La política urbana de Bolivia es peruana

Los últimos 15 años Bolivia adquirió notoriedad internacional por el carácter de las políticas de gobierno desarrolladas por Evo Morales. Así son conocidas sus políticas de nacionalización de recursos naturales, incentivo al consumo interno, reivindicación marítima, institucionalización de la plurinacionalidad, bonos sociales y otras que han logrado avances significativos, pero también retrocesos. Los más sobresalientes de estos últimos son el aumento de la informalidad laboral y de la economía a niveles jamás registrados, el gran deterioro ambiental por políticas, obras o ausencias del gobierno, entre otros. Sin embargo, una de las políticas menos discutidas, inclusive al interior de Bolivia, es su política urbana (de facto), influenciada por la Política Nacional de Formalización de la Propiedad Informal peruana.

Bolivia, que ahora parece influir en las políticas del nuevo gobierno peruano, jamás tuvo una política urbana oficial. Las agendas urbanas dependieron del mercado y carácter de los gobiernos. La influencia peruana se dio a finales del siglo XX, respecto al paradigma de la formalización de la propiedad informal o regularización. Esta medida definió la agenda del gobierno de Jorge Quiroga, en 2002, cuando la formalización comenzó, publicitada también con los argumentos de Hernando De Soto sobre la necesidad formalizar terrenos invadidos, entregando títulos de propiedad que permita a sus dueños acceder a créditos, participar en el mercado formal, acceder a servicios e infraestructuras, abandonar de la pobreza, entre otros. Esta medida continuó hasta 2004. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no amplió la vigencia de la política y sólo se logró regularizar 13 de 62 asentamientos humanos previstos en todo el país.

La regularización de la propiedad informal desapareció de la agenda hasta el año 2012, cuando Evo Morales lanzó una política agresiva de regularización de inmuebles, bajo el discurso del derecho a la vivienda. Esta medida permitía formalizar todas las parcelas sin documentos de propiedad ocupados hasta cinco años antes de 2012. Ésta resultó una medida sorprendente y opuesta al espíritu de la nueva Constitución Política del Estado, promotora de la comunitariedad, de derechos de la madre tierra, de propiedad colectiva y otros. La apuesta era (es) crear un país de propietarios a través de la regularización urbana y el saneamiento individual de la tierra en áreas rurales. La regularización vino acompañada de la obligatoriedad de delimitar perímetros urbanos de centenas de centros poblados mayores a 2,000 habitantes para cobijar los inmuebles regularizados.

La delimitación no implicó solamente definir la frontera urbano – rural, que, dicho sea de paso, jamás cumplió el cometido de limitar la expansión urbana, sino que fue y es el dispositivo principal de segregación. La legislación boliviana restringe derechos a asentamientos humanos fuera de los perímetros urbanos. La delimitación obligó la ampliación de las áreas urbanas con una proyección de 10 a 15 años de plazo, alcanzando superficies fuera de cualquier criterio técnico demográfico. Ciudades como Trinidad ampliaron su huella urbana nueve veces, Oruro cuatro, La Paz tres, Achocalla catorce, El Torno diez veces, etc. Todas las ciudades, principalmente intermedias ampliaron sus superficies de forma descontrolada ocupando áreas de fragilidad ecológica, zonas de producción agrícola, etc. Incluso aquellos centros urbanos con crecimiento poblacional negativo ampliaron perímetros. La medida permitió que centenas de propietarios se beneficien de plusvalías e incentivó a alcaldes, autoridades municipales, traficantes de tierra, loteadores, etc. a comprar suelo a precios reducidos para inmediatamente incluir estas tierras en nuevos perímetros con uso urbano. Este cambio aumentaría el valor de la tierra hasta en 400% (Smolka, 2015). Una investigación de Bernabé y Cabrera (2021) afirma que entre 2007 y 2017 las invasiones de tierra en periferias urbanas se multiplicaron por diez. Mientras, los resultados de la regularización de inmuebles destinados a vivienda tienen cifras insignificantes. Según el Programa de Regularización de Derecho Propietario, entre junio de 2012 y junio de 2020, se habían logrado ejecutar 8,519 sentencias correspondientes con una cantidad similar de inmuebles. Éstos equivalen aproximadamente a 400 hectáreas de suelo regularizado en todo el país, mientras que la superficie de nuevo suelo urbano ampliado superaría el millón de hectáreas.

Al igual que en Perú, los títulos de propiedad no han supuesto mayor acceso a créditos (Calderón, 2009). Los bancos y financieras tienen programas de préstamo relacionados más con la capacidad de ingreso de microempresarios y aquellos créditos relacionados con la regularización de predios son reducidos. Pero la medida incentivó a guardar tierra para venderla luego y generó miles de lotes vacíos. Por ejemplo, Cochabamba tiene 20 mil hectáreas urbanas, 40% equivale a calles y equipamientos y 18 % a lotes vacíos. En Santa Cruz la proporción de lotes vacíos es superior. Finalmente, la regularización no logró ni en Perú ni en Bolivia dotar de vivienda digna, mejorar condiciones, ni terminar con la pobreza, comprobando su fracaso. En Bolivia la regularización es dominial; es decir, concluye con la entrega de títulos de propiedad y no tiene relación con acceso a servicios básicos e infraestructuras. Mientras la ampliación de perímetros de las áreas urbanas y la posibilidad de acceso a títulos de propiedad tienen un impacto ambiental altísimo y aumentan los precios de la tierra desplazando a la población de bajos ingresos aún más lejos de las áreas consolidadas. Desde el 2012 la ley de regularización boliviana amplió su vigencia tres veces, y pese su fracaso como en el caso Perú, actualmente se discute otra ley de ampliación del plazo de regularización que hace posible la ampliación de áreas urbanas de forma permanente.

juan.cabrera@linuxmail.org

Referencias bibliográficas

Bernabé, S., Cabrera, J. (2021) La propiedad de la tierra urbana en Bolivia: reflexiones desde el derecho urbano en el ámbito de la justicio constitucional. Documento de trabajo no publicado. Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo. UPB

Calderón Cockburn, J. (2009) Títulos de propiedad, mercados y políticas urbanas’. Revista Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos – OLACCHI 3: 7– 62.

Smolka, M. (2015). Implementación de la recuperación de las plusvalías. Lincoln Institute Of Land Policy