¿Otro PASO atrás?

Resulta inexplicable que algún sector de la opinión haya lamentado la eliminación de las llamadas PASO como un retroceso, cuando nunca se realizaron. De la llamada reforma política que impulsó Vizcarra y que la Comisión Tuesta convirtió en una docena de proyectos de ley, sólo se aprobó y aplicó una: la de la paridad hombre - mujer y su alternancia en la lista de candidatos. Las PASO, es decir, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, quedaron en el papel, porque, tanto en las Elecciones Generales del 2021, como en las Regionales y Municipales del 2022, fueron suspendidas por sendas modificaciones aprobadas en el Congreso.

Desde un inicio discrepé con la idea de que las PASO serían un remedio a la precariedad organizativa y representativa de los partidos. Al margen de que fueran o no una imitación de las primarias argentinas, me parecía un contrasentido que fueran obligatorias, cuando, se sabe que los partidos gozan de una desconfianza mayúscula, una de las mayores en América Latina. Eso, además de generar un gasto inútil al Estado, iba a conseguir una hecatombe de organizaciones porque a todas se les obligaba a tener -como mínimo- una votación del 1.5 % del total de votantes para seguir en carrera, cuando cuatro quintos del total votaría en blanco o viciaría su voto. Sólo pasaría un puñado. Era obvio que el Congreso elegido después del que cerró Vizcarra, compuesto por esos partidos precarios, iba a borrar ese intento de desaparecerlos. La Ley 31981 recientemente promulgada, es la respuesta de esas organizaciones.

Otra falencia de las llamadas PASO es que la ley no garantizaba que las elecciones fueran directas ni competitivas porque la ley dejaba a los partidos fijar las reglas de juego y así en las Elecciones Internas (otra modalidad de primarias) la mayoría optó por elecciones indirectas (o por delegados) y por listas únicas. El ausentismo en las elecciones previas a las Generales del 2021 fue gigantesco: acudió a votar menos del 1 % de los 224 mil afiliados al Partido Nacionalista; 2,400 de los 257 mil afiliados del PPC; 3 mil de los 150 mil que figuran en el papel de Somos Perú; 14 mil de los 210 mil militantes del Partido Aprista; y sólo 30 mil de los más de 220 mil inscritos en Acción Popular. Igual pasó en las internas previas a las municipales del 2022, cuando sólo acudió a votar el 10 % de los afiliados, lo que demostró que no hay militancia y que el registro y la firma no comprometen a (casi) nadie.

Ese comportamiento ha continuado en las recientes elecciones internas que tuvieron tres organizaciones políticas en siete distritos de dos provincias de Cajamarca para elegir a sus candidatos para las elecciones complementarias municipales que se realizarán en los distritos de Pión (Chota) y Ninabamba (Santa Cruz). Los afiliados de Alianza para el Progreso, Perú Libre y el Frente Regional de Cajamarca fueron convocados a las urnas el domingo 7 de enero y sólo acudieron el 2.5 %, 19.2 % y el 2.7 %, respectivamente. Los 64 votantes de Perú Libre fueron a ratificar la única lista que presentará en Ninabamba, en tanto que los 60 de APP ratificaron la elección del único delegado que elegirá a los candidatos para Pión, mientras que 32 votantes del Frente Regional eligieron a los dos delegados que, a su vez, elegirán a las listas para Pión y Ninabamba. Una nota curiosa es que Perú Libre no presentará lista en Pión, que pertenece a Chota que, se supone, es la plaza fuerte del castillismo. Las veleidades de la política.

En conclusión, con la Ley 31981 se ha dado un paso atrás en las exigencias a las organizaciones políticas y, en particular, al haberles condonado sus deudas por infracciones por no rendir cuentas sobre el financiamiento de sus campañas. Estamos, pues, a un paso del desbarajuste total del sistema político y se sigue dando carta libre a improvisados o, lo que es peor, a grupos más interesados en los negocios que en la política o en el buen gobierno y dispuestos a recibir dinero sucio con tal de ganar.

¿Cómo salir del círculo vicioso de la falta de interés en la política de la población que genera, a su vez, que los partidos se conviertan en capillas y presenten una oferta de candidatos que no dan la talla y que una vez elegidos, en el ejercicio del poder sólo benefician a pequeños grupos, lo que aumenta más la desconfianza en los políticos? La tentación autoritaria, ya sea con fórmula de izquierda o de derecha, parece la salida más obvia y los que reclaman a un Bukele, un Milei o a un Maduro aumentan. Arrasar con las discusiones y gobernar manu militari sin rendir cuenta a nadie. Pase libre a los negocios para seguir creciendo económicamente, menos impuestos; menos burocracia; más inversión extranjera; más orden; más policías; menos artistas y sotanas que cuestionen el (des)orden existente.

¿Y qué pueden hacer los tres millones de ciudadanos conscientes e informados que no tienen un periódico o un canal de televisión pero que están profundamente preocupados por la crisis política? Esos no necesariamente son los militantes de los partidos, como ya se ha visto; ni los profesionales que ya sabemos cómo se portaron a la hora de elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; ni la juventud universitaria, cuya mayoría anda preocupada en la fiesta del sábado; ni en los campesinos de los pueblos olvidados. Se trata de una minoría liberal, izquierdista, socialdemócrata y hasta conservadora que atraviesa todas las clases sociales y las regiones del Perú y por supuesto, todas las edades. Pero si cada día esos peruanos y peruanas se comprometen a ser activistas para recuperar, reformar, renovar, cambiar, profundizar (cualquiera sea el enfoque) el sistema político democrático, los cambios pueden venir antes de lo esperado. El Perú no ha dejado de ser un país de sorpresas.