La radiografía de las elecciones internas

La publicación de la Ley 31481, el 25 de mayo, que manda la realización de elecciones internas Complementarias, cuando la ONPE concluyó su compleja tarea el domingo 22, puede no sólo generar un enfrentamiento entre el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones que previsiblemente la declarará inaplicable, sino también, un cierto interés en un proceso al que la gran prensa no le dio bola.

Tampoco le dieron pelota los 2.7 millones de afiliados convocados a la elección del 15 de mayo, a la que sólo concurrió el 9.87 % de los afiliados de los partidos. Son los resultados fríos de la aplicación del voto voluntario, que algunos creen que puede ser la llave que nos saque de la crisis política. Son cifras ofrecidas por la ONPE en su portal electrónico. Ha sido una inversión pública sin retorno, dirían los especialistas.

En el caso de la región sur, en Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, sólo el 12.21 % de los afiliados a sus 41 movimientos regionales asistió a votar. Pero los promedios velan una realidad más preocupante, por ejemplo, en Arequipa los votantes de nueve de los diez movimientos fueron menos que el número de sus precandidatos que aspiran a un cargo público; en Puno, siete de once; y en Tacna, la mitad de las 12 organizaciones. En otras palabras, ni siquiera los precandidatos fueron a votar por ellos mismos.

Según los especialistas, este proceso ha revelado con cifras una verdad que todos conocían: que las organizaciones políticas nacionales y regionales no son sino un conjunto de firmas de respaldo a un logo, pero no de afiliados militantes de un programa, una causa, una doctrina o una propuesta de gobierno. Así, de los 208 movimientos regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas-ROP al 5 de enero, fecha en que se convocaron las Elecciones Regionales y Municipales-ERM, sólo 151 cumplieron con publicar la convocatoria para sus elecciones internas. Es decir, 57 no tuvieron su comité electoral ni el reglamento para hacerlas. Si no hubiera sido por la intervención del Estado, a través de sus instituciones electorales, las elecciones internas no se hubieran realizado.

Los observadores destacan que los movimientos no son una alternativa a los partidos, como algunos políticos imaginaron al crearlos con la Ley de Partidos del 2003, pues su grado de improvisación es aún mayor. Entre los motivos de crearlos fue abrir el sistema a una mayor participación ciudadana. Pero esa apertura sin fiscalización y control permanente, ha permitido que sólo sean fachadas o cascarones. Por ejemplo, si 151 publicaron sus convocatorias, sólo 132 acreditaron sus precandidatos ante el JNE y la ONPE informa que algunos ni siquiera lograron instalar las mesas de sufragio el 15 de mayo. Tal vez esa cifra disminuya más cuando algunas listas de candidatos no pasen el filtro de los Jurados Electorales Especiales, cuando las inscriban el próximo mes.

Pero si el Congreso hubiese respetado la Ley 28094 Ley de Organizaciones Políticas la cantidad de movimientos regionales aptos para participar en las elecciones de octubre, se hubiera reducido drásticamente, porque ella señala que estos deben presentar candidaturas en, al menos, dos tercios de las provincias y distritos de su circunscripción. Y no la respetó cuando aprobó la Ley 31437 publicada el 1 de abril (anticonstitucional por variar las reglas de juego una vez hecha la convocatoria), que suspendió la aplicación de la pena de cancelar su inscripción en el ROP por no haber presentado ese mínimo de listas.

Gracias a esta ley, los movimientos regionales Renace, AQP Transformación, Unidos por el Gran Cambio y del AJO han presentado candidaturas en el 20%, o menos, de los 109 distritos de Arequipa; Mi Casita y el PICO han presentado candidatos en sólo 9 y 3 distritos de los 110 que hay en Puno; Vamos por Tacna, Suma, FUP e Inca de Tacna sólo han presentado listas en dos distritos o menos; mientras que en Moquegua los dos movimientos Somos Más y Vamos Moquegua tienen apenas una lista distrital. Los observadores dicen que cuesta mucho creer que grupos que no han podido presentar listas de candidatos, al menos, en la mitad de su región, estén en capacidad de hacerse cargo de un gobierno regional.

Según algunos analistas estas cifras revelan una realidad más profunda y preocupante: que muchas de estas organizaciones son fachadas de grupos más interesados en los negocios que en la política o en el buen gobierno y están dispuestos a recibir dinero sucio con tal de ganar.

La pregunta que se hacen los ciudadanos es cómo las autoridades electorales han permitido que estos cascarones subsistan y puedan ser agencias de empleo para improvisados que quieren entrar a la rifa de cargos públicos en que se han convertido las elecciones, según los más ácidos críticos de nuestro sistema político.

Todas estas cifras, sin embargo, no son una predicción de lo que serán las elecciones de octubre, pues, como se sabe, los resultados no sólo dependen de la organización, programa o preparación de los candidatos, sino de la cantidad de dinero invertida en la campaña electoral, o peor aún, de los escándalos o las falsas noticias y rumores que la prensa levante, aprovechando de la ingenuidad y falta de cultura política de las mayorías.

Por tanto, si el sistema político democrático gracias a las elecciones periódicas abre la oportunidad de censurar, corregir y renovar, puede también convertirse en una oportunidad perdida, como que don Jorge Basadre calificó al Perú como el país de las oportunidades perdidas. Ojalá que los ciudadanos atentos e informados se conviertan en agentes de alerta de los demás y no se vuelva a perder esta oportunidad y recuerden que no siempre la abstención es recomendable.