La desatención de la pobreza urbana en el Perú: ¿una paradoja frente a la experiencia latinoamericana?

Si algo sabemos del impacto de la Covid-19 es que no ha sido un virus democrático. El mayor peso de la crisis se ha impuesto sobre quienes ya estaban en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, incluso entre los pobres, este impacto no ha sido homogéneo.

De acuerdo con Cozzubo y Herrera, los hogares pobres de las zonas urbanas se vieron más afectados en comparación con aquellos ubicados en las áreas rurales. Tratar de desentrañar todas las aristas de esta problemática no es mi objetivo en esta columna, pero es muy posible que, en gran parte, la explicación se encuentre en las carencias del sistema de protección social peruano para cubrir a la población pobre urbana.

Desde su creación, el programa social Juntos fue diseñado con un mecanismo de focalización geográfica, limitando su intervención únicamente hacia los distritos rurales del país. En los 15 años de vida de Juntos y a pesar del aumento de beneficiarios del programa, este criterio se ha mantenido. De igual forma, ante el incremento de las cifras de pobreza urbana desde el año 2013, reportado por el INEI, no han surgido programas alternativos para cubrir a la población en situación de pobreza de estas zonas. ¿Qué explica esto?

La experiencia latinoamericana muestra que el contexto político puede ser determinante para la expansión o no expansión de los programas sociales. En contraste con el caso peruano, los programas de otros países latinoamericanos cubren tanto a la población pobre rural como a la pobre urbana. Brasil, Chile y Argentina se distinguen porque sus programas de lucha contra la pobreza se diseñaron sin criterios de focalización geográfica(1), mientras que México y Colombia eliminaron este instrumento con el objetivo de permitir la cobertura de distritos urbanos en 2001 y 2007, respectivamente.

En todos estos casos, tanto la competencia en el sistema de partidos como la presión social impulsaron una mayor cobertura de la población vulnerable. En el año 2007, el gobierno uribista expandió Familias en Acción hacia las zonas urbanas con el objetivo de recibir una recompensa electoral ante la creciente competencia por el voto de los sectores informales. En Brasil, en el año 2003, el gobierno de Lula da Silva creó Bolsa Familia para consolidar el apoyo sin precedentes que había recibido en las elecciones por parte de votantes de bajos ingresos.

En el Perú, los incentivos electorales para expandir la política social son casi inexistentes. En primer lugar, la falta de un sistema institucionalizado con partidos programáticos, horizontes temporales de largo plazo, así como una continua renovación de la clase política ocasiona que los políticos prioricen políticas de su propio interés, efectistas y de corto plazo. En segundo lugar, la ausencia de vínculos entre los partidos y la sociedad civil resulta en una brecha de representación que dificulta el escalamiento de las demandas de la sociedad. Así, a diferencia de los programas de lucha contra la pobreza de la región, las condiciones políticas peruanas generaron la ausencia de programas sociales abarcativos, dejando a la población pobre urbana sin un sistema de bienestar que los proteja en tiempos de crisis.

Contar con programas sociales que atienden a amplios sectores de la población vulnerable permite tener información actualizada sobre su localización y grado de vulnerabilidad. En tiempos de pandemia, este conocimiento ha sido crucial para que los Estados respondan de forma más rápida y eficaz a la urgencia de las familias afectadas. Este ha sido el caso de países como Brasil y Chile que contaban con el 50% y 75% de la población incluida en el registro social.

En suma, la falta de un “piso” de protección social en las áreas urbanas ha dejado más expuesta a la crisis a la población pobre y vulnerable ubicada en estas áreas. Si antes la implementación de políticas sociales con menores brechas de cobertura era una tarea pendiente para nuestra democracia y élite política, hoy la pandemia nos insta a reconocer la urgencia y necesidad de identificar y atender la pobreza urbana. En este panorama, se abre una puerta para repensar qué buscamos lograr con los programas sociales, así como los criterios bajo los cuales determinamos que sectores de la población deben ser priorizados por el Estado. Las decisiones que se tomen hoy en materia de política social serán determinantes para las crisis del futuro.

(1) El criterio principal es por comprobación de medios de vida.

Referencias:

Cozzubo, Angelo & Herrera, Javier (2020). Focalización de programas sociales, vulnerabilidad y atención en situaciones de emergencia. Revista Ideele. Recuperado de: https://www.revistaideele.com/2020/05/04/focalizacion-de-programas-sociales-vulnerabilidad-y-atencion-en-situaciones-de-emergencia/ Garay, Candelaria (2016). Social policy expansion in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, A. (2012). The Last Shall be First: Political Dimensions of Conditional Cash Transfers in Brazil. Journal of Policy Practice, 11(1-2), 25–41. Nupia, O. (2011). Anti-poverty programs and presidential election outcomes: Familias en Acción in Colombia. Documentos CEDE, 1-27.

Zavaleta, M. (2014). Coaliciones de independientes: las reglas no escritas de la política electoral. Instituto de Estudios Peruanos.

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Valery Maco. La columna fue revisada por el Grupo Sofía como parte de una colaboración entre Grupo Sofía y Plataforma Comadres para fomentar la mayor presencia de mujeres jóvenes en el espacio público.

Valery Maco es estudiante de último año de Ciencia Política en la PUCP. Ha investigado temas de políticas educativas, política subnacional y políticas sociales, especialmente programas de lucha contra la pobreza.