¿Los resultados de las elecciones regionales hacen vislumbrar la salida a la crisis política?

En los últimos tiempos, algunos dirigentes políticos, se han dedicado a subrayar las diferencias entre Lima y las provincias y quieren hacer creer que la crisis política se debe a que los actores de la capital están acostumbrados a depredar los dineros públicos, mientras todas las esperanzas para el futuro, se hallan en las provincias. Pero ese simplismo no refleja la realidad, en donde virtudes y vicios están repartidos geográfica y socialmente por igual. Así, al lado de cinco presidentes enjuiciados o presos, tenemos más de una decena de gobernadores regionales en la misma situación lo que ha roto la ilusión de algunos que creían en la rectitud de los provincianos como fuerza renovadora de la política nacional.

Lo que hay que remarcar sobre las recientes elecciones regionales es algo que no resulta tan evidente a los ojos del periodismo: que las elecciones internas de las organizaciones políticas realizadas en el mes de mayo permitió depurar y hacer cumplir los mínimos señalados por ley, de manera que muchos oportunistas e improvisados quedaron en el camino. Hay que recordar que en diciembre del año pasado estaban inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas 216 movimientos regionales, de los cuales sólo 153 fueron capaces de tener un comité electoral y convocar a sus elecciones Internas en enero. Luego de su realización, sólo 130 movimientos y una alianza electoral de dos de ellos de Puno, lograron inscribir a sus listas de candidatos, en el mes de junio, ante los Jurados Electorales Especiales y, finalmente, a comienzos de agosto, quedaron habilitadas para las elecciones, las listas de sólo 116 movimientos y la alianza puneña. Para muchos quizá esto sea poca cosa, pero es un pequeño avance para frenar a depredadores del presupuesto público.

Ahora bien, de esos 130 movimientos que tuvieron elecciones internas, una minoría de 52 optó porque sus militantes eligieran directamente a sus candidatos, mientras que 78 escogieron el camino indirecto de elegir primero a delegados y que luego ellos eligieran a sus candidatos y candidatas. Sólo en siete de las 25 regiones la mayoría prefirió las elecciones directas. Y en cuanto a la participación, fue un desastre, pues las elecciones directas sólo comprometieron al 16 % de los afiliados, mientras que las indirectas sólo reunieron al 12 % de los inscritos. (Peor aún fue el caso de los partidos, con menos del 10 % de asistencia de sus militantes). Más aún, estas elecciones organizadas y garantizadas por la ONPE han desnudado a seudo organizaciones políticas que no tuvieron ni un votante (como el caso de Puro Áncash, que años antes había ganado el gobierno regional); Hatun Llaqta de Apurímac con 7 votantes; o a la mitad de los movimientos de Tacna cuyas listas no fueron habilitadas por los Jurados Electorales Especiales. Todos estos detalles y muchos otros, se pueden ver en última publicación de la ONPE que sería bueno la revisen dirigentes políticos y periodistas interesados en el tema.

¿Mejoraría la oferta política si las elecciones internas no dejaran en manos de un puñado de delegados la decisión sobre quiénes serán candidatos y candidatas; y si fueran realmente competitivas y no con listas únicas digitadas por las cúpulas dirigenciales? Los observadores están de acuerdo con hacer esos ajustes a la ley, a la vez que señalan que deben cumplirse las vallas señalada en la ley, tal como el mínimo de candidaturas por distritos y provincias que deban presentar los movimientos regionales.

El desarrollo de las últimas elecciones demuestra que, pese al desgobierno que parece reinar en las altas esferas del Estado, éste sigue funcionando gracias a su burocracia. Lo que, con cierto desprecio, algunos comentaristas dicen que “estamos yendo al garete” o “estamos en piloto automático” confirma, justamente, que ya no es un Estado oligárquico ni se ha convertido en un narco Estado donde reine la anarquía –aún-, pues tenemos una burocracia entrenada y planes y programas que se van cumpliendo gracias a los procedimientos que existen.

Luego de esta digresión, la pregunta es si hubo novedades en la elección de los gobernadores regionales. Pues, ninguna, salvo la disminución - a nueve- del número de regiones en las que se hará necesaria la realización de una segunda elección, dado que ninguna lista de candidatos alcanzó el mínimo del 30 % de los votos válidos para ser ganadora. Esta disminución se puede atribuir a la disminución de la cantidad de listas en competencia que bajó de un promedio de trece por región en el 2018, (y que llevó a una segunda vuelta en 15 regiones) a nueve, en esta oportunidad.

Aun así, la oferta de candidatos ha sido de pobre calidad a los ojos de los votantes de esas regiones, lo que refuerza su escepticismo y desapego del sistema político. Esas actitudes han quedado reflejadas en la cantidad de votos en blanco y votos nulos emitidos, los que alcanzaron un promedio nacional de 12.2 % y 8.1 %, respectivamente, es decir, un quinto del total, aunque en los casos de Ucayali, sumados fueron el 34.1 %; en Áncash el 31.9 %; en Tumbes el 30 % y en Lambayeque el 27.2 %

Una oferta pobre que se reduce al cemento y ni siquiera a obras de infraestructura ambiciosas que sirvan a varias provincias o en conjunto con regiones aledañas, menos a inversiones que mejoren el nivel de vida de los más pobres o una incidencia en la esfera educativa y cultural, como puede ser la capacitación de la burocracia en las innovaciones de una gestión democrática y ética. Por desgracia, desde que se instalaron hace veinte años, por una falta de deslinde de funciones y competencias con las municipalidades provinciales, los gobernantes regionales se han concentrado en “obras” en las capitales departamentales duplicando el trabajo de los gobiernos locales. Es verdad que, dadas las restricciones que impone el MEF a los sueldos, los gobiernos regionales no han logrado atraer a una tecnocracia de nivel que pueda pensar el futuro y diseñar planes y programas para erradicar la pobreza, de manera que es frecuente ver las transferencias de última hora, a fin de año, que hacen a las municipalidades provinciales para que su ejecución presupuestal no sea tan baja y genere las críticas de la opinión pública.