujeres rurales.

Durante la Asamblea General de Naciones Unidas realizada en el 2007, se acordó celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, reconociendo en la resolución 62/136: «la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural».

Desde el 2008, año en que empezó la primera celebración, a la fecha, el cambio climático ha generado impactos en las vidas de las mujeres rurales, pues sus formas y medios de vida tienen una íntima y armoniosa relación con la naturaleza, y este ecosistema que mantiene sus vidas (nuestras, en realidad), lo estamos destruyendo.

Las causas del cambio climático como la deforestación, la contaminación, el cambio de uso de la tierra, entre otros factores, influyen en la aparición de nuevas enfermedades, y el tratamiento gratuito y eficaz no llega al espacio rural oportunamente, tampoco existe atención intercultural de salud garantizada. Sumado a ello, los gobiernos han centrado sus esfuerzos en los espacios urbanos, permitiendo que en la ruralidad exista escasez de agua para una adecuada desinfección, así como deficiente infraestructura sanitaria.

No solo vemos brechas en atención en salud, sino también en el uso del tiempo. Las mujeres que viven en zonas rurales dedican 27 horas semanales más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, es decir, las mujeres, entre 18 y 49 años, trabajan 33 horas semanales más que ellos[1]. Asimismo, el 26,6% de mujeres que se desempeñan en actividades agropecuarias no sabe leer ni escribir, a diferencia del 8.9% de los hombres[2].

Y sobre la dimensión política, también observamos brechas interrelacionadas, pues existe una relación directa entre analfabetismo, discriminación, acoso político y pobreza. Todo esto impide que tengamos más mujeres decidiendo sobre recursos fundamentales como el agua a pesar que son ellas quienes gestionan su uso en la chacra y en la casa. Según la Autoridad Nacional del Agua, en las 125 Juntas de Usuarios del Agua, sólo el 31.6% son mujeres. A nivel de Juntas Directivas, las mujeres representan sólo el 10.1% de los cargos directivos y apenas un 0.79% ocupa el cargo de presidenta o vicepresidenta (Forest Trends, 2019).

Además de todo eso, el covid-19, nos ha permitido visibilizar una brecha (comúnmente olvidada): el acceso a internet, la brecha digital entre las mujeres rurales y urbanas es de 44,2%, en desventaja para las primeras. (INEI, 2019). Con este panorama desolador, llegamos al 15 de octubre del 2020.

A pesar de que desde hace 12 años conmemoramos esta fecha, el Estado peruano no ha cumplido sus compromisos. Al ser parte de esta resolución debería estar impulsando, por ejemplo, medidas que reconozcan sus necesidades diferenciadas, promoviendo su participación política plena e igualitaria en la toma de decisiones, desarrollando programas de asistencia específicos interculturales, facilitando el acceso de las mujeres a los procedimientos comerciales y financieros, o para lograr derechos plenos e iguales a poseer tierras y otra propiedad por parte de las mujeres rurales.

Este 15 de octubre, será necesario pedir menos “eventos conmemorativos”, menos post con buenas fotografías desde el Estado y más acciones de rendición de cuentas sobre el cierre de desigualdades para el acceso y disfrute de derechos de las mujeres rurales.

[1] INEI, 2010

[2] INEI, 2020