“Puno no es el Perú”: Dina Boluarte exacerba la discriminación en el país

Las declaraciones de Dina Boluarte ofrecidas ayer martes 24 de enero a la prensa internacional, centrando como mensaje principal el llamado a una “tregua nacional” y el “entablar mesas de diálogo”, son estériles y disímiles con los hechos que vienen marcando la agenda de su gobierno en el manejo del estallido social que tiene sumido al Perú en una de sus más grandes crisis, desde diciembre pasado. Ayer mismo, mientras ella le hablaba a la prensa extranjera, un fuerte contingente del ejército peruano empezó a desplazarse hacia la región Puno. La medida no fue mencionada para nada en la conferencia de prensa; los periodistas extranjeros, empezaron a enterarse de esta disposición, gracias a los medios de comunicación del sur peruano, los cuales empezaron a difundir imágenes del avance de las tropas y vehículos militares por los cerros del distrito de Pichacani - Laraqueri en Puno.

Boluarte, llegó a su punto más álgido, cuando manifestó temerariamente que “Puno no es el Perú”, lo cual terminó exacerbando los ánimos de los manifestantes llegados a Lima, que el día de ayer vivieron la jornada más violenta de las protestas en la capital, en lo que va del 2023.

El gobierno de Boluarte, ha demostrado con estas declaraciones, no ser el actor por la paz que tanto se requiere en estos momentos de convulsión social, y con ello ha vuelto a poner en el tapete un mal que nos aqueja como nación y cuya clase política, desacreditada por la corrupción, no ha podido ni ha querido solucionar.

En estos 201 años de vida republicana no se logra entender al Perú como un país multicultural con una riqueza ancestral étnica. El flagelo del racismo y la discriminación es parte medular de este conflicto y si no se entiende con la celeridad y la capacidad analítica que amerita esta crisis, la solución no aparecerá en el horizonte inmediato.

Un ejemplo muy claro de esa discriminación se vive en la prensa peruana. Cuando los periodistas del oligopolio mediático, son agredidos - desde luego sin ninguna justificación - automáticamente vemos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) y al Consejo de la Prensa Peruana (CPP) haciendo imperativos pronunciamientos de rechazo; pero cuando los periodistas de medios regionales llegados a Lima de Puno, con el mismo ejercicio y objetivo de informar, son humillados o detenidos arbitrariamente, como lo sucedido el sábado pasado en San Marcos, no existe ninguna postura de solidaridad con el mismo grado enérgico de repudio ante el abuso, ni siquiera por parte del Colegio de Periodistas del Perú.

En este punto de la crisis, con 60 fallecidos producto de la fuerte represión en las protestas, 85 puntos bloqueados en nueve regiones, una desproporcionada intervención en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dio la vuelta al mundo como nota desfavorable en la imagen de este Gobierno, por el arbitrario procedimiento - sin presencia de fiscales, sin orden judicial y con el impedimento de abogados defensores - en el que fueron detenidas 193 personas, entre las que estaban 3 periodistas regionales de Puno, que cumplían con su labor informativa, mientras una agente de la Policía Nacional del Perú, gritaba y humillaba a una mujer quechuahablante, dejan clara muestra de que Boluarte, sigue optando por una dura política de represión en la que se niega a escuchar y entender los reclamos que surgen en las protestas.

Lo dicho ayer, por la primera mandataria mujer del Perú, es un agravio que trae a colación las discriminadoras palabras con las que el suicidado ex presidente del Perú, Alan García Pérez - acusado de colusión y lavado de dinero en el caso Lava Jato -, calificó a los pobladores de Bagua durante sus protestas en el 2009: “Ciudadanos de segunda clase”.