La apropiación de la vida

Una vez más, la ultraderecha peruana (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País) ha vuelto a la carga contra las mujeres, ofreciéndolas como moneda de cambio en su afán por apropiarse de los valores sagrados occidentales: la religión, la vida, la familia y la patria. Durante la campaña electoral vimos ejemplos de ello; el jefe de Renovación Popular hablaba con la Virgen, mientras la líder de Fuerza Popular se adueñaba de la camiseta nacional. Desde que gracias a “tontos útiles” carentes de propuestas políticas decoloniales y sin conocimiento del tema -como las bancadas de Perú Libre y Bloque Magisterial- se ha conseguido los votos para apoderarse de la vida y la familia, la seguidilla de proyectos de ley encaminados no tanto a imponernos sus creencias como a hacernos creer que hablan ennoblecidos por el espíritu “de lo sagrado” ha seguido adelante.

Lamentablemente en nuestro país, como lo señalaba Mariátegui, la “feudalidad intacta” hizo que “la autoridad espiritual” -la iglesia católica y hoy la evangélica, proveniente del igualmente feudal sur norteamericano- prevaleciera sobre “la autoridad temporal” del Estado, y que los brotes de liberalismo defensor de los derechos del individuo (hoy lo “caviar”) no progresaran. Las propuestas políticas regionales llegadas al poder no han hecho hasta ahora sino perpetuar esa matriz feudal, autoritaria y colonial.

¿Cuál es la ganancia en esta apropiación? Quien se arrogue el poder de lo sagrado se convierte en el “elegido” que no necesita de elecciones, en el “defensor” de los valores a los que nadie debiera amenazar por ser absolutos. Sobre esa base funda su autoritarismo. El proyecto de la ultraderecha nacional es el mismo que el de la ultraderecha internacional: utilizar la religión contra el Estado, la vida del por nacer contra la mujer, la familia privada contra la cosa pública, la patria en defensa de un orden único sea cultural, racial o sexual.

Mientras esto ocurre, está en agenda del pleno apenas se inicie la próxima legislatura, el proyecto de ley 1520, destinado a preservar la vida. Este proyecto aspira a convertirse en una “Ley de protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y del entorno familiar”. La Defensoría se ha pronunciado mediante un Informe jurídico (N°001-2022-DP/ANA) contra este proyecto el 21 de julio.

Bajo una envoltura en lenguaje de derechos humanos y discriminación contra la mujer, sobre todo si se encuentra encinta, el proyecto combina una protección a la mujer embarazada mientras que al mismo tiempo pretende proteger la vida del concebido: “…entendemos así que las madres son sujetas al derecho de la protección y el concebido entendido como el inicio de la vida humana desde la fecundación está sujeto al derecho primogénito y fundamental que es la vida…”. Aparentemente, todo iría muy bien en el caso de que no hubiera un conflicto de derechos. ¿Pero qué ocurriría dice la Defensoría, si la madre fuera una niña violada? El supuesto está basado en cifras reales, entre el 1 de enero y el 15 de junio de este año se reportaron 518 niñas que fueron madres entre los 11 y 14 años. Desde el punto de vista psicológico, probablemente ninguna dio su consentimiento ni para la relación sexual ni para la maternidad. Desde el punto de vista físico, un informe de Ojo Público, dio a conocer hace unos días los daños de un embarazo y parto en el cuerpo una menor de 15 años dada la estrechez de la pelvis. El tema también ha sido parte de las campañas de Unicef para evitar los matrimonios de menores de edad que tienen como consecuencia, además de ser forzosos, el que luego de un parto, la vagina, la uretra y el recto queden con una lesión que no permite controlar la orina y las heces.

El proyecto, añade la Defensoría, va contra normas internacionales que han sido logros para proteger el derecho de las niñas, así como los de la mujer, y asegurarse que no se perpetúe en ellas el abuso reproductivo que las convierte en cuerpos gestantes aún a costa de sus vidas físicas, algo que protege la posibilidad de acceder al aborto terapéutico, legal en nuestro país.

Dos congresistas de Acción Popular, Hilda Portero y Pedro Edwin Martínez, votaron a favor de este proyecto autoritario en la Comisión de la Mujer. Martínez ha sido recordado por afirmar sobre los embarazos forzosos que “un niño cura las cicatrices de una violación”. Entre los casos históricos más recientes e impactantes de crímenes contra la humanidad, está la limpieza étnica durante la guerra en la ex Yugoeslavia en los años 90. Alrededor de 50mil mujeres bosnias musulmanas fueron confindas en “campos de violación” por tropas serbias a fin de quedar embarazadas. Se vigilaba su embarazo para que “dieran vida” a una etnia que no sería musulmana. La mayor parte de ellas obviamente “no se curaron”, como diría Martínez, gracias a estos “hijos del odio” como fueron llamados. Miles de niños que hoy tienen alrededor de 25 años tuvieron que afrontar el trauma de su nacimiento y les es difícil afrontar una vida sin familia ni raíces. Como ocurrió en otras guerras, al ser producto de la deshonra de un pueblo, fueron criados en otros lugares, lejanos a los hechos a fin de evitar ser estigmatizados.

Lo irónico es que el proyecto fue presentado por la congresista fujimorista Rosángella Barbarán, que siendo afrodescendiente podría saber que, en la historia latinoamericana de la esclavitud afrodescendiente, el “cuidar” un embarazo humano tenía fines económicos a semejanza de la crianza del ganado. Si se nacía de dos negros se era esclavo, y para ello había “una casa de engorde y reproducción en la que se daba “buen” trato a los negros, se les alimentaba copiosamente y se les ofrecía un alojamiento decente con la intención de fomentar la reproducción de los mismos” [^1]. Se privilegiaba la importación de esclavas mujeres a fin de contar con más vientres reproductores e incluso se ofrecía su libertad a las mujeres a cambio de un número de hijos. Total, importaba la reproducción de la “Vida” a secas, la reproducción de las crías, los hijos apropiados enriquecerían a sus futuros amos. No está muy lejos la lógica pro-vida de hoy, de que, si nacen hijos no deseados, estos “sean dados en adopción”.

Así es como los ultraderechistas sacralizan la vida para apropiarse de su valor sagrado, al margen de las responsabilidades y dificultades que conlleva una vida real desde que inicia su existencia. Importa el óvulo que apenas fecundado, ya se hace sujeto y convierte a su portadora, de sujeto en objeto-vientre dejando de lado su voluntad; importa el embrión invisible al que se exhibe gracias a la tecnología médica, mientras que se perpetúa la invisibilidad e impunidad del varón inseminador que en este país abandona a sus hijos; importa la vida como valor absoluto así esta sea usada para producir la muerte de la madre o para su manipulación biopolítica. Finalmente, importa el discurso sobre la defensa de la vida para hacer de la verdad una mentira.

[^1] Entre el control y el descontrol: estrategias biopolíticas sobre los esclavos negros en la Venezuela Colonial. Revista Euroamericana de Antropología | Nº 3 | Diciembre de 2016 - Dosier ‘Culturas e Identidades Afroamericanas’.