MINJUSDH protegerá a 26 comuneros de Catacaos amenazados por traficantes de tierras

La Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) emitió hace unos días la Resolución Directoral Nº 001-2020-JUS/DGDH, declarando procedente la solicitud de activación del procedimiento de alerta temprana formulada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en favor de 26 miembros de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, quienes son víctimas de ataques personales y judiciales por parte de personas vinculadas al tráfico de tierras en la comunidad.

Precisamente, en agosto del 2019, la CNDDHH solicitó ante el Despacho Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, que se active el procedimiento de alerta temprana del Protocolo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, en favor de 38 integrantes de la comunidad campesina. En junio de 2020, se concluyó que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en el Protocolo, recomendándose, además, la elaboración de los estudios de Evaluación de Riesgo y de Acción Urgente de Protección.

De este modo, se identificaron seis situaciones que han puesto en riesgo la vida e integridad de algunos integrantes de la comunidad campesina entre el 2011 y 2018, como la muerte de los comuneros Guadalupe Zapata Sosa en diciembre de 2011 y de Luis Pasache Zapata, en agosto de 2017; asimismo, amenazas y heridas por arma de fuego que sufrieron María Maza Flores y Mariano Vílchez Sullón, en enero de 2018. En la resolución se señala, que si bien, la solicitud comprendió a 38 integrantes de la comunidad, se logró entrevistar y obtener los datos necesarios de 26 personas, que son las que finalmente, han sido incluidas en el mecanismo de protección.

En tal sentido, la resolución resuelve comunicar a las entidades competentes la articulación para que se implementen una serie de medidas, como la comunicación con autoridades competentes para la oportuna protección policial; asistencia legal para acompañar las investigaciones iniciadas sobre los ataques, denuncias y procesos judiciales de comuneros relacionadas a la defensa de sus tierras; realización de visitas públicas y sensibilización sobre la situación de riesgo en la comunidad por parte de funcionarios de la DGDH, Defensoría del Pueblo y otras instituciones estatales y, acompañamiento de observadores de derechos humanos y/o periodistas en audiencias de procesos judiciales.

En una nota de prensa que la CNDDHH circuló este lunes, se resalta esta disposición, indicando también, que son empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana las que están apropiándose de las tierras de la comunidad: “La Comunidad de Catacaos sufre, desde hace 10 años, el despojo de sus territorios por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana (…) La Unidad de Defensores de la CNDDHH señaló que la petición aceptada por el MINJUS permitirá que el despojo de las tierras a la comunidad campesina de Catacaos, luego de casi 10 años, pueda llegar a su fin”, se indica.