Ley 31494: la ruta de las armas

La promulgación de la Ley 31494 es un nuevo y mayúsculo despropósito cometido por el Congreso que preside Maria del Carmen Alva, quizás el más grave e irresponsable hasta la fecha. Con el rimbombante nombre de “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana”, la norma permite a estos comités el uso de armas, sean estas entregadas por el Estado o por agentes privados.

Es bueno recordar que los Comités de Autodefensa (CAD) fueron organizaciones que surgieron en la década del ochenta en comunidades campesinas que sufrían el embate de Sendero Luminoso. Primero de manera autónoma, a partir de la experiencia de comuneros que habían hecho el servicio militar, y luego con el apoyo directo de las fuerzas armadas y del Estado, estas organizaciones fueron un actor clave en el conflicto armado interno y en la derrota del terror senderista.

Acabada la guerra muchos CAD dejaron de funcionar, mientras otros continuaron sobre todo en las zonas del VRAEM donde los remanentes del senderismo terminaron convertidos en una banda más de narcotraficantes. En buena medida, son los CAD de esta zona los que desde hace años buscan un mayor reconocimiento del Estado. De esta demanda justa de los campesinos que enfrentaron a SL se han valido algunas bancadas para generar la Ley 31494.

Sin embargo, entre el reconocimiento de los CAD vigentes y la posibilidad de que en cualquier poblado rural se pueda organizar un comité armado por el Estado, o peor aún por particulares, hay un abismo. El riesgo es que puede generarse un escenario de violencia armada en una sociedad rural plagada de conflictos de diversa índole, desde los viejos litigios de tierras entre comunidades, hasta las constantes protestas contra los grandes proyectos extractivos, pasando por la violencia generada por la minería y la tala ilegal, la trata de personas, el contrabando y el narcotráfico.

Además, la organización de núcleos de civiles armados en todo el país, en el contexto de inestabilidad política y total pérdida de legitimidad del gobierno, el Congreso y los partidos políticos, podría llevarnos de regreso a épocas que creíamos ya superadas, donde las crisis políticas se resolvían con levantamientos armados. ¿Es acaso esa la vía por la que están optando quienes denunciaron un supuesto fraude y tocaron sin éxito las puertas de los cuarteles?

En Noticias SER rechazamos la irresponsable aprobación de la Ley 31494 no solo por ir contra nuestro marco jurídico, sino además porque la existencia de núcleos de civiles armados puede llevarnos a situaciones de violencia aún mucho mayores a las que vivimos en los peores años del terrorismo y la guerra contrasubversiva. Quienes todavía creemos que el Perú es viable debemos exigir que esta norma sea derogada y que las entidades que salvaguardan el estado de derecho interpongan de inmediato las demandas de inconstitucionalidad correspondientes.