Precariedad laboral en el Perú: el problema detrás del acceso a una vivienda adecuada

Durante el 2020, por efectos de la pandemia, no solo hemos sido testigos del incremento de las tasas de desempleo en el sector formal, sino que ha quedado en evidencia la gran cantidad de trabajadores sumidos en el subempleo y el empleo vulnerable. El ejemplo más resaltante fue el develamiento de las condiciones precarias ―al borde de la esclavitud― en las que se encontraban laborando las y los agricultores. Al mismo tiempo, el gobierno pide que nos quedemos en casa, que tomemos las precauciones de limpieza y de distanciamiento social. Ante este panorama surgen muchas interrogantes que, seguro, ya existían antes de la pandemia. ¿Es posible que una persona que trabaja en esta estructura precaria costee una vivienda adecuada? ¿Cuáles son las condiciones de habitabilidad de las y los trabajadores subempleados o informales? Con esta columna se pretende una aproximación a la comprensión de la relación entre la precariedad laboral y el problema del acceso a la vivienda en el Perú.

Desde que Alberto Fujimori inició el ajuste estructural económico, a mediados de la década de 1990, la oferta de vivienda formal se encuentra gestionada por el libre mercado. Es decir, la producción de vivienda dejó de ser derecho para convertirse en bien de transacción y exclusividad, pues no todos la pueden costear. En los programas del Fondo Mi Vivienda se exige que las familias posean ahorros, capacidad de pago y endeudamiento, y trabajo estable, requisitos que solo reúne la clase media. De hecho, el programa Techo Propio, inicialmente diseñado para personas de menos recursos, en la práctica es muy restrictivo para ese mismo sector. Entonces, ¿qué sucede con la población que no pertenece a la clase media?, ¿qué ocurre con los pobres? No forman parte de las políticas de vivienda en el Perú. A pesar del predominio de la vivienda autoconstruida en el Perú, el Estado únicamente promueve programas para adquisición o mejoramiento estructural de viviendas, es decir, parte del sueño de la casa propia, pero no brinda opciones de acceso a la vivienda como, por ejemplo, el alquiler.

Entendido el problema del acceso a la vivienda, por las exigencias financieras, abordemos el otro problema asociado: la precariedad laboral. Esta hace referencia a las condiciones laborales de inestabilidad, carencia de protección e inseguridad (Gamero 2011). En el Perú, la situación laboral, antes de la pandemia, se encontraba caracterizada por la predominancia del empleo inestable, según Jaramillo y Ñopo (2020) de “los 17 millones de trabajadores del país, cerca 3 millones (…) cuentan con un contrato de trabajo por tiempo indefinido” (p. 22), en tanto existía un alto grado de autoempleo informal.

Por información del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2019), para el año 2018, los sectores con mayor concentración de trabajadores fueron: agricultura (24%), comercio (19%), otros servicios (9%), manufactura (8%) y hoteles y restaurantes (7%). Asimismo, estos sectores concentran el mayor porcentaje de pobres monetarios (INEI 2020). Además, desde el 2013 se ha incrementado el empleo vulnerable, pasando de 45.9% a 47.3%; dentro de este grupo el 52.8% son mujeres. Después de la pandemia, según Cruz-Saco (2020) el índice de desempleo subió de 6.6% (marzo 2019) a 25.6% (agosto 2020). Aunado a estos datos, se ha podido constatar el incremento (80%) de personas que se refugiaron en el sector informal (Cruz-Saco 2020). En este contexto las mujeres se han visto más afectadas, pues han tenido que compartirse entre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado.

¿Cuántos de estos trabajadores están insertos en el sistema financiero? Según los resultados del INEI (2019), solo el 43.2% de los trabajadores de más de 18 años tiene acceso o hace uso de algún servicio financiero. Entre la población económicamente activa (PEA) en condición de pobreza, sólo el 22.8% usa algún servicio financiero. En tanto, quienes trabajan en condición de informalidad, solo el 26% hace uso de algún servicio del sistema financiero (INEI 2019). En resumen, solo la cuarta parte de los trabajadores vulnerables tendrían alguna oportunidad de acceder a los programas de vivienda del Estado, y el resto tiene que buscar modos de proveerse de alguna vivienda, ya sea autoconstruida en algún terreno periférico, sin servicios y expuesto a riesgos; construyendo más pisos en casas de familiares, sin consideraciones estructurales adecuadas, o alquilando en condiciones mínimas de habitabilidad, acorde al poco presupuesto familiar.

Ofrecer viviendas a precios desvinculados de la realidad de los salarios de los trabajadores genera sobreendeudamiento y morosidad. En ese sentido, al tener cuotas con altas tasas que pagar, los trabajadores están expuestos a la explotación a cambio de no perder sus empleos, al subempleo e, incluso, muchos de ellos temen pertenecer a los sindicatos por posibles represalias del empleador. Por lo tanto, la vivienda, al ser considerada únicamente activo por el sistema financiero, impacta directamente en el derecho del ser humano a esta, en diversos ámbitos pero, sobre todo, en el laboral.

Por lo expuesto, queda claro que el problema del acceso a una vivienda para los sectores vulnerables no puede ser resuelto por el libre mercado, ni por los programas estatales bancarizados, sino políticas públicas multidimensionales que sumen la seguridad laboral a la regulación del suelo por parte del Estado. Asimismo, es necesario pensar la política de vivienda desde una óptica del empleo peruano, para poder plantear programas más acordes a la realidad de los y las trabajadoras. Finalmente, es necesario incluir el derecho a la vivienda en la constitución para garantizar su acceso a las familias pobres y vulnerables (ancianos, mujeres, campesinos e indígenas).

Una colaboración de URBES LAB.

Referencias bibliográficas

Cruz-Saco, M. (2020, 18 de noviembre). ¿Cómo la incertidumbre política retrasa el empleo? [gráfica]. Facebook. https://www.facebook.com/upacifico/photos/pcb.10158998993208698/10158999360603698/

Gamero, J. (2011). De la Noción de Empleo Precario al Concepto de Trabajo Decente. Derecho & Sociedad. (37). 117-125.

Instituto Nacional de Estadística e informática-INEI (2019). Perú: evolución de los indicadores de empleo e ingreso por departamento (2017-2018). Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1678/libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e informática-INEI (2020). Evolución de la pobreza monetaria (2008-2019). Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_pobreza2019.pdf

Jaramillo, M. y Ñopo, H. (2020). COVID-19 y shock externo: impactos económicos y opciones de política en el Perú (Documento de investigación, 107). Recuperado de: http://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/GRADEdi107-1.pdf

(1) INEI (2019). “Uno de los tipos de empleo que se caracterizan por su precariedad es el llamado empleo vulnerable, éste engloba a los trabajadores familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos como porcentaje del empleo total, éstos se asocian a un alto nivel de precariedad por su dificultad para acceder a los sistemas de protección social.” (p.56)