La Ley Agraria en el limbo ¿hacia dónde ir?

El Congreso lo volvió a hacer…y esta vez con alta responsabilidad del propio Ejecutivo. Cuando el país esperaba se promulgue una nueva ley agraria que (por lo menos) resolviera alguno de los problemas de los trabajadores agrícolas movilizados, los congresistas no se pusieron de acuerdo--o pesaron más las fuertes presiones empresariales--y terminaron votando en mayoría por la abstención. El proyecto quedó en el limbo (no fue aprobado ni rechazado) y se envió a la comisión de economía donde tiene pronóstico reservado dado el corto plazo de la extensión de la presente legislatura. El día de hoy, lunes 21 de diciembre, miles de trabajadores agrícolas volvieron a bloquear la vía Panamericana en los valles de Ica y Virú.

El ejecutivo tiene también gran responsabilidad en lo ocurrido por no haber tenido una propuesta adecuada para el tema laboral agrícola. Este gobierno envió a los ministros de Economía y Trabajo (sin al parecer tomar en cuenta al de Agricultura) a boicotear el inicial proyecto de ley aprobado por la comisión multipartidaria y que tenía algunos avances en la dirección correcta hacia un mayor salario básico agrícola y más protección para los trabajadores, aunque también con fallas como seguir licuando la CTS y no diferenciar a la gran agroexportación.

El ejecutivo parece no terminar de entender que está ante un enorme conflicto laboral que no se va a resolver con buenas intenciones ni manteniendo las cosas como están, en un sector que por los abusos de la propia ley derogada hoy no tiene sindicatos para más de 300,000 trabajadores agrícolas. Este sector precarizado es inmanejable en un contexto de pandemia, un altísimo desempleo urbano (estimado en 3.5 millones de personas a nivel nacional) y creciente debilidad del novato gobierno transitorio. Agreguemos a esto la ubicación estratégica de los trabajadores agrícolas que viven a lo largo de la carretera Panamericana en toda la costa peruana, y tenemos lo que tenemos.

Por obra y gracia de una mayoría abstencionista y calculadora en el Congreso y de un Ejecutivo sin brújula, la pelota ha sido devuelto a los propios trabajadores movilizados que esta vez difícilmente van a declinar sus protestas si no consiguen lo que están demandando (subir la remuneración agraria a 70 soles). Al respecto, una salida viable es que la norma defina una remuneración agraria especial de 1.5 RMV para empresas con más de 100 trabajadores o más de 1,700 UIT de ventas. Este 50% se justifica plenamente porque, en promedio, un trabajador agrícola labora 8 de 12 meses, y requiere cubrir el ingreso básico durante todo el año. Esto equivale a 15 soles diarios adicionales para más del 90% de trabajadores en el sector agroexportador (que es la mitad de lo que están demandando). Esto es absorbible con menores utilidades para enormes grandes empresas beneficiadas alegremente con generosas exoneraciones tributarias y mano de obra barata por más de dos décadas. Cabe decir que el sector agroexportador este año ha seguido creciendo en 6% en plena pandemia mundial.

Además es importante que la nueva norma reconozca el pago de la CTS como un fondo de desempleo para los trabajadores (licuarla en la remuneración diaria es un contrasentido), y se defina con mucha claridad las condiciones de contratación que permitan una sindicalización importante tanto por empresa como por rama de actividad en el sector. Si la nueva norma no tiene estas características, este conflicto no se resolverá, más bien se agravará.

Para que escuche el gobierno. Los trabajadores agrícolas están negociando por primera vez colectivamente, pero como no hay canales institucionales debido al modelo desprotector del trabajo que les impusieron, sólo les queda hacerlo ante el Congreso y el propio gobierno. Esto ocurre por no tener una mínima institucionalidad para la negociación de sus condiciones salariales y de trabajo, todo gracias a veinte años de Ley Chlimper (y sus diez años de regalo gracias al señor Vizcarra y amigos). La responsabilidad de esta crisis está ahí, no en los trabajadores que estás desesperados y han sido perjudicados por esta situación durante tanto tiempo. Esperamos que esta vez el Congreso y el Ejecutivo sí se den cuenta que lo más urgente es resolver este problema con medidas que creemos son viables y tienen sentido económico y social dadas las circunstancias. Si por el contrario insisten en seguir como el avestruz, con la cabeza enterrada ante la realidad, vamos todos a terminar otra vez en una grave crisis de gobernabilidad que es lo que menos necesitamos en estos difíciles momentos.