Por una agricultura y agroindustria que beneficien realmente a las trabajadoras y trabajadores

Las y los especialistas que suscribimos este pronunciamiento, saludamos la decisión del Congreso de la República de derogar la Ley 27360, de Promoción del Sector Agrario, por las razones que motivaron la protesta laboral, vinculadas con las precarias condiciones de trabajo y la desprotección social que posibilitaba el anterior marco regulador; y al Ejecutivo por no observarla.

Consideramos, asimismo, que la propuesta de ley presentada por la “Comisión Multipartidaria para la Creación de una Nueva Ley Agraria”, representa un punto de partida para la discusión y aprobación de una norma que realmente introduzca cambios sustanciales en las condiciones laborales en el sector agrario.

En ese sentido, cabe señalar los avances que introduce el proyecto de ley en materia de derechos y beneficios laborales, que mejoran algunos aspectos de la norma derogada, comenzando por la prohibición de la tercerización e intermediación laboral de actividades principales en el sector agrario, así como el reconocimiento expreso del derecho de los trabajadores a recibir utilidades, una asignación familiar, un pago por escolaridad, una tasa adicional por jornada laboral nocturna y el seguro por trabajo de riesgo.

Sin embargo, a pesar de estos aspectos importantes, vemos con preocupación que este proyecto de ley insista con algunos de los dispositivos de la anterior legislación que se derogó por considerarla injustificada:

• Se establece una remuneración básica agraria (RBA) que reproduce el patrón remunerativo del régimen derogado: la compensación por tiempos de servicios (CTS) y las gratificaciones se pagan conjuntamente con el jornal diario, como parte de una remuneración integral, desnaturalizando el objetivo de ambos derechos (principalmente la CTS, como soporte económico para la cesantía); razón por la cual ambos conceptos deben pagarse por separado, como establece el régimen general de la actividad privada.

• Los aportes a la seguridad social siguen estando por debajo de lo establecido en el régimen laboral general (7% de la remuneración en lugar de 9%), perpetuando el desbalance financiero de EsSalud, como si los trabajadores agrícolas y agroindustriales no estuviesen expuestos a problemas de seguridad y salud ocupacional, incluso más que en otros sectores.

• Lo que corresponde es que los trabajadores agrarios gocen de los mismos beneficios laborales que los trabajadores sujetos al régimen laboral general.

• Consideramos, además, que la demanda de un aumento remunerativo levantada por los trabajadores del campo, se justifica plenamente, dada la profunda desigualdad en la evolución de los ingresos laborales respecto de las millonarias utilidades empresariales en 20 años de recibir subsidios estatales, expresados en un menor aporte a la seguridad social de sus trabajadores, el pago de la mitad del impuesto a la renta, los beneficios del drawback, la depreciación de activos, las ventajas arancelarias de los acuerdos de libre comercio, el acceso barato al recurso hídrico, entre las principales. En ese sentido, los trabajadores de la agricultura y agroindustria debieran recibir un aumento de su remuneración mínima vital de al menos 50%.

• Con relación al reconocimiento del bono de productividad, este aparece condicionado a “si hay acuerdo” de los trabajadores con su empleador, lo cual resulta extremadamente difícil en un sector con una tasa de sindicalización del 4%. En su lugar, debe garantizarse la libre organización y fomentar la negociación colectiva de los trabajadores con sus empleadores, con el fin de permitir que las mejoras en su productividad laboral se transformen en mejoras salariales. Para ello, resulta fundamental que los trabajadores agrarios que realizan labores permanentes sean contratados a plazo indefinido, mientras que aquellos estacionales recurrentes, accedan a un contrato estable discontinuo.

• El fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es una medida largamente demandada no solo por los trabajadores, sino que es recomendada también por nuestros principales socios comerciales, en el marco de los acuerdos comerciales suscritos con nuestro país que incorporan compromisos en materia laboral y ambiental. Sin embargo, este fortalecimiento solo será posible si se asignan mayores recursos presupuestales; de lo contrario, toda mención al respecto carece de sustento y se reduce a un mero ejercicio retórico.

• Con relación al régimen tributario, si bien consideramos necesaria una adecuación progresiva al régimen general para las empresas que se beneficiaron menos de cinco años con los beneficios tributarios del régimen agrario, esta debiera considerar un menor plazo al propuesto (2025 en lugar del 2028), además de modificar el orden de las condicionalidades establecidas para acceder a este derecho: las empresas agrícolas no podrán acceder a los beneficios tributarios si cuentan con infracciones en el ámbito laboral o ambiental.

Por lo expuesto, creemos que el Congreso de la República tiene una oportunidad histórica para corregir un marco normativo que cumplió con creces su objetivo original, consolidando económicamente a un sector que se ha visto beneficiado con las políticas comerciales, el acceso a los recursos naturales y a vías de comunicación subsidiadas con recursos públicos, por lo que es momento que quienes han hecho posible este despegue y consolidación –como son las trabajadoras y los trabajadores del agro– se beneficien también y de manera proporcional, con una mayor participación en las ganancias generadas por la agricultura.

Se adhieren individualmente:

Javier Neves Mujica Christian Sánchez Reyes Oscar Ugarteche Galarza María Bastidas Aliaga Fernando Cuadros Luque Alfredo Villavicencio Ríos Adolfo Ciudad Reynaud Elmer Arce Ortiz Giovanna Larco Drouilly Javier Mujica Petit Lily Ku Yanasupo Alan Fairlie Reinoso Mariela Belleza Carlos Mejía Alvites Jorge Bracamonte Allaín Saúl García Santibáñez Eduardo Zegarra Mendez Diana Miloslavich Túpac José Marcos-Sánchez Zegarra Edgardo Balbín Torres Pedro Francke Ballve Henry Carhuatocto Sandoval Julia Cuadros Falla Pablo Ricardo Abdo Luis Miguel Sirumbal Ramos Grace Baquerizo Rojas Juan Diego Motta Villegas Milagros Vivas Ponce Luis Enrique Mendoza Choque Omar Alberto Cavero Cornejo David Campana Zegarra Gladys Gabriela Cusimayta Lobo Guillermo Miranda Hurtado Willman César Meléndez Trigoso Pier Paolo Marzo Rodríguez Juan Carlos Vargas Marín Gianinna Echevarría Gutarra Enrique Fernández-Maldonado Andrea Sánchez Matos Wilfredo Sanguineti Raymond Pablo Ricardo Abdo Irma Elvira Ganoza Macchiavello Julia Carmen Espinoza Bernal Ibis Fernández Honores Mirtha Villanueva Cotrina Ruth Luque Ibarra Amire Romina Ortiz Arica Rayza Collazos Alvarado Sonia Johana Asurza Espiritu César Mariano Figueroa Vergara Rosario Narváez Vargas Magali Aguilar Cortez

Se adhieren colectivamente:

Federación de Trabajadores del Agua Potable del Peru (FENTAP) Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) Red de Propuesta y Acción (Red Muqui) Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (PERÚ EQUIDAD) Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CATP) Asociación Nacional de Centros (ANC) Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS PERÚ) Asamblea de Delegados de Organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque (ADOSCIL) Movimiento Manuela Ramos CPM Micaela Bastidas Trujillo Colectiva Mujer y Poder Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) Acción por Igualdad Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) Centro de Desarrollo Étnico (CEDET) Comisión de Derechos Humanos Alto Huallaga (CODHAH) Colectiva Obstetras Feministas SEDYS Trujillo Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Asociación Servicios Educativos Rurales Asociación de Productores Agrarios, Pecuarios y Agroindustriales de la Provincia del Alto Amazonas (ASPROAPEC) Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) Plataforma de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible (RENADES) Colectivo Uniones Perú Grupo de Mujeres Diversas CMP Flora Tristán Asociación Mujeres Las Karahuayllas Colectivo Juntos Perú por Justicia basta de Impunidad Central de Trabajadores del Perú (CTP)