La justicia peruana tiene que hablar en nuestras lenguas originarias

Lo que sucedió hace dos semanas en la audiencia de inicio del juicio por las esterilizaciones forzadas perpetradas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, muestra una vez más que nuestro sistema de justicia sigue reproduciendo prácticas discriminatorias contra las personas indígenas y campesinas. Suspender la audiencia por falta de traductores e intérpretes es una tremenda falta de respeto hacia las víctimas que esperaron tanto tiempo por justicia. El Poder Judicial tuvo la responsabilidad de garantizar que el acceso a justicia debió darse bajo los enfoques que demanda nuestra sociedad, sobre todo cuando se trata de personas vulnerables cuyos derechos históricamente han sido negados por este Estado monocultural y hegemónico.

Lo mínimo que tenía que hacer el Estado -con pertinencia cultural y lingüística- era garantizar Derechos Humanos ganados y consagrados y que se contará con traductores e intérpretes en lengua originaria para que las victimas de las esterilizaciones forzadas pudieran brindar sus testimonios y acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Sin embargo, la realidad en nuestro país supera los mandatos normativos, poniendo en evidencia de que el sistema de justicia no suele brindar un servicio pertinente a la cultura y a la lengua.

Muchos ciudadanos difícilmente acceden a justicia por el hecho de ser hablantes de lenguas originarias, porque los operadores de justicia no tienen ni el enfoque ni las competencias interculturales para brindar un servicio acorde a la realidad socio lingüística de miles de ciudadanos. Ante ello, es necesario llamar la atención al Estado, sobre todo cuando estamos a puertas de celebrar el bicentenario de la independencia. No es justo que en estos tiempos tengamos un Estado que discrimina, descalifica y minimiza a las poblaciones originarias que buscan justicia y respeto a su dignidad por los vejámenes perpetrados por el gobierno fujimorista.

Un servicio público de calidad se mide en función a la satisfacción de los usuarios, y en este caso cuando se trata de poblaciones vulnerables y negadas históricamente por ser “los otros” considerados inferiores por pensamientos coloniales, es clave que accedan a la justicia y que lo hagan en su lengua y su cultura. Pero llegando al bicentenario de la independencia nuestras principales instituciones que brindan servicios vinculados a Derechos Humanos, aún no logran romper con los estereotipos que normalizan la discriminación y la exclusión.

Estamos atravesando situación crisis terrible por la pandemia del covid-19 y por las constantes crisis políticas que no ayuda a generar agendas importantes para el país, y mucho menos en formación ciudadana con competencias interculturales. Pero hay que insistir, porque estos temas son también de mucha importancia. Si queremos ser una sociedad moderna que respeta a todos y todas por igual, sin importar sus diferencias y sobre todo con un Estado igual para todos que no otorgue privilegios a unos cuantos.

En ese sentido, es importante recordarles a todos los aspirantes a la presidencia de la república y al congreso que esta necesidad es muy urgente y requiere iniciativas normativas y políticas para lograr un Estado al servicio de todos los peruanos. Un Estado que asuma las diferencias, la pluriculturalidad y brinda respuestas bajo un enfoque intercultural en sus servicios, haría que el Perú sea un país distinto y con muchas oportunidades para el desarrollo humano de aquellos a los que siempre se les negaron por el simple hecho de ser “los otros”.