La represión no acaba el día de la marcha

En los últimos tiempos las concentraciones y movilizaciones en Lima son un poco más diversas en términos de clases, pieles e intereses. Sin dejar de lado lo que aportan a ello los movimientos radicales neopentecostales que animan y financian campañas anti derechos como Con mis hijos no te metas, esta más reciente renovación del paisaje social, de la imagen mediática y del perfil ideológico que se pone en juego en el espacio público se debe en buena medida a la resistencia (de cierto sector) social hacia la elección de Pedro Castillo; una corriente que tiene algunos puntos de contacto con entes pintorescos como los autodenominados cristianos hispanistas (!) y con remanentes fujimoristas que actúan como fuerza bruta bajo diversas etiquetas próximas o derivadas de la asociación La Resistencia.

La presencia numerosa de limeños y limeñas de clase media y alta en las calles performando como manifestantes, sumada a la fantasía mediática de una mágica “caída” del gobierno por obra de “la calle”, ha producido un cambio de temperamento en los medios de comunicación de la capital. Tras años de estigmatizar, minimizar o simplemente negar cobertura a las movilizaciones políticas, sindicales o ciudadanas en general, la prensa ha empezado a prestar atención a las marchas, entendidas como una suerte de competencia en torno a qué 'bando' lleva más gente a calles y plazas. Usan drones, fotos panorámicas, proyecciones por cuadras o metros cuadrados...

En ese cambio de técnicas y lenguajes, hablan de “la calle” a partir de miles, cifras que curiosamente nunca vieron (o vieron con otros ojos) en 2009, en 2011-2012 en 2014-2015 o en 2017, años de amplias y fuertes movilizaciones en varias regiones del país. También empiezan a girar hacia un idioma en el que la represión policial existe, la actuación irregular de los agentes debe ser registrada y el despliegue violento ya no es justificado en nombre de las inversiones, el orden público o la paz social. Algunos personajes retirados de la televisión de la década pasada, como el Sr. De Althaus, descubren por ejemplo que la policía "dispara bombas lacrimógenas sin razón alguna" o que cerrar los accesos a la Plaza de Armas es inconstitucional.

Tras esas volteretas, vale la pena pensar en el factor que permanece (sea quien sea el sujeto social movilizado): la represión, instrumentada desde arriba, pero ejercida siempre por el (que algunos llaman) "pueblo uniformado", que también tiene sus inercias, sus vicios y sus reflejos sociológicos al momento de repartir gas, palo y bala (cualquier policía se confunde ante un Ken en la avenida Abancay).

Quienes tienen cierto recorrido en el asunto, saben que la represión acompaña desde el primer momento toda convocatoria a desplazamientos, movilizaciones y concentraciones, modestas o masivas, pacíficas o violentistas. Se expresa en la planificación de operativos, la disposición de armas, las declaraciones de boquilla de jefes policiales y ministros de Estado, también en el despliegue de agentes (sean uniformados, con guantes blancos, vestidos de robocop o “de civil”), en los disparos al bulto y su consecuencia en heridos y muertes, y a medida que avanza la hora, en las detenciones arbitrarias, las agresiones sexuales, los ataques a la prensa, la activación de mecanismos de vulneración de derechos en las comisarías. Pero también tiene que ver con lo que ocurre inmediatamente después, como las noches en "seguridad de Estado" (alias Av. España, para el caso de Lima), las 'visitas' policiales a las casas de las personas detenidas o heridas, y la otra cara de la moneda: el recorrido por hospitales y la demanda de defensores legales que puedan ser de ayuda en una comisaría.

Más aún, la represión no acaba el día de la marcha. Ni en la mala noche. Continúa en las costosas recuperaciones que deben seguir las personas heridas y en los casos mortales, en el duelo insostenible para las familias. Continúa también en ese sistema de jueces chuecos, policías hermanitos y comisiones congresales que sostienen la impunidad en el Perú y que ya liberó de responsabilidad a políticos como Manuel Merino y Antero Flores Aráoz (fugaces presidente y premier de noviembre 2020, respectivamente).

Sigamos con ese caso como ejemplo. Los efectos de la represión de las movilizaciones de noviembre de 2020 se sienten hasta hoy, dos años después. Este 29 de noviembre el Poder Judicial va a decidir si el caso Inti, Bryan y heridos de noviembre 2020 será investigado en el sistema de justicia especializado, o si, como quieren los responsables políticos y policiales, lo atienden en la justicia común, donde pueden hundirlo en la inercia y el olvido, una inercia en la investigación y un olvido en la opinión pública que ya padecen los casos de las víctimas del paro agrario 2020 y de las movilizaciones de abril de este año.

La represión misma, tanto como la gestión de sus consecuencias, se articula a la administración de la democracia, sea un gobierno de los viejos lobbys como el de PPK, de los nuevos lobbys como el del Sr. Castillo o uno lleno de verso como el del Sr. Sagasti. Y la calidad de la democracia que tenemos se refleja en los grados de violencia e impunidad que se ejercen frente a quienes se movilizan -incluidos los que salen en bus cama desde "Miraflores y San Isidro" y otras zonas con “Esta'o”-. A quienes hoy llama tanto la atención la represión policial, debería llamar también la atención el destino del expediente noviembre 2020.