La lucha de las Familias Unidas por Justicia. Ni una Asesinada Más

Sandy Evangelista perdió a su hermana Nelva en febrero de 2006. Llevar a cuestas el duelo del feminicidio de su entrañable hermana, comprender las historias detrás de otras víctimas, conocer la condición post feminicidio de los niños y niñas huérfanas, vivir el maltrato de los operadores de justicia, alzar la voz para ser escuchadas por el Estado, es decir, enfrentar día a día los avatares de un sistema patriarcal, llevaron a Sandy al límite. Su vida no volvió a ser la misma, por ello, junto con otras deudas –también víctimas indirectas de los feminicidios–, decidieron unirse y conformar el colectivo 'Familias unidas por justicia: ni una asesinada más' que hoy agrupa a veinte familias de afectadas.

Incansablemente, buscan que la justicia se traduzca en apoyo social, para que las huérfanas y los huérfanos de las mujeres asesinadas puedan continuar sus proyectos de vida. Muchos de los niños, niñas y adolescentes han sido testigos presenciales del asesinato de su madre a manos de su padre o conviviente. Para lograr sobrevivir a esa imagen familiar y construir un camino propio, precisan de ayuda psicológica y probablemente tratamientos médicos por el período de tiempo que sea necesario para su recuperación. Para potenciar y canalizar sus habilidades, talentos y motivaciones deben acceder a becas de estudio y contar con posibilidades concretas de acceso a la recreación y la cultura.

Otra cara de la situación la encarnan quienes se ven bajo la inesperada responsabilidad de hacerse cargo de los huérfanos y huérfanas. Los abuelos y las abuelas, son por lo general, quienes asumen dicha tarea a pesar de ser personas dependientes que no cuentan con un trabajo remunerado, ni con la salud mental o la fuerza física necesaria para cuidar de sus nietos en estado de orfandad. En ese sentido, el núcleo real de víctimas indirectas de feminicidio, además de los hijos e hijas se extiende a las madres, a los padres, e incluso a las hermanas y hermanos –como en el caso de Sandy Evangelista– de las mujeres asfixiadas, apuñaladas, abaleadas, descuartizadas, incineradas. Este núcleo extendido también necesita de tratamiento psicológico, de atención medica, oportunidades de estudio y reinserción laboral, según sea el caso.

El contexto se agrava aun más cuando la economía familiar se torna insuficiente. Es por ello que, desde el colectivo 'Familias unidas por justicia: ni una asesinada más', se ha pedido un bono económico para las víctimas indirectas de esta tragedia social. Frente a tan urgente y agobiante situación, el Estado peruano mediante el Decreto Supremo n.° 089-2020-EF (publicado el 22 de abril de 2020 en el diario El Peruano), respondió al pedido y tomó la decisión de transferir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la suma de S/ 2’643,216 para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas, contemplado en el Decreto de Urgencia n.° 005-2020. Esta asistencia económica se traduce concretamente en 300 soles mensuales por hija, hijo o persona economicamente dependiente de la víctima, y debe ser administrado por la persona que asuma la custodia de la víctima indirecta de feminicidio. Sin embargo, quien asume la custodia no está incluida como beneficiaria del bono y debe cargar con el costo economico-burocrático extra que implica el cobro y la administración de dicha ayuda: abogados, tiempo invertido, transporte, e incluso lidiar con el acoso y las constantes amenazas de los perpetradores, etcétera.

Si bien, las Familias Unidas por Justicia reconocen que el bono –efectivo dentro de 45 días hábiles– es un esfuerzo del Estado para asistir a las familias afectadas, señalan a continuación algunos puntos críticos, sólidos en su argumentación, que esperan que el Estado los tome cuanto antes en consideración:

–Que el bono por asistencia sea incrementado al 70% del salario mínimo, lo que equivale a 650 soles.

–Que el subsidio no tenga un máximo de 3 bonos por familia como declara el Decreto de Urgencia sino por cada víctima indirecta (niño, niña, adolescente o persona dependiente) del grupo familiar.

–Que este subsidio les sea asignado a las y los beneficiarios sin importar que el caso judicial esté en última instancia.

–Que se proporcionen becas sociales para que los y las hijas víctimas indirectas mayores de edad puedan continuar sus estudios.

–Que se resuelva la correcta clasificación de los casos de las víctimas. Para ello debe extenderse el núcleo de afectadas indirectas a las madres, padres, hermanas o hermanos que hayan dependido de la víctima.

En suma: ante un feminicidio las personas afectadas son muchas y el subsidio debe contemplar la atención familiar integral en sus necesidades básicas de desarrollo lo que debe incluir también los gastos de recreación y los gastos de administración por parte de la persona a cargo de la custodia.

Ahora, a la difícil situación que atraviesan las víctimas indirectas de feminicidio se suma una nueva preocupación social en el contexto global de la pandemia sanitaria: la posible liberación de los presos por feminicidio y/o violencia sexual hacinados en los penales. En el Perú, estos delitos no han cesado, por el contrario, durante el Estado de Emergencia Nacional se han cometido al menos 7 feminicidios y 80 violaciones sexuales a mujeres y 57 a niñas. Por ello, el Estado ha dispuesto el Decreto Legislativo Nº 1470 (27 de abril) que fija medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la pandemia. En ese sentido, las y los familiares de las víctimas piden que no se les de mayor beneficio a los presos por violencia de género que están en prisión preventiva, ni a quienes están próximos a ser sentenciados o cumplir su sentencia, así sean estos adultos mayores. Plantean que los únicos presos que puedan ser liberados sean aquellos presos por delitos menores. Sin duda, el pedido es justo y necesario a cuatro años del masivo reclamo social que movilizó la marcha nacional Ni Una Menos: Tocan a una Tocan a Todas y ad portas del bicentenario.

Si desean ayudar a las víctimas indirectas de feminicidio pueden colaborar haciendo un depósito en las cuentas de Sandy Evangelista nº de cuenta soles BCP 19496940931030 CCI: 00219419694093103092 DNI 72719493 y/o de Magali Aguilar nº de cuenta soles BCP 19190188042030 CCI: 00219119018804203050 DNI 09976966. Ellas son fundadoras del colectivo 'Familias unidas por justicia: ni una asesinada más' y harán llegar los víveres y medicinas a las familias afectadas. También pueden comunicarse directamente con ellas a los teléfonos: 950184163 / 994433041 o hacer un depósito mediante Yape.

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