Mujeres rurales a la sombra de la pandemia: una labor no reconocida

Nelly Romero y Ana Lucía Nuñez

La pandemia causada por el covid-19 ha puesto sobre la mesa dos realidades de la vida de las mujeres rurales. Por un lado, la situación precaria de la mujer rural que se ha visto agraviada por la pandemia, dejando al descubierto el poco avance en políticas estatales destinadas a ellas; y por otro, sus propias iniciativas y logros en el plano político y comunitario frente a un Estado ausente.

La condición en la que se encuentran ha sido históricamente de exclusión y marginación, situación que aún se mantiene a pesar de que, según el INEI, representan el 20.7% del total de población del país[1]. Sin embargo, la violencia estructural y directa a las que están expuestas se ve reforzada por la postergación múltiple que reciben por parte del Estado y otros actores sociales.

De acuerdo con información del MINAGRI, a nivel nacional las mujeres rurales representan una mano de obra de dos millones dentro del sector agropecuario[2]. Sin embargo, sus derechos económicos se ven vulnerados al percibir 50% menos ingresos que sus pares masculinos por las mismas labores, igual ocurre con su derecho al acceso a la tierra, ya que sólo manejan el 60% de lo que manejan los varones.

Si antes de la pandemia, en el plano familiar, las mujeres ya dedicaban muchas horas a realizar actividades domésticas no remuneradas, ahora esto se ha exacerbado. Hay un aumento de responsabilidades en cuanto al cuidado de hijos e hijas (asumen roles de educadoras) o de adultos mayores a su cargo. Según datos del MIMP, el horario de trabajo de las mujeres en cuestiones de cuidado ha aumentado aproximadamente en 5 horas para el sostenimiento de la vida. Por otra parte, la violencia de género en zonas rurales no ha cesado. Según datos del CMP Flora Tristán, el 62% sufrió alguna vez violencia por parte de su pareja y el 23.2% de adolescentes rurales son madres o están gestando.

En términos de acceso a servicios de salud de calidad, este se ha visto más limitado. Las órdenes de no movimiento hacen que poblaciones que están lejos de centros urbanos o servicios médicos tengan mayor dificultad para acceder a medicamentos y la migración de la atención sanitaria por medios virtuales es casi imposible en un sector que no cuenta con dicha tecnología.

El confinamiento también incrementa los niveles de tensión, estrés y frustración en las mujeres por sus múltiples labores, lo que se suma a las preocupaciones relacionadas con la seguridad, la salud y la seguridad económica de sus familias. Esta situación genera la postergación, muchas veces, de sus propias necesidades para priorizar a sus hijos e hijas y sus comunidades.

Como se ha visto, existe una limitada cobertura de distintos servicios públicos destinados a que las mujeres rurales puedan cubrir sus necesidades en salud, además de educación, considerando que existe un 27.35% de mujeres rurales analfabetas y, sobre todo, de comunicación, donde la brecha digital de género refleja las desigualdades socioeconómicas preexistentes, pues sólo el 8% de mujeres usa internet frente a un 15.5% de hombres.

A nivel comunitario, el confinamiento ha puesto en riesgo su soberanía, seguridad alimentaria y la facilidad del control de recursos, debido al cierre de los mercados, el difícil acceso a las ciudades, las dificultades de traslado y el paro de sus actividades económicas en la comunidad (venta de artesanías, hilado, etc.). Todo esto hace que sus principales fuentes de ingresos desaparezcan o disminuyan drásticamente. Es decir, han perdido autonomía financiera. Por otro lado, su participación productiva se ha visto limitada, las cadenas de producción se cortaron y muchas perdieron sus cosechas. Esto también reduce sus ingresos y el acceso a los alimentos. Según Conveagro, 660 mil familias agricultoras ya perdieron su producción 2020 y su capital para 2021. Y sólo se ha colocado el 1% de S/2 mil millones del Fondo de Apoyo Empresarial al Sector Agrario.

En el plano político, a pesar del covid-19, sus luchas por ser reconocidas como actoras sociales y políticas a nivel comunitario, local y nacional no se han detenido, colocando en la agenda pública la importancia de su participación en la gobernanza de sus territorios y recursos naturales. En el 2019, en base al trabajo territorial de la ONAMIAP para la modificación de estatutos comunales a fin de que se incluya la participación de las mujeres en la toma de decisiones, lograron la aprobación del Proyecto de Ley 2148, que modifica la Ley General de Comunidades Campesinas, que fortalece el rol de las mujeres con la inclusión del 30% de su participación en la directiva comunal y su reconocimiento legal como comuneras calificadas[3]. Si bien, en el Perú, sólo el 37% de las mujeres están inscritas en los padrones comunales[4], se espera que con la implementación de la Ley esta cifra vaya en aumento.

De otro lado, este año han surgido algunas iniciativas como la Ley de promoción del empoderamiento de la mujer rural, en coordinación con Conveagro, que busca brindar herramientas para el desarrollo de las mujeres rurales en la esfera pública y privada para así garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales a través de la educación, capacitación y participación política. Del lado de las organizaciones, surgen nuevos liderazgos de mujeres, por ejemplo, Leonela Labra Paocca del Frente Espiranense de Cusco y Yaquemilsa Matiashi Vicente de los Jóvenes Indígenas y Colonos Megantoni, quienes alzan su voz sobre la situación actual de sus tierras y territorios (contaminación de sus ríos por metales pesados y afectaciones en niños y niñas, deficiencia en el acceso a servicios educativos, represión policial en el corredor minero del Sur, agricultura familiar en riesgo, etc.) y sus principales necesidades (herramientas digitales para y promover la participación real y actualizada de más jóvenes en estas problemáticas, proteger sus derechos como defensores ambientales, etc.).

Según datos de la FAO, sólo el 30% de las mujeres rurales poseen tierras agrícolas, pero no tienen acceso a los medios de producción. Lo que implica que su trabajo no siempre es percibido como una “actividad productiva” por sus pares masculinos, esta percepción es muy relativa cuando se trata de ellas. Si más mujeres fueran propietarias de sus territorios, serían garantes de la soberanía y seguridad alimentaria de sus familias y comunidades, además, tendrían un mayor acceso a liderazgos y a roles dirigenciales, lo que les permitiría a su vez acceder a espacios de toma de decisión[5]. Es necesario eliminar estas brechas en el acceso de las mujeres rurales a la tierra y el territorio, ya que refuerzan el círculo de pobreza en la que se encuentran, más aún si desde el Estado y sus propias comunidades no aseguran ni reconocen de forma efectiva estos derechos.

La persistencia y el trabajo que realizan por ser reconocidas como comuneras calificadas es justamente para romper estas brechas de género, con la modificación de la Ley General de Comunidades Campesinas. Le corresponde al Estado y sus instancias responsables establecer lineamientos para su implementación, eso respaldaría su lucha para tener una participación efectiva en la vida comunal. Por otra parte, iniciativas como el Proyecto de Ley del Empoderamiento de la Mujer Rural son necesarias en el camino de establecer una política pública integral que reconozca y legitime sus propuestas y necesidades.

Por esto, insistimos en la importancia del reconocimiento efectivo de las mujeres rurales que se debe traducir en un reconocimiento social, legal y político de sus múltiples labores como cuidadoras de sus tierras y territorios, recursos naturales, bienes comunes, familias y comunidades. En el contexto actual, no podemos hablar de reactivación económica sin principios de equidad e igualdad, que sean mínimamente proporcionales a su contribución al desarrollo y construcción del espacio rural, aún más en escenarios tan duros como este, de incertidumbre y alerta constante, en donde se muestran resilientes y con la intención de formar redes y mantenerse conectadas. Mientras el Estado no haga su parte en avanzar, tener un día de conmemoración es solo un saludo a la bandera para no tener que hacer cambios reales.

Esta semana la columna de Comadres cuenta con la colaboración especial de Nelly Romero y Ana Lucía Nuñez quien pertenece a la plataforma.

[1] Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas realizado por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI).

[2] De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), esta cifra le corresponde a la mano de obra que se involucra en toda la cadena productiva del sector.

[3] Vergara, R. (2020). Mujeres y territorio: La lucha por el reconocimiento y la participación de las mujeres indígenas, andinas y amazónicas en el Perú. Editado por: Oxfam América Inc.

[4] Ibíd.

[5] Silva Santisteban, Rocío (2017): Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Lima: AECI