La degradación de la reforma universitaria

En medio de uno de los momentos más álgidos de la crisis política que atraviesa el Perú, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que degrada flagrantemente la educación universitaria, dejando entrever el triunfo de un sector económico que no fue capaz de acreditar condiciones mínimas de calidad en pro de los estudiantes, ni a nivel administrativo ni judicial; así, la política es instrumentalizada, una vez más, como un canal para defender intereses económicos que lucran nefastamente con una institución con revestimiento constitucional: la educación universitaria.

Recordemos que la presunta injerencia ilegítima de la autonomía universitaria es un tema de recurrente cuestionamiento, desde la entrada en vigor de la Ley 30220, en julio del 2014; y, es a partir del contenido que deliberadamente se le arroga a esta garantía institucional – según los intereses preeminentes del momento – que se han construido una serie de fundamentos que pretenden derrocar la funcionalidad de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.

Por demás está decir, que el Tribunal Constitucional pretendió dejar zanjado el tema cuando respaldó la constitucionalidad de las políticas públicas desarrolladas en esta norma, a través del proceso de inconstitucionalidad recaído en el Expediente N° 0014-2014-PI/TC y otros. No obstante, el Congreso de la República, habituado a pasar por los límites del Estado Constitucional de Derecho, ha dado asentimiento parcial a un proyecto legislativo, tendenciosamente titulado: “Ley que propone restablecer la autonomía universitaria y la institucionalización de las universidades”, desnaturalizando la esencia misma de la Ley Universitaria, que algún día fue considerada como el derrotero que reivindicaría la educación, debido a que su calidad se encontraba sumergida en una profunda crisis.

Hoy vemos con temor, cómo la calidad de la educación – siendo está la extensión misma de la dignidad humana – se encuentra amenazada nuevamente, convirtiendo a la SUNEDU a un mero ente administrativo, desprovisto de sus facultades de control y supervisión. Y no podría ser de otra forma, si los ciclos de vida de las universidades han sido suprimidos, pasando a ser instituciones estancas e intangibles y, por tanto, la cancelación de sus licencias podría convertirse en un procedimiento inexistente a nivel jurídico, de ahí que las condiciones mínimas de calidad formarían parte de un texto retórico, sin posibilidad de eficacia.

Por otra parte, uno de los puntos que más llama la atención es el cambio de composición del Consejo Directivo de la SUNEDU y, aun cuando, el Tribunal Constitucional considere que estas prerrogativas congresales deben ser tenidas como cuestiones políticas no justiciables , no podemos pasar por alto que, en mérito a esta nueva ley, se está siendo más benevolentes en la adscripción de requisitos a sus miembros e, incluso, pareciese pasarse por alto la garantía del debido proceso exigible para su elección, creando una clima abierto para la arbitrariedad. Ello, sin mencionar que el Superintendente será seleccionado entre estos representantes, lo cual contrarrestaría claramente su independencia funcional.

Sin pretender agotar las reflexiones sobre la debacle política que se avecina, esperamos que estas observaciones sean objeto de una deliberación más incisiva, en el que primen los intereses públicos y no los particulares.