Los demoledores

No recuerdo claramente las circunstancias del extraño suceso. Debió ocurrir en un aeropuerto o esperando embarcar en un bus, en esas largas esperas en alguna provincia del Perú, sin periódico o libro que leer. El hombre que se sentó a mi lado no tenía ninguna seña destacable, ni voz estridente o ronca, vestía indumentaria gris o beige, en resumen, era un viajero anónimo más. Como es usual, la conversación comenzó por el clima y los horarios y derivó en nuestras profesiones y los encargos que a veces recibimos.

Yo me dedico a demoler casas, tengo mi cuadrilla - me dijo. Ah, trabaja usted en una constructora… No, trabajo por encargo. Por ejemplo, una señora del mercado de Comas se compró una casa y los inquilinos del anterior dueño no querían desocupar. Entonces me llamó y yo le hice el servicio... No comprendo, le contesté. Yo le dije, señora, cobro caro y tengo un método especial, que no sé si le va gustar. Haga lo que sea, me dijo, pero yo los quiero fuera. Entonces, fueron los de mi cuadrilla y ocuparon el último cuarto de una galería en un segundo piso. Esa misma noche empezaron a romper a combazos la pared de al lado. Los inquilinos estaban al otro extremo y vinieron a ver al día siguiente. Los de mi cuadrilla les dijeron que tenían el encargo de la nueva dueña y que iban a seguir. Así, rompieron un boquete en la siguiente pared, sin llegar todavía al departamento de los inquilinos. Al tercer día, asustados, se mudaron. ¿Y no vinieron el serenazgo, la policía? - pregunté asombrado, mirándolo más fijamente, viendo que no tenía pinta de matón, sino más bien de vendedor cualquiera del mercado mayorista. No, de eso se encargaba la señora…

He recordado este incidente que, a veces, creo, soñé, al leer el capítulo del libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, dedicado a las mafias que usurpan propiedades, porque el jefe de la cuadrilla de demoledores no preguntaba por títulos de propiedad ni papeles en regla, simplemente respondía a una buena cantidad de dinero y bien pudo ser funcional a la banda de Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, que integró a alrededor de 400 acusados causando un “perjuicio al Estado (que) alcanzaría 1,000 millones de soles” (p. 148); o alguna otra de las 200 que -se calcula- operan en el país, moviendo alrededor de 4,000 millones de soles anuales.

El libro, escrito al alimón por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera, hace un concienzudo repaso por las seis plagas que campean en el mercado informal de la economía peruana en las regiones marrones (como las calificaba O’Donell) que no controla el Estado. Esos circuitos económicos (minería del oro, tráfico de terrenos, tala ilegal, tráfico de cocaína, trata de personas y contrabando) embarcan en el delito a decenas, sino centenas de miles de peruanos y peruanas (muchos de ellos sin conciencia de que cometen delitos), por lo que resulta muy complicado erradicar. Situación que se ha agravado, como se comprenderá, con la quiebra de la economía por la pandemia y el desempleo masivo, que ha llevado a familias enteras a buscar sobrevivir en estos circuitos económicos criminales.

Es una lectura impactante que confirma que nuestro Estado está hecho jirones, que apenas es un taparrabos que cubre de mala manera nuestras vergüenzas, pues es tan lento en su accionar contra el crimen organizado que se le escapan las tortugas, hay que decirlo de una vez. Y es que, si bien, la revolución neoliberal de los 90, las privatizaciones y los buenos precios de los minerales trajeron un crecimiento económico nunca antes visto, sus reformas del Estado que lo achicó al mínimo, lo convirtió en incapaz, no sólo de derrotar a los remanentes del senderismo, sino también de erradicar el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de terrenos urbanos, la trata y la prostitución, así como la tala ilegal de maderas finas. En esos negocios pululan bandas grandes y pequeñas que trasiegan la increíble cantidad de 7,565 millones de dólares anuales, cálculo que han hecho cruzando datos de la Unidad de Inteligencia Financiera y de diversas fuentes nacionales e internacionales.

Las conclusiones del libro, iluminan desde otro ángulo, el grave estropicio que podrían cometer los congresistas de todos los partidos si insisten en demoler las reformas electorales del año pasado, para acomodarse en la carrera a conquistar alcaldías y gobernaturas regionales en las elecciones del próximo año. Como se sabe, los demoledores no consiguieron los votos necesarios para bajarse las vallas y las sanciones a partidos y movimientos, pero ampliaron el plazo para cambiar las reglas de juego y bien podrían eliminar las elecciones primarias para facilitar la infiltración de candidatos con billeteras gordas, pero sin escrúpulos.

Porque los autores constatan que “Los dueños e intermediarios de las actividades económicas ilegales, a saber, organizaciones criminales, logran con mucha facilidad penetrar la vida política a nivel local y regional, y, de una manera más difusa pero importante, también logran influir en el Congreso y en algunas áreas del Gobierno Nacional. No se puede así entender las economías ilegales sin la complicidad de malos funcionarios públicos de distinto tipo y nivel.” (p. 176). Si se diera ese relajamiento de las reglas mínimas de control electoral “…los factores de riesgo para la fragmentación del territorio nacional en manos de poderes fácticos mafiosos se incrementan y se convierten en la principal amenaza para la seguridad nacional del país” (p. 184), es decir, podríamos convertirnos en un narco Estado en poco tiempo.

¿Qué es lo más probable que pueda pasar a corto y mediato plazo? Para los autores, es que haya un entrampamiento que “trabe el proceso de formalización minera y facilite la expansión de la minería ilegal”, pues con las movilizaciones que organicen “el objetivo de estos mineros y fuerzas políticas sería ganar más espacios políticos en las elecciones regionales y municipales del año 2022.” (p. 132) No es difícil imaginarlo, dada la parálisis e ineptitud del nuevo gobierno. Pero también los congresistas de Puno, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Piura, Tacna y Tumbes, pero también los de Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca y San Martín deben saber que en este delicado asunto estamos todos vigilantes de sus votos. Están advertidos de los riesgos y no vaya a ser que mañana más tarde digan “yo era nuevo y no sabía”.

Un vacío del libro, inexplicable, cuando sus autores han trabajado largos años en el ministerio del Interior, es la ausencia de análisis sobre las modalidades de infiltración y alcances de la corrupción en la Policía, que viene a ser la causa directa por la cual las leyes no se cumplen en el Perú. Como sabemos, las leyes y las penas están ahí, pero el brazo represor carece de la fuerza en el puño y coordinación fina en los dedos para combatir eficazmente el crimen.

Si el libro fuera leído por 50 asesores (casi digo los justos que buscaba Lot antes de la deflagración que se abatió sobre Sodoma) de los que toman decisiones en ministerios, Policía, Ministerio Público y Corte Suprema, Congreso, Contraloría y Registros Públicos, gobiernos regionales y municipalidades provinciales y el Jurado Nacional de Elecciones, podría iniciarse una convergencia de voluntades, que dé paso a una cruzada tipo "Mani Puliti" de los italianos, empezando por depurar la Policía, para limpiar un poco la mugre y hacer viable nuestro futuro.