Muerte al opositor: el antecedente del gobierno de Merino
Historiadora y candidata al doctorado en Historia del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL-CREDA) -Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.
Foto: Noticias SER“Morir por el covid-19 o el dengue”(1), se ha convertido en una de las más trágicas sentencias que ciertos medios de comunicación limeños hoy emplean para caracterizar la difícil elección entre la izquierda o la derecha radical que conducirá a la asunción del nuevo presidente del Perú, una decisión que millones de peruanos y peruanas deberán adoptar el próximo 6 de junio en la segunda vuelta electoral. Pero más allá de la metáfora, que alude a la muerte por ambas pandemias – y que al momento ha cobrado la cifra de más 65 mil vidas- colocando al país en el primer lugar de excesos de fallecimientos por el covid-19 en el mundo(2), existen otras amenazas mucho más letales que debieran alertar a la sociedad peruana frente a cualquier desenlace electoral: la muerte por represión política.
Y, es que ante la actual polarización de la campaña electoral que divide al país en trincheras inexpugnables de derecha e izquierda, donde el odio, el racismo y la estigmatización al opositor político constituyen las mejores armas para su destrucción en las urnas al punto de clamar su muerte(3), resulta imperioso preguntarnos: ¿Cómo es que los ciudadanos sobreviviremos al radicalismo político durante los próximos cinco años de gobierno? ¿De qué manera el nuevo Jefe de Estado enfrentará la disidencia ciudadana? ¿Cómo conducirá a las fuerzas del orden para contener las protestas sociales a fin de mantener y culminar su mandato?
Sin ir muy lejos, los diez proyectiles de arma de fuego que atravesaron el cuerpo de Jack Pintado (22), así como aquel que recibió Inti Sotelo (24) a la altura del tórax hasta provocarles la muerte durante la violenta crisis política que vivió el Perú el último 14 de noviembre, muestran cómo la brutal represión policial dispuesta por el entonces recién ascendido presidente Manuel Merino tras la vacancia de Martín Vizcarra, constituyó en la práctica la manera más eficaz de eliminar y callar a sus opositores políticos una vez enquistado en el poder. Órdenes con absoluta licencia violaron los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas que se sumaron -como fue el caso de estos jóvenes peruanos- a las multitudinarias jornadas de protesta realizadas en contra del referido régimen y que no cesaron hasta conseguir su renuncia(4).
Todavía es posible observar en redes sociales a Antero Flores Aráoz(5) (entonces primer ministro de Merino), quién con la mayor sangre fría autoriza, alienta y hasta agradece a un grupo de efectivos policiales a hacer uso inclemente de las armas contra los manifestantes bajo el argumento de recuperar el “orden público” y la defensa de la “democracia” en amparo de la cuestionada “Ley de protección policial”(6). Disposiciones que vulnerando todo principio democrático pervirtieron la naturaleza y misión de la Policía Nacional, cuyos miembros por aquellos días perecían en primera línea por proteger la vida sus compatriotas durante la pandemia(7). Mutando radicalmente de “héroes”(8) a “asesinos”(9) por gracia presidencial.
Pero, como si ello no fuera poco. A las muertes de los jóvenes peruanos Jack e Inti, los cientos de heridos de gravedad, las decenas de detenidos arbitrariamente, saldo de la brutal violencia estatal del 14 de noviembre pasado(10). Cientos de miles de víctimas más pudieron haberse sumado a las jornadas de protesta de no haberse producido la contundente “desobediencia” de las Fuerzas Armadas del Perú al incesante llamado de auxilio del mismo Merino, quién una y otra vez tocó la puerta de sus cuarteles buscando involucrarlas a favor de su régimen sin tener éxito(11). La insumisión castrense acontecida entonces eclipsó su deseo de militarizar la represión, hecho que contuvo indudablemente una catástrofe mayor(12).
En tan solo 5 días de gobierno, Manuel Merino investido de la banda presidencial, demostró con absoluta obscenidad cómo es que entendía el ejercicio de su función constitucional de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Abusó de este poder conminando a los efectivos policiales a apuntar las armas contra su propio pueblo. Envolvió al país en uno de los más sangrientos enfrentamientos que entre compatriotas no había vuelto a ocurrir desde la restauración democrática y justo cuando miles de peruanos y peruanas morían a causa de la pandemia.
Acorralado entonces por su propia conciencia y frente a las incesantes manifestaciones de indignación en su contra, Merino no tuvo más camino que optar por la renuncia. Sin embargo, la contundente victoria ciudadana, aquella que puso fin a su mandato, tras días de sangre en las calles, no consiguió hacer lo mismo con su legado. El orden constitucional restablecido con la asunción del actual presidente Francisco Sagasti, luce por ello, hoy, amenazado, con las horas contadas a la espera de los resultados de la segunda vuelta electoral.
Al menos así lo demuestran, Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que no cesan (incluso firmando todos los compromisos “democráticos”) de evocar e involucrar a las fuerzas del orden hacia sus trincheras políticas e ideológicas en su ansiado deseo de alcanzar el sillón presidencial, sin que exista para ello el más mínimo respeto a la institucionalidad de las fuerzas del orden y el mandato supremo de no beligerancia tal como lo exige el orden constitucional.
Por ello, no es sorprender que, como muchos crímenes -incluso los de lesa humanidad- perpetrados en las décadas de violencia terrorista del 1980 y 1990- el ominoso accionar de Merino, el de su gabinete y el de los 105 congresistas responsables de su llegada a Palacio de Gobierno, lejos de merecer una ejemplar condena, se mantengan hoy en la más absoluta impunidad.
Bajo la sombra del despotismo, el legado de Merino ha convertido en permisible lo prohibido en democracia. En tolerable lo execrable. Ha inscrito en el imaginario político el modelo más perverso de abuso de poder que sobre las fuerzas del orden pueden llegar a ejercer los máximos representantes del Estado en su delirante sed de poder. Un vicio que como observamos diariamente los actuales candidatos presidenciales aún en plena campaña no parecieran precisamente dejar de ejercer.
¿Qué podríamos esperar entonces ahora los peruanos y peruanas con la asunción del nuevo presidente? ¿Quién garantizará la vida? ¿Cuál de los dos candidatos será el primero en ordenar o incitar el empleo de las armas contra sus “opositores” una vez llegado al poder? ¿Quiénes ocuparan los cargos de ministros de Defensa y del Interior? ¿Cómo conducirán a las fuerzas del orden? ¿Cuáles son sus planes de gobierno en los ámbitos de seguridad y defensa? ¿A quién defenderán nuestras fuerzas del orden al gobierno o a su pueblo?
Los ciudadanos y ciudadanas demandamos acciones, respuestas y no vanos compromisos sobre papeles.
(*) Carla Granados: Historiadora y candidata al doctorado en Historia del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL-CREDA) -Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Especialista en los estudios de memoria de los veteranos de guerra en el Perú.
(2) https://canaln.pe/actualidad/peru-lidera-exceso-muertes-covid-19-mundo-n433478
(4) https://www.youtube.com/watch?v=qdXqN8vuNCM
(5) https://www.youtube.com/watch?v=VhbXjSVu3So
(5) https://www.youtube.com/watch?v=s0nki9GTdxs
(6) https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-policial-ley-no-31012-1865203-1/
(7) https://elcomercio.pe/peru/el-coronavirus-se-ensano-con-las-fuerzas-policiales-noticia/
(9) https://larepublica.pe/sociedad/2020/11/15/represion-policial-mata-a-dos-jovenes/
(10) https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf