Ni gobierno ni oposición

En respuesta al empantanamiento político, el gobierno de Pedro Castillo se ha embarcado en una estrategia de doble vía. De un lado, ofrece obras y recursos a diestra y siniestra en los Consejos de Ministros Descentralizados; de otro, insiste en la necesidad de una Asamblea Constituyente, no solo en esos espacios sino en coordinación con diversas organizaciones sociales a través de la Asamblea Nacional de los Pueblos.

En medio de las confrontaciones con sus opositores parlamentarios, con los grandes medios de comunicación nacional, y con sus propios aliados, el gobierno parece asegurar una ruta para frenar su caída en las encuestas, al menos por unos meses. De alguna manera el presidente quiere volver al perfil de “anti establishment” que exhibió en la campaña electoral 2021, y de paso, eludir las múltiples denuncias de corrupción contra él y su entorno.

La principal limitación de tal estrategia es que el presidente Castillo no asume que su tarea central es gobernar, lo que implicaría no solo una gestión eficiente de los recursos públicos -algo que no está ocurriendo- sino además dar respuesta a las urgencias de la ciudadanía y a las expectativas que generan los Consejos de Ministros Descentralizados.

Mientras tanto, en el escenario parlamentario, el “partido de gobierno” pareciera gozar de una feliz cohabitación conservadora con los grandes opositores al gobierno, en la que se combinan intereses particulares de todo tipo, desprecio por la calidad educativa, el enfoque de género, los derechos humanos, la transparencia a los procedimientos, como hemos visto en la elección de los 6 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y mientras votan juntos y de la mano, "la oposición" lanza interpelación tras interpelación, con razones o sin ellas, para hacernos creer que se preocupa por la pésima gestión gubernamental, cuando eso es lo que menos le importa.

En Noticias SER consideramos que estamos frente a un presidente que no gobierna, que no deslinda de la corrupción y que parece seguir en campaña; también ante un Congreso que no fiscaliza, y que cuando legisla lo hace en función de intereses particulares. En ese sentido, es urgente que la ciudadanía reaccione de manera organizada y articulada para encontrar respuestas a los graves problemas que nos afectan. De no hacerlo, recuperarnos de los costos del desastre político actual y de los impactos y secuelas de la pandemia será una tarea de décadas.