La agro exportación sin beneficios para el trabajador no tiene sentido ni viabilidad

Parece que la catástrofe económica y el fin de la historia del desarrollo en el Perú están cerca. Eso es lo que nos quieren hacer creer cuando se presenta el paro agrario y su demanda laboral como la que puede destruir todo lo construido por las empresas agro exportadoras si se atiende el pedido del incremento de jornales.

Demás está decir que los empresarios de la agro exportación consiguieron una ley (conocida por la Ley Chlimper, en el gobierno del dictador Fujimori) que les garantizó su inversión, aseguró sus ganancias mediante la reducción de impuestos y la eliminación de los derechos laborales y de negociación colectiva. En veinte años prosperaron, crecieron económicamente, ganaron mercados internacionales, pasaron a ser los mayores propietarios de tierras en el Perú etcétera; pero quisieron más, creyeron que veinte años no era suficiente, querían diez años más de beneficios de los que no gozaba ninguna empresa grande, mediana o pequeña del país.

Probablemente lo hubiesen conseguido. El problema era que entre los beneficios obtenidos estaban la precarización laboral, la falta de derechos de organización sindical, la ausencia de negociación colectiva, jornales bajos, malas condiciones de trabajo, abuso de los services (tercerización) y ausencia del Estado para la fiscalización laboral; todo ello les garantizaba condiciones inaceptables y mayor desigualdad e inequidad social. Continuar con ese mismo sistema ya era intolerable para los trabajadores, sobre todo para sus familias y centros poblados

De pronto una demanda estrictamente laboral terminó trayéndose abajo la Ley N 27360 de octubre del 2000, y el Decreto Legislativo N 885 que ampliaba esos beneficios hasta el 2021. El fin del régimen de privilegios de las empresas de los agro exportadores es, indudablemente, culpa de ellos mismos, por atar de manera insensata la demanda laboral al futuro de toda las empresas agro exportadoras y considerar que la viabilidad de su futuro dependía de mantener los salarios bajos y sin derechos sindicales y de negociación colectiva de sus pliegos de reclamos.

Basta leer los comunicados de las asociaciones de productores de la agro exportación: el futuro que anuncian es atroz si es que no se les mantiene los privilegios que gozaban a la sombra del cual crecieron sus ganancias pero sólo los de ellos, al parecer, porque los trabajadores estaban reclamando hace mucho tiempo que se les reconozca derechos laborales.

“Alertamos una pérdida de un millón de jornales al año, … que significarán que al menos 39 millones de soles dejarán de percibir los trabajadores y sus familias". (Comunicado de la Asociación de productores de palta Hass del Perú).

“El efecto inmediato será la pérdida de 4 millones de jornales anuales, ,que calculados únicamente con la remuneración mínima de S/39,19, significará que los trabajadores de campo y de plantas de empaque de mango, sus familias y las economías en general dejarán de recibir 150 millones de soles al año, causando que la pobreza vuelva a instalarse en las regiones productoras” (Comunicado de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango).

“De convertirse en ley, la competitividad del sector se verá seriamente comprometida, ya que el costo de la planilla representa el 50% del costo de producción. Incluso, se estaría favoreciendo a los países con los que competimos en exportación de arándanos y otros productos de agroexportación. Además, dicho proyecto afectaría:

- 8´000,000 de jornales totales anuales, lo que representa al menos 320 millones soles que dejaría de ingresar a los bolsillos de los trabajadores peruanos y sus familias cada año.

- 55,000 puestos de trabajo en los campos de arándanos y 30,000 puestos de trabajo en toda la cadena de valor en las regiones de Piura, Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Moquegua.

- 290´000,000 de dólares en divisas por año y la recaudación de millones de dólares en impuestos al ponerse en riesgo la productividad de 5,000 hectáreas de arándanos” (Asociación de Productores de Arándanos del Perú)

(La propuesta de ley que incrementa el jornal de los trabajadores) generarían un incremento del 60% sobre los costos laborales para todas las empresas “independiente de su tamaño”… “En promedio,… el costo laboral es el 50% de la estructura de costos de una agroindustria” (Declaraciones del presidente de la Asociación de gremios Productores Agrarios del Perú AGAP).

¿Es así? ¿Tanto daño puede causar el pedido de los trabajadores porque se les incremente el jornal básico y se les reconozca derechos laborales y mejores condiciones laborales?.

Recordemos que este fin del mundo con el que intentan generar temor al país lo usan cada vez que los trabajadores reclaman mejoras salariales. Por ejemplo, Julio Velarde, presidente del BCRP se opuso al incremento del salario en el 2011 con el argumento: “aumentar el salario mínimo es decirle << (a las empresas) vete a otro país>>”. Luis Carranza, Ministro de Economía el 2006, sentenciaba que “elevar el salario mínimo en cualquier cifra <<sería sumamente perjudicial para la economía peruana>>"(1).

Lo curioso es que el salario mínimo se incrementó, mejor dicho, se viene incrementando cada cierto tiempo, y ninguno de los terribles efectos que pronosticaban los personajes citados se cumplió. ¿por qué, entonces, las amenazas y el miedo que pretenden imponer los empresarios agroexportadores par impedir que se incrementen los jornales de los trabajadores eventuales tendrán las consecuencias que pronostican?

Recordando a los clásicos de la Economía Política

Ciertamente el problema de fondo no es el incremento de los jornales, que lo merecen, por cierto, sino la poca valoración que tienen del rol del trabajador en la generación de la riqueza. Persistieron en esta relación desigual entre empresas y trabajadores; mientras que a los primeros se les garantizó el pago de menos impuestos, la reducción de las aportaciones a EsSalud, a los segundos no se les garantizó derechos sindicales, derechos a la negociación colectiva; así con un Estado ausente, sin fiscalización laboral, y con la presencia ominosa de los denominados “services” o “enganchadores”, la negociación por mejores jornales y mejores condiciones laborales estallaron por fuera de los espacios de negociación colectiva, dejando al Estado el delicado “presente” rol de determinar el precio de los jornales.

No se crea que defender los derechos laborales o exigir mejores jornales es una consigna de izquierda, o marxista. No se piense que exigir una humanización en la relación laboral mediante mejores salarios, o que construir una sociedad solidaria o una sociedad de hombres libras se hace al margen de la relación equilibrada entre el capital y el trabajo.

Esto se encuentra en la base de la economía política de los clásicos. Una lectura de Adam Smith y David Ricardo nos debe servir para reflexionar sobre la importancia al respecto. “Nuestros comerciantes y fabricantes – decía Adam Smith – se quejan generalmente de los malos efectos de los salarios altos, porque suben el precio y perjudican la venta de sus mercancías, tanto en el interior como en el extranjero. Pero nada dicen sobre las malas consecuencias de los beneficios altos. Guardan un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de sus propios beneficios, y sólo se quejan de los ajenos”. (2).

No tienen razón - afirmaba David Ricardo – quienes afirmaban que un aumento en el precio de la mano de obra iría seguido uniformemente por un aumento en el precio de los bienes…aumentaría tan solo aquellos bienes para los cuales se emplea menos capital fijo que el requerido en el patrón que sirvió para estimar el precio, y que todo cuanto absorbieron capital fijo bajarán positivamente de precio al aumentar los salarios…”. (3)

El liberalismo clásico cuyo cuya columna vertebral descansa en Adam Smith y David Ricardo ponía énfasis en la relación equilibrada entre el capital y el trabajo, en la mejora de la productividad del trabajador para lo cual, obviamente se requería mayor calificación, capacitación y mejores salarios. Esa era la base para la construcción de una economía sana, sino de una sociedad de hombres libres. Al respecto cabe rescatar lo que sobre ambos clásicos escribió Karl Polanyi, que, por lo demás, tampoco era marxista.

"Completó lo que Smith y Locke habían comenzado: la humanización del valor económico; lo que los fisiócratas habían atribuido a la naturaleza, Ricardo lo reclamó para los hombres. En un teorema de amplísimo alcance, Ricardo invistió al trabajo de la capacidad única de constituir valor, con lo que reducía toda transacción concebible en la sociedad económica al principio del intercambio equitativo en una sociedad de hombres libres(4)"..

Recuperar la cordura, mirar con perspectiva los cambios

La manera cómo los gremios de empresarios han arremetido contra el pedido de los trabajadores de mejora de los jornales diarios realmente es absurda, y evidencia no solo la falta de perspectiva de no construir una relación equilibrada del capital – trabajo, sino que trasluce la poca valoración que tienen del trabajador. Lejos de compartir sus ganancias, lo que exigen es que el Estado siga asumiendo los costos sociales para que no se justifiquen incrementos salariales y mejore las condiciones de vida de la familia y los centros poblados donde viven. No reconocen que una mejora de salarios, de sus condiciones de vida tiene impacto directo en la mejora de la productividad del trabajador y torna más competitivos sus emprendimientos empresariales.

Félix Jiménez, profesor universitario y destacado economista que ha investigado sobre la importancia de mejorar la capacidad productiva y el talento humano de los trabajadores para beneficio de la producción. Dice al respecto:

"Los trabajadores como cualquier persona de la sociedad, deben ser alimentados, tener alojamiento, estar protegidos y educados, y tener buena salud. Su capacidad productiva y su talento humano constituyen un activo de la sociedad. El deterioro de este activo constituye un costo para toda la sociedad. Cuando los trabajadores perciben salarios inadecuados para satisfacer sus necesidades indispensables, se genera un costo social que alguien lo tiene que cubrir. Así, los bajos salarios que contribuyen al deterioro de la capacidad productiva de los trabajadores son trasladados a la sociedad. Esto es lo que está ocurriendo con el actual estilo de crecimiento de la economía peruana: la precariedad del empleo y los bajos salarios que pagan las empresas es asumido por el Estado con programas sociales que no restituyen la depreciación de su activo social". (5).

Decir que es la sociedad el que financia a las empresas agro exportadores gracias a la aplicación por veinte años de la Ley de Promoción Agraria no es ninguna acusación sin fundamento. Está debidamente registrado en un estudio de la OIT: “Los trabajadores agrarios y la Seguridad Social en Salud del Perú” publicado en el 2015 (6). Las conclusiones de dicho estudio señalaban que las empresas agroexportadoras solo pagaban el 4% a EsSalud mientras que las otras empresas, el 9%. (a partir de enero del 2020 la aportación se incrementó al 6%).

Los costos de atención de los trabajadores del sector de las empresas de la agro exportación se financiaban con el Fondo de Salud Agrario. El estudio en referencia detectó que al 2012, este Fondo era deficitario: “El Estado de Ganancias y Pérdidas del fondo señala un ingreso en el año 2011 de S/. 88.1 millones, mientras que sus gastos solamente por servicios médicos ascienden a S/. 244.2 millones.”

Respecto de las condiciones de salud de los trabajadores, el estudio en mención detectó que “Existe poca evidencia en el país sobre la identificación y las causas de las enfermedades ocupacionales en la agricultura. A partir de estudios de casos, se sabe que la agricultura presenta riesgos de enfermedades ocupacionales debido a las condiciones del trabajo realizado, entre otras: las largas jornadas bajo el sol, la posición en la que realizan sus labores y el contacto constante con agroquímicos.”

A la que se sumó otra conclusión: “Según la ENAHO 2012, del total de la PEA ocupada que forma parte del ámbito del SSA, el 39.6% y el 66.8% de los trabajadores declaran haber padecido problemas de salud crónicos y no crónicos, respectivamente. Se aprecia que existe una relación directa entre edad e incidencia de enfermedades, crónicas y no crónicas, determinando que la demanda por servicios de la salud se incrementa con la edad de las personas.”

Ya en el 2012, la OIT había recomendado incrementar la aportación de estas empresas del 4% al 9%, puesto que no encontraba ninguna justificación para no avanzar en este incremento. No quisieron aplicar esta recomendación. La sociedad peruana siguió subsidiando los costos de la salud de los trabadores de las empresas de la agro exportación.

Ocho años después el conflicto estalló con los niveles de violencia que ya hemos visto. Tenía razón la OIT, no había ninguna justificación para mantener los privilegios que gozaron los empresarios de la agro exportación.

Para salir de la crisis

Pongamos la discusión de la salida a esta crisis generada por el conflicto laboral de los trabajadores de las empresas de la agro exportación, en sus exactos términos. Es un conflicto laboral que debe resolverse estableciendo mejores condiciones laborales y una valoración del rol del trabajador en la generación de la riqueza. Basta de sembrar pánico en la población anunciando la catástrofe al país si les cortan a los empresarios los beneficios que gozaron por más de veinte años. Basta de exigir al Estado y a la sociedad peruana que asuman sus costos sociales manteniendo privilegios que solo ellos gozan y cuya ganancia no son compartidas equitativamente con los trabajadores que son, finalmente, los únicos creadores de la riqueza.

La construcción de una sociedad de hombres libres se basa precisamente en esta relación equilibrada entre el capital y el trabajo, y en la mejora de la capacidad del Estado en la supervisión y vigilancia del acatamiento de los derechos laborales y sociales adquiridos por los actores en conflicto.

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(1) Félix Jiménez: “Veinticinco años de modernización neocolonial. Críticas de las políticas neoliberales en el Perú”. Instituto de Estudios Peruanos. Lima 2017, páginas 236 y 256

(2) Adam Smith: “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”. Fondo de Cultura Económica. México 1981, página 96.

(3) David Ricardo: “Principios de Economía Política y Tributación”. Fondo de Cultura Económica. México, Primera Edición 1959, página 35.

(4) Karl Polanyi: “La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestros tiempos”. Fondo de Cultura Económica”. Tercera Edición. México 2017, página 187.

(5) Félix Jiménez: “Otra ruta de desarrollo para el Perú. Crítica del neoliberalismo y propuesta de transformación republicana”. Otra Mirada Ediciones. Lima, ,mayo de 2016, página 95

(6) OIT: “Los trabajadores agrarios y la Seguridad Social en Salud del Perú”, estudio elaborado por Julia Velazco - Rubén Cabello - Pablo Casalí. Organización Internacional del Trabajo. Primera edición 2015