Paola Bustamante: “Es urgente que el gobierno designe a una persona idónea para la gestión de los conflictos”

Según la Defensoría del Pueblo, a setiembre del 2021, existen 198 conflictos sociales en todo el territorio peruano, de los cuales 142 están activos y 56 latentes. Asimismo, en el mes de setiembre surgieron siete casos nuevos de conflictividad en el país. A pesar de este embalse de la conflictividad, el gobierno liderado por Castillo, no ha dado señales claras de la forma como se afrontará este tema y también la Secretaria de Gestión Social y Dialogo aún esta descabezada. Para conversar sobre este tema Noticias SER entrevistó a Paola Bustamante Suárez, ex Alta Comisionada de la Presidencia del Consejo de Ministros para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur y Directora de Videnza Consultores.

¿Qué opina sobre el tratamiento que se le está dando a los conflictos el gobierno de Castillo?

Se ha generado una serie de expectativas básicamente desde la campaña realizada por el actual presidente Pedro Castillo y esto se ha ido agudizando en relación a las expectativas de las comunidades en diferentes partes de nuestro país, sobre todo en el corredor minero, que abarca provincias de Cusco, Apurímac y Arequipa, donde se hicieron una serie de compromisos que el ex premier Guido Bellido no pudo cumplir.

¿Qué le parece los acuerdos a los cuales arribaron la Primer Ministra, las comunidades y autoridades locales de Cotabambas en la reunión de hoy?

Sobre los acuerdos en Pisaccasa, Cotabambas, es necesario reconocer el levantamiento de la medida de fuerza y el reinicio del diálogo, tomando como base la comisión multisectorial y sus nueve grupos de trabajo creados en el 2019, en el que cada uno de los grupos de trabajo tenía como objetivo resolver cada uno de los puntos de agenda planteados por la provincia. Tomar en cuenta los avances de los grupos de trabajo y los pendientes, va a ser importantes para no comenzar de cero. Asimismo, es importante la confirmación hecha por el Viceministro de Economía y Finanzas de que a partir del próximo año podrán contar con el canon minero, tema que estaba pendiente de resolver hace buen tiempo. Saludo que se haya comunicado que ya se tiene, para el próximo año, el financiamiento del hospital de Cotabambas, así como las obras de agua para el distrito de Maras y los caminos vecinales para Haquira. Sin embargo, en el marco de los compromisos asumidos en el plan de desarrollo de Cotabambas, es necesario mirar todo el bloque de proyectos para la elaboración de expedientes técnicos y sean financiados en el más corto plazo.

¿Cree que la presencia de Mirtha Vásquez en la Presidencia de Consejo de Ministros, cambiará el enfoque de tratamiento de los conflictos?

Creo que la presencia de la Primera Ministra Mirtha Vásquez da un mensaje político a los ministros de su gabinete y, para ello voy a hacer un “zoom” en la provincia de Cotabambas. La problemática de la zona data de hace muchos años y con mayor fuerza desde el 2015, donde recurrentemente se agudizan los conflictos, coincidiendo en algunos casos con cambios de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta zona? Pues existen compromisos desde el 2015 a la fecha, hechos por los diferentes gobiernos, que lamentablemente han sido dejados de lado por estos. Quisiera enfatizar que lo que han pedido las autoridades de Cotabambas es que se cumplan los compromisos asumidos en el año 2019 con los 9 grupos de trabajo. Y ese pedido involucra una serie de temas, como por ejemplo, que el Ministerio de Justicia continúe asumiendo la defensa legal de aquellos comuneros que están denunciados y que no tienen abogados. Así mismo que se cumpla con el plan de desarrollo de la provincia de Cotabambas, que implica más de 200 proyectos de inversión pública. Hay que generar esta nueva relación entre el Estado, la empresa y las comunidades.

¿Por qué los ministerios no implementan los acuerdos de las diversas mesas de diálogo?

Hay compromisos que cada ministerio debe asumir, y estamos hablando de más de la mitad de los sectores, pero como luego de los acuerdos todo está tranquilo, el tema pasa a segundo plano y no se cumple ni se incorporan en los presupuestos aquellos compromisos y, luego vuelve a surgir el conflicto y la relación entre el estado el gobierno, los funcionarios públicos y la población se termina resquebrajando, porque se pierde la confianza.

Y, ¿algo similar sucede con las empresas mineras y sus compromisos asumidos con la población?

Si la empresa minera firma compromisos y no los cumple, y además el Ministerio de Energía y Minas no realiza un trabajo de seguimiento y acompañamiento para que estos compromisos se cumplan, entonces, nuevamente, emerge el conflicto porque hay fricciones, porque no se ponen de acuerdo en que si la acción que realizaron realmente se cumple. A veces, en un momento determinado, las actas no se redactan de la mejor forma, y al momento de la interpretación, surgen diferentes posiciones. Y, hay un permanente estado de conflictividad, porque no se le da la importancia debida a la prevención, ni a cumplir los compromisos.

¿Considera que un principal problema del gobierno es que no se ha explicado cómo se va a encarar la conflictividad en términos de seguimiento, prevención y gestión?

Una preocupación es que hasta el momento, luego de casi tres meses de gestión, no hay una persona designada para que asuma la Secretaría de Gestión Social y Diálogo que depende del Viceministerio de Gobernanza Territorial y que el viceministro no diga absolutamente nada del tema, eso en términos de gestión pública es preocupante porque los conflictos están escalando directamente hacia la Primera Ministra Mirtha Vásquez. Mientras tanto hay un viceministro bastante cuestionado que no ha tenido la capacidad de proponer a la Primera Ministra ni al anterior, a un profesional que dirija la estrategia de gestión social y diálogo del país. Creo que es urgente que el gobierno designe a una persona idónea, comprometida y que conozca la importancia de la gestión de los conflictos, porque no estamos hablando solo del corredor minero, sino también de los conflictos en la selva o en el VRAEM.

¿Es sintomático que la Primera Ministra viaje a dialogar con las comunidades del Corredor Minero?

Saludo que la Primera Ministra lidere este tema, sin embargo no es sostenible que ella esté liderando permanentemente. De otro lado, los ministerios no asumen el rol que les toca, partiendo por del Ministerio de Energía y Minas, que como ente rector que dirige la política de hidrocarburos, electricidad y minería, que son altamente conflictivos, debe tener un liderazgo en la prevención de los conflictos, no solamente recabando información, sino utilizando la información sobre los compromisos de las diferentes empresas que han asumido con las comunidades con la población y autoridades, para que se viabilicen. Otro tema pendiente es lograr la articulación con los gobiernos regionales y las autoridades locales que es algo relevante, ya que no basta hablar con las comunidades como pensaba el ex Primer Ministro Bellido, también hay que dialogar con las autoridades locales y fortalecer la institucionalidad, porque un proyecto de desarrollo y la ejecución de las regalías mineras que lleguen al gobierno local estarán a cargo de la autoridad local.

Entonces ¿Cuáles serían los retos de la gestión de Mirtha Vásquez sobre de la conflictividad en el país?

El primer tema es tener el mapeo general1de todos los compromisos asumidos por los diferentes gobiernos, en los diferentes puntos de nuestro país a raíz de las actividades extractivas y por otros conflictos vinculados con el sector público, con los sindicatos, con los transportistas, con las personas que han sido pasibles de algunos daños o perjuicios a la salud por contaminación. Esto ayudaría a tener el panorama de todos los tipos y diferentes niveles de conflictividad que tiene el país. En segundo lugar deberían encargar a cada ministerio responsable de los temas, por ejemplo, lo que corresponde empleo público debe encargarse SERVIR con Economía y Finanzas y así con los otros ministerios. Asimismo se debe cumplir el rol articulador, supervisor de seguimiento a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo que permita garantizar que cada sector cumpla con lo que le toca. Luego está el rol que le toca al gobierno regional y local de ejecutar adecuadamente esos recursos provenientes de regalías y del canon e identificar otros espacios en los que ya se viene trabajando en alianza con las comunidades y los gobiernos regionales, teniendo en cuenta un enfoque territorial.