Christian Elguera

Opinión

Las falsas inclusiones del fujimorismo

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Los candidatos presidenciales para las elecciones de 1990 se vieron enfrentados a cómo enfrentar el caos político, social y económico del gobierno aprista. Se perfilaron dos opciones que no podían ser más contrarias. Por un lado, Mario Vargas Llosa, célebre escritor y líder del Frente Democrático (FREDEMO), proponía un shock económico basado en el incremento de los precios de los insumos básicos y una reducción del gasto público expresado en disminución de sueldos y despidos masivos. Vargas Llosa, amparado en un programa de gobierno liberal, aseguraba que esta medida sería provisoria, pero que era necesaria para estabilizar al país. Asimismo, planteó la urgencia de privatizar las empresas nacionalizadas en la década del 70 por el General Velasco. La privatización, aseveró, era la única manera de lograr la internacionalización del país, de tal modo que Perú pudiera convertirse en Suiza. El pensamiento político de Vargas Llosa tuvo su base en dos eventos. Primero, su discurso en contra de la estatización de la banca propuesta por Alan García, pasando a ser reconocido como un intelectual próximo a los grupos de poder en el país. Segundo, su prólogo al libro El otro Sendero de Hernando de Soto. A grandes rasgos, De Soto proponía un país regido por las leyes del mercado neoliberal, donde los conflictos sociales y raciales desaparecerían en nombre de lo que hoy llamamos “emprendedurismo” de los negociantes informales. Por otro lado, Alberto Fujimori, un desconocido candidato sin trayectoria política, al frente del partido Cambio 90, basó su candidatura en una negación de las propuestas de su contrincante. Por ejemplo, Fujimori prometió que no ejecutaría ninguna medida de shock económico en su futuro gobierno. Aseguró, además, que no beneficiaría a grupos de poder mediante la privatización de las empresas estatales.

Comparando ambos planes de gobierno, se advierte que las propuestas de Fujimori fueron improvisadas. En este sentido su elección como presidente se debió más a una tradición de jerarquías étnico-culturales en Perú antes que a un plan político solvente. En sus memorias El pez en el agua, Vargas Llosa reconoce el rol que jugaron las tensiones raciales entre los candidatos y sus electores. No obstante, siempre que comenta este tema, el autor resume sus posiciones de una manera ingenua y burda: quienes votaron por Fujimori lo hacían enceguecidos por odios de clase y raza. En el artículo “El aprendiz de brujo y el curandero chino” (1991), Carlos Iván Degregori considera que Vargas Llosa se perfiló como el candidato de un sector social “pituco” y blanco. Asimismo, advierte, aquel candidato parecía no advertir las heterogeneidades sociales que conformaban el país, creyendo únicamente en las políticas abstractas y mecánicas del mercado liberal. Por esto mismo, nunca pudo contactar con aquellos electores alejados del “estilo y el discurso ‘pitucos’” de su partido [1]. Al respecto, en El pez en el agua, Vargas Llosa no comprende porque una mujer de una barriada decide no votar por él, catalogando su decisión de “irracional”. A lo largo de sus memorias, cada vez que puede, Vargas Llosa no duda en llamar “el sector más desinformado e inculto” a quienes votaron por Fujimori en las elecciones de 1990 (p.446). En contraste, Fujimori supo captar estos conflictos étnicos, oponiendo a los “chinitos” y “cholitos” en contra de los “blanquitos”. Se abanderó como un candidato de los provincianos, los migrantes andinos y las minorías que buscaban obtener mayores derechos políticos. De aquí que su campaña hizo uso de un slogan eficiente: “Un presidente como tú”. Ese “tú” eran colectivos que lejos de ser “irracionales” buscaban, a través de su voto, otras formas de obtener derechos y solucionar problemas concretos. Para ellos, la elección de Fujimori significaba mayores ventajas que la política neoliberal defendida por Vargas Llosa.

En el debate presidencial de 1990, Fujimori parecía reproducir la tradición de traducciones de modernización sobre las tierras campesinas. Propuso promover la tecnología, activar programas de préstamos. No obstante, el interés de Fujimori por el campo nunca quedó claro más allá de dos detalles: era ingeniero agrónomo y el símbolo de su campaña fue un tractor, hechos que pudieron haber producido una identificación entre el campesinado y su candidatura presidencial. Lo cierto es que sus primeros años en el gobierno significaron un mayor aumento de la violencia de las Fuerzas Armadas en los Andes. La mano dura en la represión senderista reforzaría el necropoder en las zonas de emergencia, donde las principales víctimas, entre uno y otro bando, fueron las poblaciones indígenas/campesinas. Se justificaba esta violencia en nombre de erradicar a Sendero Luminoso, sin importar las muertes de civiles o las violaciones a los derechos humanos. Fue precisamente este discurso anti-senderista una de las justificaciones del autogolpe de 1992. Fujimori adujo que los congresistas de oposición no le permitían implementar su política anti-subversiva, la cual era indispensable para superar las crisis del país. Como anota Cotler en “La gobernabilidad en el Perú” (2000), “Fujimori y los militares estimaron acertadamente que una vasta gama de sectores sociales apoyaría sacrificar la democracia a cambio de rescatar el orden y la estabilidad —la gobernabilidad— mediante la imposición de las reformas económicas y la erradicación de la subversión”.

Luego del autogolpe, debido a presiones de organismos internacionales, Fujimori convocó a un congreso constituyente que escribiría la constitución de 1993, con claros objetivos por perpetuarse en el poder. Asimismo, ordenó la organización de un referéndum para la aprobación de la nueva constitución. Fujimori ganó el referéndum y pudo continuar en la presidencia. Sin embargo, los resultados fueron apretados, reflejando la disconformidad de los ciudadanos. Casi la mitad de la población había votado por el “No”. Esto produjo una vuelta de tuerca en su gobierno. Hacia 1993, Fujimori parecía haberse distanciado de aquellos sectores que habían votado por él: los migrantes, las clases pobres, los campesinos en las provincias. Para legitimar su autoridad, a partir de este año y hasta 1996, Fujimori comenzó una política de asistencialismo y de inclusión neoliberal. Al respecto, Cotler señala que para estos años:

Los alimentos que permiten sobrevivir al 40% de la población y otro tipo de "donaciones" oficiales, así como la retórica que privilegia la "democracia social" por encima de la "democracia política", han contribuido a que Fujimori establezca una relación directa con los sectores populares y que éstos lo perciban como su representante personal.

Además, Fujimori construyó una imagen que lo colocaba a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en 1993 aprobó la Ley Nº 26260 de Protección frente a la Violencia Familiar. Asimismo, fue el único presidente hombre que viajó a la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, en septiembre de 1995. Aquí Fujimori leyó una conferencia que colocaba a su gobierno a la vanguardia de los enfoques estatales de género. Afirmó que su gobierno buscaba asegurar el acceso de las mujeres “a la educación, a la actividad económica y laboral, a la participación en política y mejor cuidado de su salud”. Por supuesto, este discurso progresista se basaba en un interés populista para legitimar la autoridad presidencial. En este sentido, Patricia Oliart ha anotado: “El régimen fujimorista (1990-2000) es un caso emblemático de las paradojas que surgieron cuando se implementaron avanzadas políticas de género y respeto por derechos indígenas sin establecer un liderazgo nacional coherente para alcanzar dichos objetivos” [2].

A pesar de esta aparente inclusión, a partir de 1996, y especialmente durante 1997 y 1998, el gobierno promovió esterilizaciones forzadas en zonas rurales, sin brindar información a las mujeres campesinas y violando sus derechos humanos [3]. No obstante, la trampa de la falsa inclusión ya había comenzado a funcionar y se percibió en los programas de ayuda social en sectores rurales. Por lo tanto, las políticas de género de Fujimori, la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano y las políticas asistencialistas del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), fueron los pilares de esta inclusividad neoliberal. Estas medidas fujimoristas eran parte de un proyecto autoritario que, de modo clientelista, reconocía derechos de grupos minoritarios para legitimar su poder y asegurar su reelección. Al respecto, es importante remarcar, como hace Sonia Alvarez en Engendering Democracy in Brazil (1990), que “las agendas femeninas, insertas dentro de espacios institucionales por organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, frecuentemente son manipuladas una vez que entran dentro de las arenas de dominación masculina”. Asimismo, en línea con las agendas neoliberales que comenzaban a imponerse en Latinoamérica, Fujimori utilizó programas de ayuda social en el campo que tenían como finalidad convertir a los sujetos campesinos en dependientes del Estado. Además, el segundo gobierno fujimorista promovió la privatización de los territorios comunales mediante el Decreto Ley 26505 y el Decreto Legislativo N° 662. De hecho, este último decreto fue aprobado “con el objeto de crear un clima favorable a las inversiones extranjeras que contribuyan a la expansión de la economía de la libre empresa en el país”. De esta manera, el fujimorismo incentivó numerosas concesiones mineras en la región andina que provocarán en años posteriores una serie de conflictos ambientales, especialmente en la provincia de Cajamarca.

En Lima, Fujimori se encargó de contar con el apoyo leal de congresistas mujeres. Asimismo, tuvo el apoyo de mujeres intelectuales y profesionales que pudieron acceder a puestos de poder políticos gracias a las leyes fujimoristas [4]. Pero, en las áreas rurales, los programas sociales de este gobierno mantuvieron a las mujeres campesinas en una posición de dependencia. Estratégicamente, el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (PROMUDEH), el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) favorecieron a ciertos grupos campesinos, próximos al gobierno, esperando lograr la despolitización de otras agrupaciones. El interés del fujimorismo por las mujeres campesinas reforzó jerarquías de género y raza. El PRONAA, en especial, no repartía alimentos a los clubes de madres con una intención social, sino como una forma de afirmar que las mujeres campesinas, debido a su género y etnicidad, no tenían más opción que depender del asistencialismo del Estado. De modo semejante, en México, el programa Oportunidades, desde 1997, ha buscado des-indigenizar a las mujeres indígenas. Para recibir el apoyo estatal que ayudaría a sus familias, ellas fueron obligadas a acatar políticas de higiene y educación que alteraban sus modos de ser. En resumen, Fujimori no intentó resolver las injusticias raciales, las jerarquías de género y otros tipos de violencias coloniales que sufrían las poblaciones campesinas, sino que debilitó su actuación política mediante una prédica asistencialista y un discurso multicultural propio de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica.

Notas

[1] Lynch, N. (1999). Una tragedia sin héroes: la derrota de los partidos y el origen de los independientes. Perú 180-1992. Fondo editorial UNMSM, p. 243.

[2] Oliart, P. (2008). Indigenous Women's Organizations and the Political Discourses of Indigenous Rights and Gender Equity in Peru. Latin American and Caribbean Ethnic Studies 3 (3), p. 301.

[3] Cfr. Barrig, M. (2001). El mundo al revés: imágenes de la mujer indígena. CLACSO-Agencia Sueca de Desarrollo Interno.

[4] Cfr. Blondet, C. (1998). La emergencia de las mujeres en el Perú: ¿Hay cambios? IEP.