Milton Campos: “Lo que esperan todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas es encontrar justicia”

El caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori, se encuentra en un momento clave, a la espera de la decisión del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio, para el inicio de la etapa de investigación judicial y el juicio. Al respecto Noticias SER conversó con Milton Campos Abogado del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer- DEMUS.

¿Cuál es la situación judicial del caso de esterilizaciones forzadas?

La situación del caso más emblemático de las esterilizaciones forzadas, que está contenido en el expediente 059-2019, se encuentra ad portas de comenzar un proceso penal, es decir iniciar el camino de una investigación y posteriormente un juicio. Hay que recordar que toda la etapa anterior ha sido desarrollada por la Fiscalía, pero el inicio o no del proceso judicial va a depender de la decisión del Juez. Existen otras dos investigaciones en la fiscalía de Lima, así como otras en regiones que también se están promoviendo tras la apertura e inscripción de las víctimas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas que maneja el Ministerio de Justicia.

¿Cuántas víctimas por esterilizaciones forzadas están incluidas en el caso del expediente 059-2019?

Existen más de 1300 víctimas en el listado. La audiencia de sustentación de cargo tuvo dos etapas con la intervención del fiscal y todos los involucrados. Asimismo, las víctimas han pedido ser parte del proceso como parte civil. Ahora, el 14 de septiembre el juez deberá dar a conocer su decisión. Lo que esperan todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas es encontrar justicia. Para ello se requiere continuar a una siguiente etapa, donde se recogerán algunas pruebas para que sean actuadas en la investigación judicial y así comenzar la investigación judicial. En caso de que el juez decida que no, el caso será archivado. Pero, por supuesto que las víctimas y entiendo que también la fiscalía, impugnaremos esa decisión para que otros tres jueces puedan revisar y tomar una decisión que busque la verdad y justicia, y no la impunidad, haciéndolo con todas las garantías de la ley.

En la audiencia de sustentación de cargo los argumentos de la Fiscalía fueron contundentes ¿Considera que hay elementos que podrían hacer dudar al juez para continuar el proceso en una siguiente etapa?

No. Desde la defensa de las víctimas consideramos que los tres requisitos que se piden para que el juez permita caminar hacia la investigación judicial se cumplen. Asimismo, hay evidencia suficiente, más de 180 elementos probatorios. También se tiene la identificación de quiénes presuntamente son los responsables de estos hechos, ahí está el listado de denunciados que encabeza el expresidente Alberto Fujimori, y también que el tiempo para hacer la denuncia está vigente porque se trata de una violación de Derechos Humanos que no tiene plazo para denunciar e investigar.

¿Cuál ha sido el argumento de la defensa de los acusados para pretender construir la teoría de que el caso de las esterilizaciones forzadas ya habría prescrito?

Efectivamente, para la defensa de Fujimori y los acusados, el argumento principal es que este caso no es una violación a los Derechos Humanos, que no es un delito de lesa humanidad, sino que debe ser considerado como un delito común y como tal tendría una pena, que para el tiempo transcurrido ya habría prescrito, porque estamos hablando de hechos entre 1993 hasta el 2000. Pero, recordemos que en el caso de Mamérita Mestanza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ésta ha declarado que constituye una vulneración de derechos humanos. Y, es más, el estado peruano, en el 2003, ha asumido responsabilidad sobre estos hechos y Mamérita Mustanza está entre las víctimas del caso 059-2019. Entonces, los hechos de las esterilizaciones forzadas constituyen violaciones a los Derechos Humanos, que es lo que también ha sido asumido por la Fiscalía. Esta situación hace inmune al caso a una posible prescripción.

¿Qué se podría decir con respecto a los argumentos de la defensa que indica que Alberto Fujimori no es culpable de las esterilizaciones sino los médicos que ejecutaron estas acciones?

Cuando una defensa sostiene en esta etapa que no hay culpabilidad está cometiendo un craso error, porque en este momento no se está investigando responsabilidad, sino recopilando información para que se pueda investigar judicialmente. Y lo otro, es que en realidad el denunciado Alberto Fujimori desplegó diferentes actos formales e informales, así como una particular intervención, monitoreo y dirección en las esterilizaciones forzadas en el país.

¿Cuáles han sido los factores para que recién este año se desarrolle la audiencia de sustentación de cargo?

La investigación fiscal empezó en el 2002, de ahí nos damos una idea de cuánto tiempo se ha venido ampliando la oportunidad de justicia para las víctimas. En realidad, a fines del 2018 se tuvo la denuncia fiscal, luego de varios intentos de archivar el caso. Desde fines del 2018 hasta marzo del 2021 no se pudo llevar a cabo esta diligencia, porque éste es un expediente bastante voluminoso, son más de 170 tomos, que requiere un análisis muy minucioso, por eso esta primera etapa duró algunos meses. Luego de eso vino la pandemia, e hizo que las fechas se prolonguen bastante.

¿A ello también se suma el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el exministro de salud Marino Costa Bauer, quien buscaba archivar el caso?

Marino Costa Bauer, intentó en el fuero constitucional archivar el caso, pero en el 2020, la respuesta de Tribunal Constitucional ha sido negativa. Entonces, ahí hay evidencia de una actuación que ha buscado dilatar y archivar el caso por cualquier forma.

En caso que el juez acepte que el caso ingrese a la etapa judicial ¿cuándo tendríamos una sentencia sobre el caso de las esterilizaciones forzadas?

Por la cantidad de denunciados y víctimas, este caso merece ser declarado un caso complejo. Siendo así, el plazo para estos casos es de 8 meses, pero el mismo puede ser ampliado y podríamos tener más de un año de investigación judicial. Luego vendría el juicio, sin embargo, siendo realistas este caso va a convocar a más de mil víctimas, y cientos de testigos. Ahí habrá mucha actividad investigativa y es probable que se tome un poco más de tiempo, quizá en algunos años recién tengamos el juicio. Pero, si nos ceñimos a la ley, en el 2023 deberíamos tener el juicio, pero eso no ocurre en el país, más aún en un caso como éste. Ahora, la etapa del juicio no tiene un plazo, porque deben desarrollarse todas las actuaciones, que serán muchas, así que tendremos algunos años más que seguir caminando en este proceso para tener una decisión del juez que establezcan o no responsabilidad penal contra los denunciados.