La creación de nuevas municipalidades no genera desarrollo

En los últimos tres años el Congreso de la República ha aprobado por insistencia la creación de 15 distritos y tiene en cartera 62 proyectos de ley que buscan declarar de interés nacional la creación de otros, y aunque esta no signifique la creación de un nuevo distrito, pone de manifiesto el interés político, a pesar que son otros los procedimientos y requisitos que la ley manda.

En el Perú existen 1874 municipalidades: 196 provinciales y 1678 distritales. Son pocas aquellas que estén libres de alguna crítica a la gestión de sus alcaldes. Los gobiernos locales sean de la costa sierra o selva, sean grandes o pequeñas, , tengan mucha o poca población, pasan por una serie de reclamos constantes; los principales a nivel nacional son: mejorar la prestación de los servicios locales (limpieza pública y ornato), el abastecimiento de agua y saneamiento , la electrificación y el mantenimiento de las vías de comunicación.

Desde los inicios de la República se han creado cientos de distritos por intereses políticos y económicos, sin considerar su sostenibilidad administrativa y económica, es decir ha primado lo político sobre lo técnico. Existen casos muy peculiares que demostrarían que no es lo económico ni lo social, menos la extensión territorial lo que determinara el éxito de una gestión. El distrito de La Victoria, ubicado en la capital, tiene importantes ingresos por la recaudación del impuesto predial, uno de los más altos en el Perú por tener a “Gamarra”, sin embargo, es un distrito con un bajo índice de seguridad ciudadana, deficiente prestación de servicios locales, y un nivel de endeudamiento que representa casi ocho veces sus ingresos anuales, es decir, una municipalidad que si hubiera sido una empresa, ya estaría al borde de la quiebra o podría ser declarada en insolvencia por no cumplir con sus proveedores. El distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado a nivel nacional, pero su nivel de recaudación de arbitrios e impuesto predial es de los más bajos, además posee un alto índice de morosidad; cuenta con servicios locales precarios e insuficientes, además de un nivel de endeudamiento casi 50% superior a su ingreso promedio. Del otro lado, existen distritos ubicados en zonas rurales de gran extensión pero que cada año van disminuyendo su población, existiendo municipalidades con menos de 200 contribuyentes, que son insostenible económicamente al no poder generar los recursos mínimos para mantener su administración local. Estos distritos prácticamente inviables solo sobreviven por las trasferencias del estado (FONCOMUN y CANON).

Uno de los requisitos para crear un distrito es determinar su sostenibilidad fiscal[1], tomando en cuenta la recaudación ordinaria corriente y el número de contribuyentes, es decir si puede generar sus propios recursos sin que ello signifique en gran medida alterar la sostenibilidad económica del distrito de origen: A esto se agregan los parámetros establecidos en el artículo 12 del reglamento de la ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, como la necesidad de una adecuada prestación de servicios administrativos y sociales, considerando la demanda y la accesibilidad de los mismos. Aunque las reglas están claras, se busca soslayar estos requisitos buscando solo la aprobación política, siendo el primer paso declarar de interés nacional la creación de un nuevo distrito

Hay que tomar en cuenta que crear un nuevo distrito implica separar una población, pueblo o ciudad de una organización administrativa existente, por el supuesto objetivo de mejorar su calidad de vida, pero esta separación supone además de la fragmentación territorial y social, la atomización del presupuesto local, debido a que el estado no asignará un nuevo presupuesto ni aumentará el existente sino dividirá el presupuesto del distrito de origen, peor aún se elevarán los gastos administrativos locales, por el aumento de la burocracia. Así habrá menos recursos para atender las demandas que antes tenían con mayores recursos.

Los promotores de estas iniciativas al no considerar los aspectos técnicos sino solo los políticos, que no siempre son coherentes ni están sujetos a un plan de desarrollo local no garantizan que una nueva administración “independiente” mejore las condiciones de vida de la población residente en el nuevo distrito, sin antes haber solucionado los problemas que tenían previamente en el distrito de origen. Lo único que hacen es desvestir un santo para vestir a medias a otro.

[1] Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales