Luchas que no cesan: el acceso al agua en San Juan de Lurigancho

Al final del gobierno de Francisco Morales Bermúdez y los primeros años de la década de 1980, vecinos de los pueblos jóvenes de la macrozona Norte y Este de Lima se movilizaron para reclamar el acceso a la red pública de agua. Las movilizaciones más conocidas fueron las que se realizaron en las calles de Canto Grande, en San Juan Lurigancho, organizadas por dirigentes barriales quienes finalmente lograron su objetivo: ser incluidos dentro del Plan Maestro de Sedapal. Así, se construyó el colector de aguas residuales y conexiones internas a viviendas de la zona de Canto Grande (Calderón, 2016). Estas movilizaciones representaron las primeras luchas de los vecinos por el acceso al agua, un problema aun presente en San Juan de Lurigancho. En los siguientes párrafos se esbozarán dos problemáticas relacionadas al acceso al agua, por un lado los que no pueden acceder a la red pública de Sedapal y, por el otro, los problemas de aniego y cortes de agua en los últimos tres años en el distrito.

Desde las primeras marchas en Canto Grande a la fecha, el acceso y cobertura de la red pública de agua aumentó en gran parte del distrito. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2017), cerca del 87% de la población de San Juan de Lurigancho se abastece de agua mediante red púbica de Sedapal; es decir, abren el caño de la casa o callejón y pueden consumir el agua potable. Sin embargo, un 13% de la población obtiene agua de otras formas: desde conexiones a otros vecinos, uso de pilones, pozos artesanales y camiones cisternas. Esta población se ubica en las partes altas de las laderas más alejadas de las centralidades del distrito. Laderas empinadas de cerros rocosos (como es el caso del sector José Carlos Mariátegui) o en tierras de comunidades campesinas en límites en disputa del distrito (el caso de Anexo 22). Por estas características de la topografía ocupada y la distancia que existe con las redes de tuberías existentes, la instalación es más costosa. Además de estas limitaciones geográficas, la corrupción estatal en los programas de acceso al agua –como sucedió en “Agua para todos” durante el segundo gobierno de Alan García– impacta negativamente en la provisión de la red pública (Tejada, 2019).

Mientras esperan que Sedapal pueda construir las redes de tuberías, las familias más vulnerables acceden al agua mediante pilón público y/o camión cisterna. Como señalan Torres, Perleche y Aiquipa (2021), las familias deben hacer gastos adicionales para costear el traslado del agua y su almacenamiento. Por ejemplo, para trasladar el agua desde el pilón localizado a varios metros de las viviendas se deben comprar mangueras, así como comprar reservorios o tanques de polietileno para almacenarla. Alrededor de estos reservorios, cuando se ubican en zonas de deslizamiento de piedras, se construyen muros de contención como medida de prevención. Por otro lado, las familias que no pueden hacer estos gastos deben cargar el agua en baldes y sortear la topografía de las laderas. Además, consumir agua por pilón o camión cisterna les puede llegar a costar, el metro cúbico, diez veces más que el precio que se paga a Sedapal (Ziegler y Morales, 2020). Aparte de ser una difícil experiencia, los gastos complementarios que hacen para los vecinos en acceder al agua solo terminan precarizando su situación y reproduciendo su pobreza monetaria.

Además de los casos mencionados, en los últimos tres años, gran porcentaje de los vecinos del distrito (ya sea los que pueden acceder por red pública o no) se han visto perjudicados debido a cierres intempestivos del servicio de agua por Sedapal. Este problema, que empezó el 2019 con las inundaciones de aguas sucias, no ha sido fortuito. Una primera explicación fue la ruptura de una tubería del colector de Canto Grande durante acciones de manteamiento de una empresa contratada por Sedapal. Aunque el forado de la tubería pudo ser reportado a tiempo, y así evitarse los aniegos, prefirieron el silencio y todo se complicó. Por otro lado, este incidente hizo pasar por desapercibido un segundo problema igual de importante: la reubicación del colector de Canto Grande, realizada por Odebrecht y Graña y Montero. Esta reubicación se realizó debido a que interfería en las obras del segundo tramo de la Línea 1 del Tren de Lima. Entre otras irregularidades que presentó la obra (Rodríguez, 2019), no se construyó ni con la tecnología ni los materiales adecuados. Esta negligencia agravó el problema.

El último corte masivo de agua en San Juan de Lurigancho se realizó en el mes de setiembre, lo que obligó a un gran sector de la población a hacer largas colas para recibir agua de camiones cisternas y, en los barrios más vulnerables, obligó a muchas de las madres que trabajan en ollas comunes a cargar agua en baldes buscando no paralizar sus funciones. Actualmente, aunque la provisión de agua se ha normalizado, los vecinos reclaman que ahora –a diferencia de la situación pre aniegos– existe baja presión y cortes parciales en el servicio de abastecimiento de agua, afectando a los que viven en pisos superiores, en su mayoría inquilinos.

Ya que los vecinos temen que pueda existir un futuro aniego o se reporten más cortes de agua, se han organizado en colectivos (como el Colectivo en Defensa del Agua, la Salud y el Transporte CODASAT-SJL y también la Unión Cívica Distrital de SJL) para poder movilizarse y firmar acuerdos con autoridades competentes buscando una solución definitiva del problema. Lamentablemente, en el fondo del asunto se esconden actos de corrupción en grandes proyectos e infraestructuras –como la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima–, así como en contrataciones estatales buscando ahorrar costos, aumentar ganancias y reducir tiempos en la ejecución de las obras que aceleren el inicio de sus operaciones sin preocuparse en los efectos adversos que pueden causar en la vida cotidiana de los vecinos.

Las luchas por el agua siguen vigentes ya sea a modo de movilizaciones o de estrategias de sobrevivencia para obtener el recurso hídrico. Lo que da cuenta de una desvinculación entre la acción del Estado y las necesidades de la población, problema que se inicia por no afrontar el problema de la poca oferta de vivienda para familias vulnerables, situación que obliga a estas a optar por el mercado ilegal de lotes –tráfico de tierras– donde se mercantiliza suelo sin servicios básicos y en condiciones de alto peligro. Sin embargo, la reciente aprobación de la Política Nacional de Vivienda y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible promueve un Estado con mayor presencia en los problemas de la ciudad y la vivienda. Busca regular el mercado de suelo, evitar la especulación y penalizar a los traficantes; además de ofrecer una alternativa de vivienda a familias vulnerables (junto con bonos y subsidios focalizados) y reasentar a los que se ubiquen en zonas no mitigables (de alto riesgo). Se avizora un panorama distinto y, aunque aún falta saber cómo se hará posible, el logro de estos objetivos sería fundamental para reducir la dificultad de acceso a servicios de futuras familias. Ojalá el gobierno actual continue esta dirección.

Referencias

Calderón, J. (2016). La ciudad ilegal. Lima en el siglo XX. Lima: Editorial Punto Cardinal.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.

Rodríguez, L. F. (27 de Enero de 2019). Empresa del aniego en SJL obtuvo contratos por 45 millones en gobiernos de García y Humala.

Tejada, S. (2019). El reino de la impunidad. Lima: Debate.

Torres, D., Perleche, D., & Aiquipa, A. (2021). Análisis de las condiciones de habitabilidad y el impacto de la pandemia por COVID-19 en los barrios del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima: UrbesLab.

Ziegler, G., & Morales, M. (2020). Lima lucha contra el coronavirus con aguas turbias. Obtenido de Ojo Público: https://ojo-publico.com/especiales/lima-lucha-contra-coronavirus-con-agua-turbia/