Pan y rosas: los desafíos de la situación laboral de las refugiadas y migrantes venezolanas en el Perú

“Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer”

Flora Tristán

Es común que en el Día Internacional de la Mujer se nos felicite simplemente por ser mujeres, pero, como aún existen mujeres sin el reconocimiento, ni igualdad, ni equidad ni el ejercicio de nuestros derechos, o sin autonomía económica, no es más que un saludo a la bandera. Nada que celebrar. En 1912, una de las primeras consignas fue “pan y rosas” la que exigía mejores condiciones laborales y calidad de vida; encerrando un concepto fascinante, no solamente de rosas vivirá la mujer, es decir, sin trabajo y seguridad económica difícilmente se alcance el bienestar y la ciudadanía plena. Luego de diversos acontecimientos como la explotación laboral, cuando ninguna ley las protegía, la necesidad de condiciones de trabajo más humanas, e incluso la muerte de muchas mujeres, llegamos al 8M, una fecha con historia de lucha. Aunque las cosas han cambiado desde entonces y a pesar de lo escalado hasta el momento, en el empoderamiento femenino falta mucho por recorrer.

Ahora mismo, muchas mujeres en el mundo están padeciendo diversas necesidades. Sin trabajo a raíz de la covid-19, jugándose la suerte del día a día para conseguir el pan. De acuerdo a la CEPAL el impacto en el trabajo de las mujeres en el Perú y la necesidad de autonomía económica requiere de una recuperación sostenible y con igualdad, ya que las mujeres por lo general están ubicadas en sectores de la economía del cuidado, en la informalidad donde la pandemia causó estragos. Si hablamos de las mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela, que en su mayoría se ubican en el sector informal, lo que ha traído la crisis sanitaria es mayor pobreza y exclusión. Las mujeres migrantes representan el 47.3% de la totalidad de personas venezolanas en el país.

Bajo este contexto, es innegable que la situación de las mujeres venezolanas significa un desafío importante para la gobernanza migratoria del Perú, ya que esta población no es homogénea y comprenderla requiere de ciertas interseccionalidades como la edad, la identidad de género, el nivel educativo, entre otros, es decir que es necesario abordarla desde un enfoque de género, ya que la experiencia de la migración no es igual para hombres que para mujeres. Las mujeres experimentan doble discriminación, una por nacionalidad y otra por género.

Cabe considerar que, no pretendo abordar todas las dimensiones de un fenómeno tan complejo, sino reflexionar en torno a la situación laboral de dichas mujeres. Lo preocupante del caso, es que en los últimos años se han intensificado narrativas estereotipadas y negativas que generan falsas percepciones sobre las mujeres venezolanas como la hipersexualización por sus atributos físicos y características de personalidad, o de que “todas son aprovechadoras” o asociarlas a la criminalidad. La discriminación basada en el género deviene en una marginación hacia la dignidad de las mujeres, afectando todas las dimensiones de su vida, obstaculizando el acceso y participación de diversos espacios de actuación públicos y privados, y si a esto se le suma la condición migratoria irregular, las llevan a la precarización laboral y a la vulnerabilidad de ellas y sus hijos. Esto tiene consecuencias directas en la integración socioeconómica y al acceso a un empleo digno para la autonomía económica, exponiéndolas a ser víctimas de violencia, xenofobia, discriminación e incluso trata de personas. En una migración como esta, hay de todo tipo de personas, incluso aquellas que deciden delinquir o que no se adecuan a los acuerdos sociales establecidos, pero pretender juzgar a todas las mujeres como iguales es un sesgo cognitivo.

Aunque en enero del año 2017 se publicó el Decreto Legislativo N° 1350 conocido como “Ley de migraciones” que representó un gran avance en protección de los migrantes y refugiados, aún hay deficiencias por la falta de procedimientos oportunos para la regularización migratoria y la determinación de la condición de refugiado, dificultando la inclusión de las mujeres en el aparato productivo del país. Dicho decreto establece varios principios que deben regir el tratamiento de esta población vulnerable: el respeto a los derechos fundamentales, el principio de reconocimiento del aporte de los migrantes en el desarrollo del país, la integración del migrante, y el principio de la no discriminación e integralidad, cuestiones que no están siendo atendidas o están en el olvido por la variabilidad del contexto.

Vinculado a esto, la legislación nacional ha dejado de lado un conjunto de principios interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y victimas de la trata de personas (Res. 04/19) que podrían dar un mejor tratamiento a las migrantes y refugiadas, como son: el principio 8, perspectiva de género y enfoque diferenciado, para considerar los riesgos específicos, así como los efectos diferenciados que enfrentan las mujeres, hombres, niños, adolescentes y personas LGTBI; el principio 9, los Estados deben crear y fortalecer canales de migración regular que tengan en cuenta la perspectiva de género; el principio 12, no discriminación e igualdad de protección; el Estado debe implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización destinadas a promover la multiculturalidad en las sociedades y combatir la discriminación y xenofobia; el principio 13, todo migrante tiene derecho a vivir libre de estigmatización, estereotipos, prejuicios y prácticas de intolerancia; el principio 16, protección a migrantes en situación de vulnerabilidad, las autoridades deben ser conscientes de los riesgos de estos grupos. Con esto, se puede viabilizar condiciones de vida, donde el Estado peruano debe garantizar los procesos de integración e inclusión de estas personas. Es importante mencionar que, no podemos olvidar los problemas estructurales que se vive, como la informalidad laboral, la deficiencia en políticas públicas inclusivas y sostenibles, además las constantes crisis y variaciones en la política.

Ante esto, en el Día Internacional de la Mujer, recoger las reivindicaciones de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas para una adecuada inserción al aparato productivo del país, sería un reconocimiento a la historia de lucha de esta fecha emblemática, sin dejar a un lado a otras nacionalidades o a mujeres que no son migrantes pero que están en iguales condiciones de vulnerabilidad. La covid-19 agudizó las brechas económicas, pero se puede aprovechar esta crisis como catalizador para reducir las desigualdades con políticas públicas inclusivas y de protección.

El contexto que vivimos interpela al Estado a reformular de manera coordinada y responsable la gobernanza migratoria siendo coherente con las obligaciones asumidas en materia de protección internacional de los Derechos Humanos, de ahí la importancia de generar medidas concretas. Nos preguntamos: ¿Qué tanto acceso tienen las mujeres migrantes y refugiadas al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar- AURORA? ¿Qué tanto acceso tienen estas mujeres a la atención de la salud mental? ¿Qué medidas serán necesarias para garantizar la seguridad jurídica y protección a las mujeres en estatus migratorio irregular asegurando la denuncia segura ante la vulneración de sus derechos y eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, incluida la trata de personas y la explotación laboral? ¿Qué tanto el Estado apoya la autonomía económica de mujeres vulnerables y facilita emprendimientos que ayuden a mejores condiciones socioeconómicas?

Finalizo indicando que las personas migrantes no deben ser concebidas como una amenaza sino como una oportunidad para el desarrollo del país, siempre y cuando se cambie de enfoque y se amplie los horizontes del pensamiento, revisando las prácticas que han hecho otros países con mayor experiencia en movilidad internacional. En vez de estancarnos en el por qué del problema pretendiendo “tapar el sol con un dedo”, promoviendo discursos chauvinistas, xenófobos y machistas, sería bueno preguntarnos ¿Cómo utilizar las diásporas con propósitos creativos en las perspectivas de desarrollo? ¿Cómo enfocarse en las potencialidades que tienen las personas para la productividad del país?

Debemos ser estratégicos y comprometidos en generar alianzas entre el sector público y privado, y planes que ayuden a la mejor convivencia y bienestar de todas las personas en el país. Es una situación que no podemos evadir. Hay que buscar las alternativas que generen soluciones concretas y menos retóricas, que deben enmarcarse en la gobernanza. Pensar en solo acoger a las mujeres migrantes y refugiadas sin buscar las alternativas de integración e inclusión adecuadas para su autonomía económica en el país, es aniquilar su vida, ¡Pan y rosas exigimos las mujeres!