Las víctimas del terror siguen esperando justicia

Como era de esperarse, la muerte de Abimael Guzmán ha traído el doloroso recuerdo de los irredimibles crímenes causados por su prédica política en el marco de la guerra que le declaró al Estado Peruano. El destino de sus restos ha generado un debate altisonante e infructuoso, en correspondencia tanto con el polarizado clima poselectoral, como con la poca previsión de nuestras autoridades respecto a las decisiones que deben seguir a la inevitable muerte de un condenado a cadena perpetua de la resonancia histórica y responsabilidad política del cabecilla terrorista.

Lejos de propiciar un balance respecto a los extremismos y su rol en el conflicto armado interno, la muerte de Guzmán ha sido pretexto para avivar el encono que algunos quieren instalar como “normalidad” política. Estamos atrapados en los dimes y diretes entre representantes de los poderes del Estado, las cavilaciones de un gobierno sin reacción clara frente a las acusaciones de filosenderismo y la incapacidad de la oposición, especialmente aquella que prefiere vivir sumergida en el negacionismo.

Es tarea del Estado impedir que los restos del terrorista senderista se conviertan en motivo de culto u objeto de escarnio. Incluso en casos excepcionalmente complejos como el de Guzmán, tiene que hacerlo con estricto arreglo a la ley, que en el Perú es muy clara sobre este punto: la disposición de los restos mortales corresponde a la familia del difunto, sea quien sea.

De otro lado, el interés por el caso Guzmán contrasta terriblemente con la indolencia que por décadas han merecido los miles de peruanos y peruanas cuyos cuerpos permanecen en fosas comunes y sitios de entierro, o que se encuentran depositados en el Ministerio Público como evidencia de procesos judiciales vinculados al conflicto armado interno. Son miles de familias, comenzando por las señoras de Anfasep, las que llevan toda una vida reclamando dignidad para los restos de sus hijos, esposos, padres, hermanos y hermanas, sin que la clase política, los medios de comunicación ni buena parte del Estado se interese por atender su justa demanda.

En Noticias SER creemos que este penoso episodio evidencia la precariedad del Estado democrático y la debilidad del respeto de la ley, lo que constituye una pésima noticia para todos y todas. Lo peor que puede pasarnos es que en nuestra sociedad, la que venció a Sendero, Abimael Guzmán imponga su muerte. A él y a sus huestes poco les importó la vida y mucho menos la dignidad de los cadáveres de sus miles de víctimas. Tomemos un camino distinto: el de saldar la enorme deuda de justicia con las miles de víctimas generadas por el terror.