Las evidencias del golpismo en el Perú

Desde hoy lunes, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, comienza a debatir la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por delito de de traición a la patria y por varias infracciones a nuestra carta magna. Como se sabe, esta acusación se sustenta en la respuesta que dio Castillo, en enero de este año, a la pregunta de un entrevistador de CNN sobre la demanda boliviana de una salida al mar. Expresó su simpatía pero lo que declaró consistió en dichos completamente vagos y ambiguos.

Tan difusos fueron esos dichos que hasta Cesar Nakazaki, el abogado más conspicuo de los Fujimori y de sus símiles políticos, o de varios de los colaboradores eficaces que se han prestado para acusar a Castillo, ha twiteado literalmente: “en esa denuncia por traición a la patria no aprecio delito” y sugiere al Congreso no perder el tiempo. La opinión de Nakazaki es coincidente con la que tienen la mayoría de juristas y constitucionalistas porque lo que expresó Castillo no cuadra para nada con la tipificación legal del delito de traición a la patria

Los elaboradores y los promotores de la denuncia a Castillo por traición a la patria

Se trata de personajes y grupos que, desde antes que Castillo asumiera la presidencia, decidieron derrocarlo por cualquier medio, incluso los no constitucionales ni legales. Los elaboradores de la denuncia constitucional son un conjunto de “jóvenes promesas” de la derecha peruana: Lourdes Flores, Francisco Tudela, Hugo Guerra Arteaga y Fernan Altuve, entre otros.

Posteriormente José Cueto, de Renovación Popular, y Norma Yarrow, de Avanza País, hicieron suya la denuncia y ayudaron a que avance en el Congreso. Entre los que aprobaron su calificación para que pase a debate en la mencionada subcomisión, destacan las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, cuya representante más ruidosa es Martha Moyano. Hoy lunes, quien presentará el informe a debatirse es también un congresista de Avanza País. Su propuesta es inhabilitar por 5 años a Pedro Castillo por delito de traición a la patria y acusarlo por infracciones constitucionales.

Todos estos personajes, grupos o bancadas que han sido amigos de la tesis del fraude electoral en 2021, realizaron o apoyaron las acciones para frustrar el buen término de ese proceso, pidieron la intervención de las fuerzas armadas, solicitaron lo mismo a la OEA, realizaron acoso político a los jefes de los organismos electorales y apoyaron los dos primeros intentos de vacancia presidencial, que no tuvieron el debido sustento.

Golpismo continuado

Si se suman todos estos antecedentes golpistas, de los autores, promotores de la denuncia por traición a la patria contra Castillo, y a ello se añade el contenido de la mismaa, la cual no presenta una motivación ni fáctica, ni legal, ni constitucional para inhabilitar al presidente, solo queda una conclusión directa. Esa denuncia es una evidencia sólida de la actuación de una corriente golpista en el Congreso y en la política peruana, y se trata además de una actuación permanente y continuada.

De esta actuación golpista, no sólo hay evidencias contundentes como el desconocimiento de las elecciones, y los intentos de vacancias y de denuncias constitucionales infundadas. Tiene también expresiones menos intensas pero si recurrentes de juego políticamente sucio tal como el boicot deliberado a la acción de gobierno, mediante el exceso de citaciones a ministros por “quítame estas pajas”. O las reiteradas negativas a los viajes del presidente a eventos en el exterior.

Golpismo y desinformación

Otra expresión que coadyuva al golpismo, o a un eventual desborde violento de la tensión política, es la desinformación sistemática orientada a sobredimensionar el nivel de amenaza dictatorial que representaría el gobierno de Pedro Castillo.

Hay dos hechos recientes, que resultan de esa práctica ya rutinaria, no solo en las redes sociales sino en medios convencionales supuestamente serios. Uno de ellos es un reciente comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa denunciando ataques a la libertad de prensa en Perú. César Hildebrandt, sumamente crítico a Castillo, pero también a sus opositores, ha rechazado esa versión.

El otro hecho es la versión sobre el supuesto intento en marcha, desde las instancias más altas de gobierno, de asesinar a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, a la fiscal encargada de la corrupción en el gobierno y a los oficiales de la policía que la asisten en las investigaciones. El origen de esta versión es un reporte policial sumamente básico, con hipótesis crudas, algunas poco creíbles. Sin embargo, muy rápidamente, varios medios supuestamente respetables se han portado como el amarillismo más vergonzoso, tratándola como si estuviera corroborada.

Una mina de evidencias

En resumen, para la OEA no va a ser nada difícil que encuentre evidencias de que en el Perú existe una corriente golpista. Es más, esa corriente las viene ofreciendo hace tiempo. La intención de inhabilitar a Castillo mediante una denuncia constitucional por traición a la patria, sin fundamentos, solo ratifica su golpismo.

Esto para nada quiere decir que Pedro Castillo y su gobierno sean demócratas incuestionables. Al contrario, para la OEA tampoco será difícil encontrar las evidencias de que su rol debilita a la democracia peruana, es otra expresión de autoritarismo y, paradójicamente, alimenta al golpismo. Lo veremos en otro artículo.