Lucha anticorrupción, flor de un día

La lucha contra la corrupción en el país parece haber perdido el rumbo. Así lo indican hechos como la renuncia del procurador anticorrupción Amado Enco, las pugnas al interior del Ministerio Público, el apuro del Congreso por elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional a fin de año. El diagnóstico empeora si se tiene en cuenta el lento avance de las investigaciones fiscales que no llegan a juicio en los casos más emblemáticos como “Lava Jato” o “Cuellos Blancos”. Todo ello, por lo demás crea un ambiente de desconfianza en momentos en que se ha abierto investigación ante las denuncias formuladas contra el presidente Vizcarra.

No se trata solo de las instituciones del Estado a cargo de la lucha anticorrupción. La ciudadanía, cuya movilización entre 2018 y 2019 fue clave para mantener el terreno ganado contra mafias y corruptelas- también pareciera haber perdido el interés, y lo que es peor, la esperanza en que las cosas cambien.

Sin duda, parte del cambio de ánimo ciudadano está directamente relacionado a la preocupación por la pandemia del covid-19 y la crisis económica que esta ha provocado, así como a las restricciones a la organización y movilización que este escenario impone. Definitivamente, las prioridades y urgencias son otras y son desgastantes, considerando que estamos por cumplir nueve meses en estas difíciles condiciones. La reacción de la ciudadanía apenas ha alcanzado -y eso ya es bastante- para denunciar actos de corrupción de diversas autoridades con los recursos destinados a la lucha contra la pandemia, hechos que merecen todo nuestro repudio.

Creemos sin embargo, que hay otra razón para esta pérdida de interés de la ciudadanía en la lucha contra las redes de corrupción al interior del Estado. Es la percepción generalizada de que a fin de cuentas persiste la impunidad: mientras las acusaciones fiscales que tardan en concretarse, los corruptos de ayer y hoy (y los que descubriremos mañana) no solo siguen libres sino que siguen operando en las instituciones del Estado, incluidas aquellas responsables de la administración de justicia. La tan mentada reforma judicial fue flor de un día. Ha quedado reducida a sus gestos más superficiales: la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y su reemplazo por la Junta Nacional de Justicia, que avanza a paso lento y no necesariamente seguro en su labor de evaluación y nombramiento de jueces y fiscales.

Mientras tanto, la justicia permanece como un bien escaso o un privilegio para quienes tienen los recursos económicos o los “contactos” al interior del sistema. En Noticias SER lamentamos la renuncia del procurador anticorrupción Amado Enco, pero sobre todo creemos que esta es una nueva señal de alerta: en más de un frente, estamos perdiendo la batalla contra la corrupción en todos los poderes del Estado. Y viendo la larga lista de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República el 28 de julio del 2021, poco o nada se puede esperar del próximo gobierno.