La denuncia de la Fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y la Resolución de la OEA

¿Es la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación una vía clara y rápida para acusar y retirar del cargo a Pedro Castillo?

Ese es el objetivo de la Fiscal Benavides y muchos han creído que servirá para eso, pero no será así. Constitucionalistas de diferentes orientaciones están en desacuerdo en que para ello, como la denuncia pretende, se pueda inaplicar el artículo 117 de la Constitución y en su lugar usar la Convención de la ONU contra la Corrupción por una simple decisión del Congreso y sin pasar por una reforma constitucional.

Entre esos constitucionalistas están tres conservadores como Ernesto Blume Fortini, Ernesto Álvarez Miranda y Domingo García Belaúnde. Coinciden, en eso, otros tres de perfil más bien progresista, como Eloy Espinoza Saldaña, Ana Neyra y Beatriz Ramírez. Ninguno defiende la continuidad de Castillo en la presidencia, pero coinciden en que para acusarlo y retirarlo del cargo tendrían que usarse otras soluciones. Por ejemplo, la vacancia, o una acusación por infracción a la Constitución, que necesitan altas votaciones a favor no alcanzables por ahora. Piensan además que las otras opciones, como derogar o modificar el artículo 117, requieren de reformas de la Constitución o del reglamento del Congreso, que también exigen tiempo o votaciones calificadas.

El propio general Williams, presidente del Congreso, se siente muy inseguro con la denuncia de la Fiscal de la Nación. Por eso, presentó una consulta al Tribunal Constitucional para que aclare sus dudas. Lo más probable es que no le respondan porque no es rol del TC. Por lo tanto, la vía planteada por la Fiscal Benavides, podrá haber sido impactante, pero está muy lejos de estar despejada y ser rápida.
¿Por qué la Fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional con un planteamiento que iba a resultar así de controvertido?

Porque desde que asumió el cargo Patricia Benavides ha querido llegar inusualmente rápido a la acusación y posible destitución de Castillo. Este comenzó a ser objeto de investigación preliminar en mayo de este año. El plazo que hay para culminar este tipo de investigaciones preliminares es de 36 meses. La Fiscal asumió su cargo el 1 de julio último. El 11 de octubre, apenas 3 meses 11 días después de su toma de cargo, declaró terminada su investigación preliminar, y presentó su denuncia constitucional con el planteamiento altamente discutible que hemos visto.

Una de las razones que ha dado la Fiscal de la Nación para culminar abruptamente su investigación preliminar y hacer ese planteo es que Castillo y su gobierno están obstruyendo su investigación y no la dejarán avanzar más. Pero a la vez, ella y sus fiscales, se jactan de haber logrado, en tan corto tiempo, 190 gravitantes indicios que les hace tener una certeza enorme de que podrán llegar hasta la acusación. Ahí hay una contradicción obvia.

De hecho, pese a las acciones de Castillo para tratar de obstruir las investigaciones que lo afectarían, los jueces vienen concediendo todos los pedidos de detenciones preliminares solicitados por el Ministerio Público. También hay un buen número de delatores premiados que están entregado información a los fiscales. De allí han salido la mayoría de indicios que celebra la Fiscal Benavides. Pese a las acciones de Castillo, lo que se advierte es que las investigaciones preliminares podrían seguir avanzando, pero al parecer la cabeza del Ministerio Público está impaciente por acusar a Castillo.

¿Los indicios presentados en la denuncia constitucional contra Castillo tienen un buen fundamento?

Una parte de ellos sí. Pero otra parte significativa no y refleja la precipitación con la que se quiere concluir la investigación preliminar. Hay periodistas que lo han hecho notar. Cuando quiere demostrar la obstrucción del gobierno a su trabajo, la Fiscal Benavides alude a un supuesto intento de asesinar a los oficiales investigadores y pone como fuente al canal Willax. También alude a un supuesto dron que habría sobrevolado la casa de la FN para amedrentarla. La fuente: Peru 21.

También son poco persuasivos los organigramas de la alegada organización criminal que Castillo conduciría. Muestran diferentes brazos especializados en diversos campos de actuación que, por no encajar con el conocido vacío de talento organizativo de Castillo, más parecen ser el resultado de tener que presentar, como sea, un organigrama, pero no de evidencias sólidas.

Un examen en detalle de esos 190 “elementos de convicción” muestran bastantes más debilidades. Estas, con seguridad, son consecuencia, primero, de la precipitación en presentarlos. Y segundo, de la confianza excesiva en las versiones de los testigos protegidos y colaboradores eficaces que hablan para eludir la prisión o condenas casi seguras.

¿La resolución acordada en la reunión extraordinaria de la OEA tiene un sesgo favorable a Castillo y hace prever que la misión que venga al Perú se dedicará a defender a Pedro Castillo?

Podría parecer que sí, porque el texto expresa “su solidaridad y respaldo con el gobierno democrático de la República del Perú”, pero no será así. A lo que vendrá esa misión es a recoger información para proponer las mejoras institucionales que ayuden a revertir la recurrente polarización Ejecutivo – Congreso. El otro propósito es promover el diálogo entre los principales actores políticos e institucionales. Y finalmente, elevar un informe a al Consejo Permanente sobre la situación en el Perú. Todo ello en cumplimiento del compromiso con la Carta Democrática Interamericana (CDI) para prevenir las amenazas a la democracia en el continente.

La expresión de respaldo al gobierno democráticamente electo no debe entenderse como una defensa de Castillo sino de la democracia peruana. Nace de la fundada percepción que tienen todos los representantes ante la OEA de que se han estado realizado una serie de ataques al orden democrático peruano.

Allí figuran desde el intento de desconocer los resultados de las elecciones de 2021, hasta el forzamiento de las normas para tratar de llegar a la destitución del presidente por vías no constitucionales. Eso va desde los intentos precoces y no fundados para vacar al presidente en diciembre de 2021 y marzo de 2022, hasta una acusación absurda contra él por una inventada traición a la patria. El último de estos aprestos para destituirlo por un procedimiento no constitucional, es la propuesta incluida en la denuncia de la Fiscal de la Nación contra él.

Todo esto es real, y de eso los miembros de la OEA se enteran por los medios de la prensa internacional, o por sus embajadas en Lima, que reportan a sus sedes nacionales lo que pasa aquí. Por eso, la resolución mencionada fue aprobada por aclamación de todos los miembros del Consejo Permanente.

¿Es una expresión de sesgos a favor de Pedro Castillo el hecho de que no se mencionaran los casos de corrupción por los que se le investiga?

La reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, como todas las instancias de las organizaciones supranacionales, deben desarrollarse con apego a la agenda para las cuales son convocadas y programas. Esos casos de corrupción no eran parte de la agenda de esa reunión. Y no podían serlo porque todos ellos, así como buena parte de los personajes sometidos a investigación, son ahora un asunto interno en Perú. Si alguna vez llegan a la OEA, no será ante su Consejo Permanente, sino ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cuál de estos acontecimientos inducirán un cambio positivo en el Perú: la denuncia de la Fiscal Benavides contra Pedro Castillo o la resolución del Consejo Permanente de la OEA?

Lo más probable es que la denuncia de la Fiscal de la Nación contra Castillo solo añada más confusión, subjetividad y odio a los debates que ocurren en el Perú desde junio de 2021. Aunque no es función de la Fiscalía resolver la crisis política que vivimos, sino investigar los delitos y acusar a sus autores, no debería hacerlo de un modo que agrave esa crisis.

En cambio la misión de la OEA significará la aparición, en nuestra escena, de un nuevo actor que puede contribuir a que en los debates nuestros reaparezcan los principios necesarios para revertir la erosión de nuestra democracia. En particular, puede servir como un incentivo para que los ciudadanos mismos comiencen a tomar la palabra para contrarrestar la deriva autoritaria que viene asomando.