Muertes en protestas: Del Baguazo a la represión del gobierno de Boluarte

Las luchas con objetivos políticos y sociales en diversos lugares del mundo han usado protestas pacíficas o predominantemente pacíficas que han sido respondidas muchas veces con violencia policial y muertes de manifestantes. Esto ha ocurrido especialmente en los casos de las luchas de poblaciones discriminadas. Así ocurre hoy con los pueblos campesinos e indígenas en el Perú, y ocurrió con la población afroamericana de EEUU cuando luchó por sus derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960.

En esos casos, las muertes por asesinatos o por violencia racista han tenido un alto valor reivindicativo para reafirmar lo justo de la protesta, a la vez de hacer ver al conjunto de la sociedad civil lo injusto del trato al que son sometidas, que llega hasta usar del asesinato como medio para reprimir a las poblaciones históricamente discriminadas. Algunos manifestantes en muchos casos han expuesto sus vidas sabiendo que de esa manera podían ser una contribución a la causa, causa cuyo objetivo es acabar con una situación de opresión que ya no estaban dispuestos a seguir soportando.

Por otro lado, ha habido también casos donde la violencia surge como una respuesta de las poblaciones discriminadas, lo que en ciertos casos ha causado el asesinato de miembros de las fuerzas policiales. Cuando así ha ocurrido, tales muertes se han usado para fines contrarios a la lucha de la población discriminada. Es decir, han servido para justificar la violencia policial. Hechos de esa naturaleza se han pretendido usar para “demostrar” que las poblaciones discriminadas solo pueden ser “controladas” mediante una represión violenta, ya que sus protestas solo generan caos y dañan al conjunto social. Esto último es lo que ahora pretende el gobierno de Dina Boluarte en el Perú.

El antecedente violento más cercano a lo que actualmente se vive en el Perú ocurrió en el año 2009. Durante el Baguazo, 18 policías secuestrados fueron asesinados en la Estación 6 del oleoducto norperuano. El gobierno de Alan García tenía conocimiento de dicho secuestro y de lo que ocurriría si la policía atacaba a la población indígena que bloqueaba la carretera. Aun así, desencadenó el operativo a cargo de la DINOES en Bagua donde murieron indígenas, pobladores y policías.

Un importante componente del Baguazo es la forma como fueron usados los medios de prensa. Tal como ocurre ahora, la prensa concentrada solo difundió la versión del gobierno y mintió constantemente sobre el verdadero carácter de la protesta: lograr la derogación de una ley que facilitaba la venta de tierras comunales indígenas. Ley que finalmente la lucha indígena consiguió que fuera derogada. Sin embargo, la prensa solo publicaba que los indígenas eran violentistas y el gobierno acusaba constantemente a los indígenas de ser un nuevo terrorismo. Esa era la única versión que publicaban los medios

En el contexto de dicho manejo mediático, cuando el operativo de DINOES se desencadenó, lo que la población que seguía las noticias supuso y también los indígenas es que se estaba ejecutando una matanza de grandes proporciones. Fueron efectivamente cientos de baleados, de los cuales murieron diez indígenas y pobladores de Bagua, además de seis policías. Pero lo que se creyó en un inicio era que habían sido muchos más los muertos entre los indígenas. ¿Por qué se dio por cierto que había decenas de muertos entre los indígenas? Por la campaña mediática que presagiaba una acción muy violenta de la policía y porque no había una fuente confiable de noticias. Los dos factores combinados dieron pie a creer en el rumor o en reportes sin confirmación. Y todos los rumores decían que en la mañana del 5 de junio estaba ocurriendo una matanza, que disparaban desde helicópteros a indígenas armados solo con lanzas.

Esas noticias provocaron la venganza y la muerte de los policías secuestrados, no de todos, ya que veinte lograron salvar la vida con la ayuda de los propios indígenas que no estuvieron de acuerdo en ejecutar a los policías. El Baguazo pudo ser una lección que nos enseñe cómo no proceder en este tipo de conflictos. Sin embargo, sirvió sobre todo para criminalizar solo uno de los actores: los indígenas. Un alto número de indígenas fueron sometidos a una persecución judicial que duró años, en la cual a los acusados no se les probó su participación en los crímenes. Del lado del Estado no se siguió juicio alguno a quienes mediante sus decisiones provocaron las masacres.

La reflexión que nos ocupa es acerca de cómo se pueden provocar muertes, hacer uso de ellas y en casos extremos provocarlas. En este caso el gobierno tenía información del secuestro de policías y sabía también que la tradición guerrera del pueblo Awajun y Wampis compele a vengar la muerte de sus familiares, una especie de ley de un pueblo de tradición guerrera en su pasado reciente. Sabiendo eso, el gobierno ordenó el operativo, demostrando que no le importaba poner en riesgo la vida de los policías secuestrados que permanecían como rehenes. En el Baguazo podemos apreciar que las muertes se trataron de usar para provocar una respuesta violenta indígena que justificara a su vez la brutal represión. Se esperaba lograr el objetivo del gobierno: la ley que facilitaba la venta de tierras comunales. Pero el gobierno fracasó, la matanza conmocionó al país, un nuevo levantamiento indígena en la sierra central entre los Asháninka y la presión nacional que supuso una gran marcha en Lima, aunada a la presión internacional hicieron fracasar finalmente el objetivo del gobierno, la ley tuvo que ser derogada. Alan García mostró poco respeto a la vida de los indígenas y a la vida de los policías. El 2016 su candidatura obtuvo el 5% de votos.

La nula investigación acerca de cómo se produjo la trágica muerte del policía en Puno el 10 de enero apunta en una dirección parecida, fueron extrañamente enviados a una emboscada sin medidas mínimas de defensa. El día 25 de enero Rosa María Palacios comentó en su programa radial que 150 policías se enfrentaban en Ica a un grupo de pobladores mucho más numerosos para abrir la carretera al tránsito, señalando que era imposible cumplir dicha tarea con ese número de policías. Es posible que nuevamente se esté tratando de provocar una tragedia policial para justificar una nueva sucesión de masacres. Varios indicios apuntan a que la masacre de manifestantes es la única vía que el gobierno de Boluarte tiene en mente para “pacificar” el país. Un problema es que parte importante de la población del país no está de acuerdo en hacer las cosas de esa manera. Y para convencer a la población de la conveniencia de proceder con violencia extrema la estrategia sería provocar la muerte de policías. ¿Cómo? Exponiendo la vida de policías en situaciones desventajosas, en situaciones de clara inferioridad frente a manifestantes.

Es muy difícil probar este tipo de hechos que responden a maquinaciones. Se busca provocar situaciones y por ello tampoco hay un control preciso sobre acontecimientos que pueden desbordarse y salirse de control. Sin embargo, la desesperación por alcanzar un objetivo, en este caso mantener en el poder a Dina Boluarte, puede hacer que sean capaces de arriesgar acciones torpes para lograrlo. Es lo que vienen demostrando con operativos como el de San Marcos: todo vale para hacer aparecer al “enemigo” como terrorista. Cierto es que el resultado de ese operativo ha sido muy malo para el gobierno, lo que muestra un alto grado de improvisación.

Las fieras heridas son particularmente peligrosas y eso es lo que parece ser este gobierno en la actual coyuntura, hecho también destacado por el sociólogo Carlos Reyna.