Proyecto Tudela: ‘Desperuanizando’ al cine

El proyecto de ley presentado el pasado 13 de setiembre por la congresista Adriana Tudela es un adelanto de una sentencia de muerte para el cine peruano. Se trata de una ley que aplastaría a otra, a pesar de que entre ellas no hay vínculo alguno. Es un gesto de imposición, que busca desaparecer al cine peruano, a todo, no solamente al cine en lenguas originarias o hecho en regiones, a cambio de dar carta abierta a producciones de cineastas extranjeros. Es un proyecto que “desperuaniza” al cine.

Si bien es una norma perfectible, el Decreto de Urgencia, aprobado en el gobierno de Vizcarra en diciembre de 2019, recupera no solo el diálogo de varios años entre miembros de diversos sectores de la comunidad involucrada, sino que propone una vía para la promoción del cine y audiovisual “con el fin de contribuir a su desarrollo integral, sostenido e inclusivo”. Mientras que el proyecto Tudela ya no fomenta el cine sino algo nuevo: amenaza con “fomentar la inversión para el desarrollo de producciones cinematográficas y audiovisuales en territorio nacional, así como impulsar la promoción del uso de locaciones del territorio nacional para la producción de obras audiovisuales”. ¿Por qué es una amenaza? Porque afecta lo que sostiene al decreto de urgencia, las 6000 UIT que hacen que exista el concurso anual de estímulos al cine, así como incentivos a otras expresiones culturales, como concursos para el libro, música, artes visuales y artes escénicas.

El decreto permite el desarrollo de la producción cinematográfica local, sobre todo aquella independiente, de casas productoras pequeñas y jóvenes, mientras que en el proyecto Tudela esta figura desaparece y se apuesta por brindar esas 6,000 UIT como inversión a extranjeros que vengan a grabar a Perú. Al ser normas distintas, deberían tener sus propios fondos asegurados de manera independiente. Y en este sentido, el Ministerio de Economía ha debido dar su opinión sobre la viabilidad de la propuesta de Tudela, pero esta no debería ser quitar a una estrategia que viene funcionando, con sus ventajas y desventajas, sino crear una partida diferente. Se quiere aprobar una nueva ley sin su propio presupuesto y a cambio de eso, se decreta la muerte de otra que sí lo tiene.

El decreto y el proyecto de ley tienen dos marcos diametralmente opuestos, ya que el primero se centra en el cine peruano como expresión cultural y artística, mientras que el otro, propone un plan de inversión y de promoción de locaciones en diversos lugares turísticos. Es decir, si una producción extranjera quisiera postular a los estímulos del Ministerio de Cultura, podría hacerlo en alianza con alguna productora local. Si la dirige un cineasta extranjero, y la hace de la mano de un equipo también extranjero, no habría limitación. Por ello, es una falacia colocarlas como si una fuera una continuidad, una corrección o un replanteamiento, ya que lo que el proyecto Tudela busca es desmantelar todo lo logrado y que aún es modesto (comparado con países de la región como Colombia y Chile). Y en este sentido, el proyecto Tudela no es una ley de cine, es una ley que promueve un tipo de comercio. Es una ley que pretende crear una Film Commission, entidad que existe en muchos países para promover grabaciones en sus territorios con diversos tipos de facilidades, y que no son dirigidas por ministerios de cultura. El Perú como set publicitario. Y sabemos, que ya aprobada será muy difícil que surjan obras peruanas desde la independencia de creación y la libertad de expresión, ya que esta entidad sería la única encargada de otorgar los permisos para las grabaciones en todo el territorio nacional.

Por otro lado, el proyecto de Tudela se nutre de dos tipos de demandas de la ultraderecha: La primera, -que viene de casas publicitarias que de vez en cuando hacen cine de entretenimiento o que sirven de rentals (alquileres de equipos y servicios) y que han visto al cine peruano independiente como un cine innecesario que no impulsa desarrollo- demanda convertir al país en un decorado para lograr réditos económicos instantáneos, donde los requisitos para grabar aquí se vuelven nada, a cambio de más bodrios tipo Transformers: el despertar de las bestias. Y la segunda, los pedidos del sector más extremo de la ultraderecha para castigar y desaparecer a un supuesto cine “progre”, “terruco”, “caviar”, y que se alinean claramente con los neofascismos latinoamericanos anti-estado, como el del candidato Javier Milei en Argentina, o el que lidera el modelo y productor mexicano Eduardo Verástegui, con quien Tudela se encontró en su paso por Lima.

La ultraderecha suele ver al cine subvencionado por los estados como un cine crítico contra el sistema que desea preservar, el del libre mercado. Ven como un gasto improductivo, como un desperdicio de plata o una nadería al cine que revela las diversidades, la complejidad de las miradas y, sobre todo, la representación y construcción de los “nadie”, al menos en el cine peruano, donde más allá de las posturas ideológicas de los cineastas, ha dado lugar a historias y lenguas originarias nunca antes plasmadas en una pantalla grande. Se quiere un cine casi publicitario, que atraiga turismo, que dé más trabajo, lo que es una visión válida, pero que requiere sus propios fondos y mecanismos. Si quieren crear una Film Commission a su antojo, háganlo, pero con sus propias partidas y sin dañar la normativa vigente. Por ello, un proyecto ignorante de la normatividad y de la realidad del cine peruano, que busca anular los estímulos, solo puede concebirse donde el Estado es visto como artefacto modelable al gusto del político de turno, como farsa desmontable, y claro, desde Tudela, una persona de la ultraderecha más rancia y que en medios ha hecho evidencia de su desconocimiento de las políticas sobre cine en Perú y de todo el mundo, donde incluso EEUU, la meca de Hollywood, tiene subvenciones estatales y federales a lo largo de todo su territorio.

La defensa de la independencia y la existencia del cine peruano como tal, en toda su diversidad y particularidades, debe ser una cuestión de Estado. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, entidad que propuso el decreto de urgencia que rige al cine actual, apenas ha enviado un documento técnico hecho con ánimo burocrático diciendo únicamente que no es viable. Una actitud vergonzosa cuando deben garantizar el cumplimiento político de la ley y no su atropello. El fascismo es alérgico al cine creativo y adepto a la propaganda. Con la aprobación de la ley Tudela muere el cine peruano y nacerá la institucionalidad del cine de la marca Perú, de paisajes y product placement al gusto del mejor postor.