La lucha Awajún contra la minería ilegal

Ejecutivo y Legislativo acaban de ingresar a otro capítulo de su despreciable guerra de tronos. El primero, ocupado por una versión corrompida de la izquierda, para conservar el poder que tiene y seguir medrando. El segundo, copado por una derecha autoritaria, que quiere el poder total para hacer lo mismo a escala mayor. La gran mayoría de los ciudadanos rechaza a los personajes que encarnan a ambos polos, pero solo atina a observar impotente mientras graves problemas están asolando al país y poniendo en peligro nuestro futuro. Muy lejos de las sedes del poder y de los estudios de televisión, el pueblo awajún enfrenta casi en solitario uno de esos problemas nacionales, la minería ilegal. Y lo hace sin otro poder que el de su propia convicción, un bien escaso entre los peruanos de estos momentos.

Obligados a la acción directa

Este último 22 de mayo, las comunidades Awajún del río Cenepa pasaron a la acción directa contra los mineros ilegales instalados con veinte dragas en diversos recodos del río. Extraen oro utilizando el mercurio que contamina las aguas y pone en peligro sus vidas. Defendiéndose a sí mismos, a sus hijos y a su ecosistema y, acompañados de comuneros reservistas, quemaron dos dragas, retuvieron parte de sus equipos y detuvieron a 7 mineros, a los cuales pusieron a disposición de la fiscalía de la zona.

Estaban cansados de ser peloteados por el Estado, específicamente por las autoridades locales de los ministerios del Interior, Ambiente y Defensa. Una semana después de la acción que tomaron, los mineros entregados a la fiscalía estaban libres otra vez, había una situación muy tensa, y varios líderes indígenas, con sus compañeros, estaban acuartelados en una de sus sedes previniendo las represalias de sus enemigos. Una de las lideresas awajún fue enviada a Lima para gestionar que el gobierno y el Estado cumplan sus funciones de cautelar sus derechos, poner orden y garantizar la paz en su hábitat.

Augostina Mayan Apikai es el nombre de esa lideresa. Es una de los y las dirigentes de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, ODECOFROP, que agrupa a 60 comunidades awajún, en los territorios de la Cordillera del Cóndor, escenario de la recordada guerra con el Ecuador.

Augostina vino de vocera a Lima porque es una de las defensoras ambientales de su pueblo. En los medios a los que pudo acceder ha contado como la depredación de los mineros ilegales no solo está contaminando su medio ambiente sino dividiendo a su pueblo y a su propia familia. La pobreza, las necesidades, la labia compradora de los mineros y la desatención estatal ha convencido a algunos que más les conviene alquilar los lugares en los que se ubican las dragas.

Los Awajún tienen como adversarios no solo a los mineros, sino también a los cercanos cultivadores ilegales de coca para el narcotráfico y autoridades locales coludidas con los intrusos. Pese a la enorme justicia de su causa, la tienen difícil, no solo por la capacidad de avance de los depredadores, sino porque Gobierno y Congreso, como sabemos, están concentrados en sus propios negocios.

La causa de los Awajún del Cenepa es una causa nacional

Lo que viven los Awajún del Cenepa se vive también, en dimensiones mayores, en otros lugares del país. En un estudio publicado el año pasado se informa que existirían unas 400 mil personas dedicadas a la minería ilegal en todas las regiones, afectando 25 millones de hectáreas. Esta actividad produce al año, según los autores, 24 mil kilos de oro y vierte 48 mil kilos de mercurio en las aguas de los ríos. Esa cantidad de oro ilegal fue, en 2019, equivalente a la tercera parte de toda la producción legal de oro. Se calcula que, entre 2015 y 2019, se exportaron 1,500 toneladas de oro de procedencia desconocida. En total, la minería ilegal produciría unos 2,511 millones de dólares al año.

Todo esto le da poder a esta actividad no solo para seguir destruyendo el ambiente, sino para cooptar aliados entre los lugareños, corromper funcionarios de todo tipo en los tres poderes del Estado, pagar fuerzas de choque y articularse con otras actividades criminales como el contrabando, el lavado de activos, y la trata de personas. No es ninguna exageración que su ataque impacta en la propia economía y en la seguridad nacional. Cuando los Awajún los enfrentan, hacen lo que todos los demás deberíamos hacer: movilizarse, actuar.

De qué se alimentan las economías delictivas

Este tipo de actividades se alimentan de una serie de rasgos que marcan muy profundamente el rostro del Perú, algunas de las cuales se han acentuado más con la pandemia del COVID y sus secuelas. Más del 70 % de informalidad en la economía; zonas íntegras de las fronteras controladas por el contrabando; otras zonas del interior, poco accesibles, copadas por el narcotráfico o la tala ilegal de madera; infiltración metastásica de la corrupción en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes estatales, lo cual debilita el imperio efectivo de las leyes por buenas que sean; lavado de activos que ha desbordado la capacidad de control de las instituciones encargadas; una pobreza omnipresente y agravada; y finalmente unas perspectivas de futuro que no motivan a la acción resuelta de la gente para recuperar al país. Por el contrario, esas perspectivas generan desmoralización, el "sálvese quien pueda" mediante el refugio o la emigración individual, incluso el enrolamiento en las actividades ilegales.

Madre de Dios y Puno son dos regiones que, por condensar todos esos rasgos, sirven de metáforas territoriales para lo que ocurre en todo el resto del país, incluida la ciudad capital, Lima. En ella no hay tala ilegal de madera ni minería ilegal, pero en ella reside la mayor complicidad con toda la economía criminal, quizás porque a ella va a parar la mayor cantidad de sus ganancias.

Buena parte de lo señalado está ilustrado en la investigación mencionada. Incluye una serie de propuestas dignas de considerarse y la mención a un marco legal que sería positivo si se lo aplicara. En sus conclusiones, los pronósticos no son optimistas, sino moderadamente pesimistas, de un cierto realismo además. Difícil que sea de otro modo, son demasiados los incentivos para el crecimiento de actividades como las de la minería ilegal y muy poca y precaria la capacidad de respuesta de las instituciones y de la ciudadanía.

Así que los líderes Awajún del Cenepa como Augostina Nayap, Zebelio Kayap y Hortez Baitug, actual presidente de ODECOFROP, libran una lucha muy desigual, contra una corriente enormemente adversa y peligrosa. Sus aliados activos son muy pocos: algunas ONG de derechos humanos y ambientalistas, pueblos vecinos como los Wampis, organizaciones amazónicas como su central nacional AIDESEP o instituciones como la Defensoría del Pueblo. Ya han sido agredidos y permanecen amenazados por los depredadores, mineros o cocaleros, en un ámbito donde no hay policía y el Ejército no tiene entre sus funciones controlar a los conflictos sociales, salvo encargo legal específico.

Rendirse no es una opción

Entre los Awajun no hay lugar para el pesimismo. No lo hay por una simple cuestión de sobrevivencia. Rendirse sería letal para su pueblo. Como otros pueblos indígenas, en su historia ya han pasado por circunstancias amenazantes o muy violentas. Hace apenas unos 15 años pasaron por el trauma del "Baguazo" por el pecado de oponerse a unos decretos legislativos dictados para despojarlos de su territorio, a ellos y a todos los indígenas amazónicos. Aun ahora todavía hay awajunes enjuiciados a raíz de esos sucesos. Hace poco fueron asolados por el COVID, muy lejos de la protección del Estado, como otros pueblos. Así se les ha ido pagando por el servicio que prestaron al país cuando en los años 90 muchos awajún vistieron el uniforme del Ejército para defender al Perú en la cordillera del Cóndor.

Así que no es la primera vez que tienen que actuar para defender su sobrevivencia ni la primera en que, haciéndolo, defienden la de todos los demás peruanos. Además de la conciencia de las amenazas que los rodean, la fuerza de carácter para hacerlo les viene de su enorme identificación con el ecosistema y con su cultura como pueblo amazónico. También de experiencias anteriores de ellos mismos y de otros pueblos que pudieron resistir por que supieron movilizarse, unirse y convocar la solidaridad de otros sectores del país.

Ya en 2018, sus vecinos Wampís, enfrentaron una similar incursión de mineros ilegales en sus ríos. Tuvieron que movilizarse igual. En ese momento sí hubo una reacción oportuna y adecuada de los sectores estatales con competencia en el tema y pudieron expulsarlos. Hoy, como sabemos, la agenda política y la de los medios está capturada por temas que no tienen nada que ver con el interés nacional ni con nuestro futuro como país, fuertemente amenazado.

Hablando ante una de las radios a las que pudo acceder en Lima, Augostina Mayán informó el trance que vive su pueblo y dijo: “Somos aliados del Estado contra este mal para tener el buen vivir y el Estado nos tiene que proteger". De hecho, se dirigía más al resto de peruanos que al Estado. El buen vivir al que se refiere es el de toda la nación, dejarlos solos en temas como el medio ambiente o las economías criminales es simplemente suicida.