Opinión

¿Qué hacer frente al enorme daño de la corrupción?

Por Carlos Reyna

Sociólogo

¿Qué hacer frente al enorme daño de la corrupción?Noticias SER

En su ya clásico libro sobre el tema, el historiador Alfonso Quiroz estimó que durante los gobiernos de Alberto Fujimori, la corrupción le costó al Perú unos 2 mil 38 millones de dólares por año en promedio. Por tanto, en toda esa década, la corrupción nos costó una pérdida de 20 mil 380 millones de dólares.

El daño en pérdida de dinero

En 2019, Ideele Reporteros, en alianza con otras organizaciones periodísticas internacionales, publicó un reportaje sobre los contratos entre las empresas implicadas en el caso Lavajato y el Estado peruano entre 2001 y 2016, y el monto de los sobrecostos pagados a dichas empresas.

Fueron 48 contratos. Sólo revisaron 40 de ellos, pero llegaron a concluir que la pérdida para el país fue de 3 mil 509 millones de dólares. Abarcó los años de gobierno de Toledo, García y Humala. Haciendo una proyección muy simple, sobre los otros 8 contratos, la pérdida hubiera sido de un 20% más. En total unos 4 mil 211 millones de dólares en 15 años.

Pese a la cifra asociada a la corrupción Lava Jato, y de la cantidad de proyectos en que se produjo, la pérdida en dinero achacable a la corrupción de la década fujimorista es notablemente mayor. Pero para comparar los impactos corrosivos de ambos procesos hay que considerar el radio de alcance de sus operaciones.

La amplitud del daño

El objetivo principal de la corrupción Lavajato de parte de Odebrecht era potenciar sus ganancias por vías turbias. Para ello debía cooptar operadores y aliados en las esferas empresariales locales, en las partidarias, en las administrativas del Estado, y en los estudios de abogados. Pero esta cooptación debía ser selectiva, y oculta pues era un tipo de corrupción reticente a la luz.

En cambio, la corrupción fujimorista, además de ganar dinero sucio, también tenía que ganar elecciones de manera continua. Era, o es, una mafia con fachada política y vocación de permanencia. Y para ello debían colectar aliados y operadores en un ámbito adicional al de Lava Jato. Por ejemplo, en los medios de comunicación, entre los mandos militares y policiales, organismos electorales, y otros. Y debía enrolarlos en un buen número y de manera visible. Para persuadir al electorado, tenían que exhibir su fuerza y capacidad de control del país. Por eso, el alcance de la corrupción fujimorista ha sido bastante mayor que la de Lavajato, y, por otro lado, extendió cierta cultura de la corrupción que ya existía de antes.

De modo que, en ese match de mega corruptos, el que más daño nos ha causado es el Godzilla de origen japonés, pero no se debe subestimar al King Kong que nos vino desde Brasil. En general no se debe subestimar el enorme daño que hace al Perú la corrupcion. Alfonso Quiroz sostuvo que, desde 1821, hemos perdido, cada año, el equivalente a la mitad de nuestra posibilidad de crecimiento y desarrollo.

Una corrupción sistémica

Quiroz afirma que en toda la república la corrupción ha sido sistémica. Alude a dos razones: ha sido congénita a la República pues en gran medida la heredamos de la Colonia y ha sido permanente y de alto grado. Pero también se puede decir que con la corrupción fujimorista y la de Lavajato, ese carácter sistémico pasó a una fase superior. Hubo una articulación más completa de actores empresariales, estatales y políticos al mecanismo de la gran corrupción y tuvieron un núcleo que los lideró. En el caso de los 90s, fue el gobierno fujimorista, un actor público que enmascaraba a un mafia. En Lavajato, un actor privado, la empresa Odebrecht, que lideraba al cartel Lava Jato.

Anticorrupción Sistémica

Para combatir esto, la anticorrupción también debe ser sistémica. Sus reformas tendrían que abarcar prácticamente todo el marco institucional que tiene el país, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y desarrollarse durante no poco tiempo. Hacerlo de modo parcial y breve, señala Quiroz, solo nos ha sumergido otra vez en el fango. Los estudios sobre estos casos de megacorrupción tienden a coincidir en que se debe impedir la concentración exagerada del poder, la escasez de transparencia y la impunidad de los responsables.

Reducir desigualdad

Lo primero que debe fortalecerse es la legislación en contra del establecimiento de monopolios u oligopolios en todos los sectores de la economía, salvo situaciones excepcionales justificadas con objetividad y racionalidad.
A la vez debe garantizarse la efectividad y cumplimiento de los derechos laborales y las políticas de reducción de la pobreza priorizando el acceso a los recursos necesarios para una vida digna para todos (y no son solo bonos de emergencia). Que el 1 % de los peruanos concentre el 24 % de la riqueza, supone una asimetría de poder exagerada y expone a abusos de ese poder para tomar ventajas o privilegios indebidos, afines a la corrupción.

Cambios en el Congreso

En el Legislativo, hacen falta normas que impidan los conflictos de interés en el trabajo de los congresistas, por ejemplo en la participación en las comisiones. También aquellas que empoderen más a los ciudadanos frente a sus representantes. Por ejemplo, reducir el ámbito de elección de los congresistas en las regiones más grandes, y partirlas en dos o tres circunscripciones, o acortar la duración de su mandato pueden ser dos cambios para eso.

Igualmente, que el acceso al Congreso deje de ser exclusivo de los partidos nacionales, pues es un incentivo para que estos prioricen, en exceso, su meta de llegar al Congreso y tengan un poder desproporcionado en relación a su legitimidad. Al menos, las organizaciones políticas regionales deberían poder competir por el Congreso.

Reformas en el Poder Judicial

En el Poder Judicial aún existe una gran cantidad de jueces no titulares, incluso en la Corte Suprema. La no titularidad implica la precariedad de la permanencia y debilita la autonomía del juez. Faltan medidas para reducirla a cero en cierto plazo. Otro problema es la escasa predictibilidad de los fallos judiciales. La jurisprudencia tiene un peso débil sobre las sentencias y tendría que ser fortalecida.

Los miembros de la Corte Suprema, incluso su presidente, concentran responsabilidades como jueces propiamente dichos y como administradores en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema por, ejemplo, firma resoluciones sobre adquisiciones. Esto concentra poder innecesariamente y genera ineficiencias a la vez. El Presidente de la Corte Suprema debería estar solo en lo jurisdiccional.

Cambios en el Poder Ejecutivo

De otra parte, En el Poder Ejecutivo existe extremo centralismo en las decisiones sobre inversiones y sobre fiscalización de las mismas, especialmente para los proyectos más grandes y de mayor transcendencia. Esas decisiones se concentran en las altas direcciones de los ministerios y con muy poca o nula participación de los espacios regionales o locales.

Por otro lado, en la administración pública, existe mucho poder discrecional de los jefes, y el riesgo de que se use para doblegar el criterio de funcionarios honestos de menor jerarquía. Este riesgo crece cuando son trabajadores CAS, sin estabilidad laboral, que deben decidir bajo presión sobre adjudicar un contrato. Y puede atenuarse con la ley de carrera pública, largo tiempo esperada, que minimice el despido arbitrario.

En ese mismo ámbito tendrían que darse medidas para atenuar el riesgo de conflictos de interés como el de las puertas giratorias y hacer más frecuentes las declaraciones de intereses y las declaraciones de rentas para los funcionarios que integran los comités de licitaciones.

Igualmente, se necesita legislar de mejor manera sobre las modificaciones de contratos, con criterios precisos sobre los casos en que es pertinente modificar un contrato, para prevenir el abuso de addendas que encarecen los costos de las obras o servicios.

Del mismo modo, una legislación para prevenir y sancionar de mejor manera la concertación entre eventuales postores, para elevar precios de referencia o repartos de licitaciones, que es frecuente pero poco denunciada.

Hay más cambios anticorrupción, que tendrían que hacerse en la Policía Nacional o en las Fuerzas Armadas, pero los mostrados son solo una muestra de que no son pocas ni de poca importancia.