Líderes sociales de las regiones rechazan pronunciamiento de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema
La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú que señala que la protesta no es un derecho consagrado en la Constitución Política, y que es delito cualquier protesta que aunque sea pacífica ponga en riesgo o se considere una amenaza a otros derechos, ha generado diversas reacciones entre los líderes sociales de Puno, Cusco y Cajamarca quienes alzan su voz de rechazo y aseguran que defenderán su derecho a movilizarse.
Napoleón Gutiérrez Anticona, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Derechos de la provincia de Hualgayoc, Cajamarca
“Lamentablemente la Corte Suprema está protegiendo intereses. La protesta es un derecho ancestral frente a la situación de abuso que sufren los pueblos y, en este sentido, habría que señalar cuatro cosas: Primero, a los dirigentes nos preocupa tener magistrados preparados para defender los intereses del país, sin embargo, acá solo están defendiendo lo que les conviene, amordazando al pueblo. Segundo, si bien la protesta no está legalizada en la Constitución como dicen, tienen que tener en cuenta que es un derecho natural de la población. Tercero, la Corte Suprema está cometiendo otro abuso y esto va a generar más conflictos porque nos están provocando y, cuarto, el pueblo tiene que pronunciarse a nivel nacional, esta vez tiene que ser todo o nada.
No podemos permitir que nos hagan callar a través de medidas legales diciendo que no está en la Constitución y si no está, el pueblo tendría que exigir quizá mediante la Asamblea Constituyente porque nos están desafiando a no abrir la boca y reclamar lo que es justo”.
Leonela Labra, presidenta de la Federación Universitaria del Cusco
“Como estudiante universitaria considero que esta es una manera de reprimir y criminalizar a la ciudadanía, el gobierno no nos quiere permitir expresar nuestra incomodidad, de algo que evidentemente está mal. Cada día más se viene demostrando que en este gobierno no existe democracia, aquel que está en contra del gobierno o no están de acuerdo con las políticas que está impulsando, la intención es reprimir, intimidar, que ahora nos digan que la protesta es un delito”.
“Nosotros tenemos derechos a protestar pacíficamente, es un derecho válido, no solo en nuestro país, en muchos países, es lamentable este pronunciamiento de la justicia peruana. La población va seguir movilizándose, con estas medidas lo que generan es más fricción y no diálogo, como quieren hacer ver”.
Josué Guzmán Sacaca, presidente Regional de Rondas Campesinas de Puno
“Las personas podemos protestar según la incomodidad que tenemos, por ejemplo ¿por qué quieren sacar todo esto ahora ? quieren sacarnos de un lado a los que realmente abrimos los ojos y decimos “compañero estas mal, no es así compañero, usted está engañando al Perú”, pero a ellos no les gusta eso, quieren andar a su libre antojo, a su libre quehacer, porque con una protesta siempre nos hacemos respetar, si no habría eso que pasaría, todo el mundo haría lo que quisiera si el pueblo no sale a las calles.
Por ejemplo, en la provincia de Carabaya con el litio, si no hacemos las protestas, no se entiende que primero se debe dialogar con el pueblo y no con unas cuantas autoridades para cerrar el negocio. Lamentablemente estos señores quieren andar a su libre antojo y sacar este tema de las protestas para hacer lo que quieran y perjudicar al Perú saqueando como lo han hecho durante más de 200 años. El pueblo mismo no lo vamos a permitir si bien en la ciudad lo permitirán pero en nuestras jurisdicciones somos autónomos y eso nadie no los va a quitar”
La información para esta nota ha sido recogida por Ronald Ordoñez (Cajamarca), Alexander Calcina (Puno) y Wilson Chilo (Cusco)