Lucha agraria, rentismo agroexportador y nuevas posibilidades

La revuelta de los trabajadores agrícolas en la costa peruana ha logrado algo inesperado e histórico, tumbarse una de las normas más rentistas (y retrógadas) del modelo económico neoliberal, la mal llamada "Ley de Promoción Agraria", conocida también como Ley Chlimper. Durante dos décadas los dueños de enormes empresas agroexportadoras han sido capaces de mantener beneficios basados en exoneraciones tributarias, rebajas en el pago a ESSALUD y un régimen laboral de extrema flexibilidad y total desprotección de los trabajadores y sus ingresos.

La masiva movilización de jornaleros agrícolas empobrecidos y desesperados agarró por sorpresa a una casta empresarial acostumbrada a que su "rentismo normativo" pase piola como receta de éxito económico indiscutible en el debate público y mediático. Para estos empresarios era negocio invertir algunos recursos en hacerse propaganda y disfrazar su abierto rentismo con una supuesta modernidad y competitividad internacional, con brochures, slides y videos promocionales a discreción.

Los humildes trabajadores agrícolas lograron, en cinco días, tumbarles su estrategia y mostrarle al país la cruda realidad: se trata de un sector que estaba extrayendo sobre ganancias de un régimen de extrema explotación de los trabajadores, con exoneraciones tributarias inaceptables por las cuales dejaron de pagar 3,000 millones de soles en impuesto a la renta y más de 4,000 millones a ESSALUD. Ha sido por la lucha de estos hombres y mujeres trabajadores que esta fabulosa mamadera empresarial quedó expuesta en toda su magnitud para indignación generalizada.

La derogatoria de la norma abre un espacio importante para repensar el tipo de sector agroexportador que le conviene al país, es decir, para fijar reglas más justas en donde la riqueza generada por empresarios y trabajadores se distribuyan de forma más equitativa y sostenible, convirtiendo crecimiento en desarrollo. Esto requiere ponerse de acuerdo en temas de fondo para la nueva ley de "régimen especial agrario" que el Congreso y el Ejecutivo se han comprometido a aprobar en los próximos 15 días.

El primer tema central a plantear es que un sector donde la productividad promedio por trabajador supera los US$ 20,000 al año no puede seguir funcionando en base al salario mínimo vital, que sí tiene sentido para actividades de baja productividad. Los salarios de los trabajadores agrícolas del sector agroexportador hace tiempo deberían estar más cerca de los 80 soles diarios del trabajador de construcción civil que de los 40 soles en que se les quería mantener secula seculorum con la ley hoy bien derogada.

Una nueva norma puede (y debe) fijar una remuneración mínima especial para el sector agroexportador. Ya la norma derogada anclaba esta remuneración mínima a la RMV, pero la RMV no es el referente adecuado para un sector agroexportador con los altos niveles de productividad por trabajador que tenemos. Entonces, lo razonable es buscar un nuevo piso salarial que refleje mejor las condiciones de productividad de este sector, que debería estar más cerca de los 80 soles que tiene un sector de igual temporalidad y productividad: construcción civil. Los trabajadores movilizados están pidiendo 70 soles, y no les falta razón.

En adición, una nueva norma de régimen especial agrario debe permitir y promover la sindicalización de los trabajadores agrícolas bajo condiciones especiales de la actividad (por eso es un régimen especial). Ya que hay mucha temporalidad en los contratos agrícolas, se deben permitir sindicatos abiertos por "rama", que en este caso pueden fijarse con criterios geográficos como valles o regiones, y en los cuales se puedan integrar todos los trabajadores agrícolas con algún tipo de contrato (temporal, intermitente o permanente) con agroexportadoras. Esto daría inicio a procesos de negociación colectiva "por rama", y "por valle" en este sector, un derecho que está consagrado en la Constitución (artículo 28). Este es modelo que tiene el sector de construcción civil, con sindicatos activos y negociación colectiva vigente, y se convierte por esto en un modelo útil para legislar el caso de la agroexportación.

Finalmente, una nueva norma de real promoción agraria debe contener algún tipo de incentivo tributario hacia sectores agrarios que quisiéramos que se expandan y puedan entrar a las cadenas de agroexportación en que Perú está teniendo importantes éxitos. Una opción aquí es generar un incentivo tributario temporal (próximos cinco años) y aplicable sólo a empresas nuevas y a empresas con menos de 100 trabajadores. Estos sectores sí pueden ser "promovidos", y también aseguramos que algunas algunas nuevas inversiones en marcha no se pierdan por el cambio súbito de régimen. De esto saldrá un sector agroexportador más moderno y próspero, con mejor distribución de la riqueza y con un modelo de desarrollo más orientado a mejorar la calidad de vida de todos los involucrados en el éxito exportador.