Puno ocupa el cuarto lugar en conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo

De acuerdo al último reporte publicado por la Defensoría del Pueblo, la región de Puno concentra 15 conflictos sociales y se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. Actualmente Loreto ocupa el primer lugar con 23 conflictos sociales, le siguen; Cusco (22) y Ancash (17).

Según Jacinto Ticona Huaman, jefe de la Oficina Defensorial de Puno, de los 15 conflictos; 11 se mantienen activos y 4 se encuentran en estado latentes. “De los 15; 10 son conflictos socio ambientales, 5 son por diversos motivos, vale decir, territoriales, judiciales o causadas por el gobierno local o regional”, señaló el funcionario.

Ticona Huaman también refirió que uno de los conflictos socio ambientales activos y que podría agravarse a causa de la pandemia es el de la Cuenca Llallimayo (provincia de Melgar), a ello se le sumarian las protestas por la contaminación del rio Coata (provincia de Puno).

El titular de la Oficina Defensorial de Puno, explica que a causa de la cuarentena se suspendieron las reuniones que se iban a efectuar entre la comisión de alto nivel y los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca Llallimayo. “Están pidiendo la llegada de la comisión para tratar el resarcimiento de los daños causados por la minería. Podría agravarse si no se atienden los reclamos”, advirtió.

A las palabras de Jacinto Ticona, se le suman las advertencias que los pobladores de la Cuenca Llallimayo manifiestan. “Si no solucionan la contaminación del río Llallimayo, se pondrá en riesgo las elecciones generales en la provincia de Melgar”.

Dos conflictos más activos que nunca

Desde hace un tiempo, los pobladores de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri vienen realizando diversas marchas de protesta en contra de la mina Aruntani. Ellos también exigen el resarcimiento de los daños causados por la contaminación minera.

La situación de los pobladores del distrito de Acora, no es tan diferente a la de los pobladores de Melgar. Hace poco, el presidente del Comité de Defensa de la Cuenca Coata, denunció que los pobladores de la zona seguían consumiendo agua con arsénico, motivo por el cual pedían un proyecto de remediación y la ampliación del estado de emergencia.